Desde varios planteamientos doctrinales y distintas tradiciones críticas de izquierda, existen autores que sostienen que una democracia sometida a lógicas capitalistas ofrece poco espacio para la justicia social y la equidad distributiva. A continuación un resumen de estas ideas.
Marxismo: Karl Marx y Friedrich Engels. La crítica marxista sostiene que el capitalismo genera desigualdad estructural al basarse en la propiedad privada de los medios de producción y la extracción de plusvalía, lo que produce relaciones de poder económico que limitan la posibilidad de una distribución justa dentro de la democracia formal. La teoría marxista analiza cómo la lógica del capital determina instituciones y políticas y tiende a reproducir la dominación de la clase burguesa.
Teorías de la dependencia y del sistema-mundo: Autores como André Gunder Frank e Immanuel Wallerstein, argumentan que el capitalismo global reproduce jerarquías entre centros y periferias; la inserción subordinada de algunos países en el sistema capitalista internacional impide políticas distributivas autónomas y mantiene la explotación y la desigualdad a escala transnacional.
Teoría crítica (Escuela de Frankfurt): Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Los pensadores de la teoría crítica ampliaron la crítica marxista al analizar los efectos culturales, ideológicos e institucionales del capitalismo avanzado: cómo la cultura de masas, la racionalidad instrumental y las estructuras de poder limitan la emancipación y la posibilidad de reformas redistributivas efectivas en sociedades formales y democráticas.
Crítica de la “sociedad de mercado”: Karl Polanyi. Polanyi mostró que la mercantilización extensiva (del trabajo, la tierra y el dinero) socava los tejidos sociales y produce graves tensiones que las instituciones democráticas liberales no resuelven por sí solas; su diagnóstico enfatiza que los mercados desregulados generan exclusión y que la protección social requiere contramovimientos políticos fuertes.
Críticas contemporáneas al neoliberalismo: David Harvey y otros. Los críticos del neoliberalismo académico y político, como Harvey y varios autores de la literatura crítica contemporánea, describen cómo las políticas neoliberales (desregulación, privatizaciones, debilitamiento del Estado de bienestar) reconfiguran democracias para servir a intereses económicos, reduciendo los márgenes institucionales y políticos para la redistribución y la justicia social. Complementan estas tradiciones múltiples estudios y autores contemporáneos que documentan la captura política por parte de élites económicas, la erosión de la democracia sustantiva y los límites que imponen la globalización financiera y la concentración de poder sobre la capacidad de diseñar políticas redistributivas ambiciosas.
A pesar de las anteriores críticas, ¿Existe espacio para que la justicia social y la equidad distributiva sea posible en una democracia? La respuesta positiva la brindan muchos países nórdicos, en los cuales el Estado del bienestar convive con una clara orientación hacia el mercado. Todo esto se examina a continuación.
Es innegable que en el sistema económica capitalista occidental, existe tensión entre el sistema económico (cómo se producen y distribuyen los bienes) y el sistema político (cómo se toman las decisiones públicas). Qué se entiende por “democracia capitalista” y por qué la misma suele dejar poco espacio a la justicia social y la redistribución; y adicionalmente, por qué una democracia liberal, en su versión favorable a derechos, legitimidad y políticas públicas redistributivas, puede mantener ese tipo de actividades inclusivas.
El Capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, mercados y búsqueda de lucro; tiende a generar diferencias de ingreso y riqueza por vía de la propiedad, rentas y ganancias empresariales. La Democracia Liberal es una forma de gobierno que combina elecciones competitivas con un núcleo de derechos civiles, separación de poderes y legitimidad del Estado; la alternativa liberal también integra normas sobre justicia, igualdad de oportunidades y límites al poder. Justicia Social y Equidad Distributiva son las preocupaciones sobre la distribución “justa” de bienes y oportunidades dentro de la sociedad; incluyen políticas redistributivas como impuestos, transferencias y servicios públicos, además de principios normativos sobre lo que es justo.
Cuando hablamos de democracia capitalista nos referimos a una democracia cuyos marcos institucionales y políticos están fuertemente permeados por intereses y lógicas del mercado. El funcionamiento del mercado y la propiedad privada tienden a concentrar capital y renta —beneficios empresariales, ingresos financieros y herencias— lo que crea una desigualdad de base que difícilmente se corrige sin políticas públicas decididas y perseverantes. Altos niveles de riqueza facilitan además la influencia política a través de lobby, financiamiento de campañas y control mediático, lo que distorsiona las decisiones públicas para favorecer intereses privados y reduce la voluntad o capacidad de aplicar medidas redistributivas. A esto se suma una legitimación ideológica del mercado: marcos culturales que enfatizan la meritocracia y la responsabilidad individual hacen que buena parte de la población vea la desigualdad como legítima o inevitable, y por tanto disminuye el apoyo público a impuestos y transferencias gubernamentales.
En economías abiertas, la globalización y la movilidad del capital limitan las políticas fiscales y regulatorias más agresivas, porque los gobiernos temen la fuga de inversión y el aumento del desempleo, lo cual acota el margen para redistribuir ingresos. Finalmente, el diseño institucional que protege derechos de propiedad y reglas de mercado puede crear grandes fricciones para reordenar la distribución sin reformas institucionales profundas.
La democracia liberal, en su variante flexible que incorpora principios de justicia social, ofrece una base normativa e institucional distinta que facilita la redistribución. Si el marco normativo prioriza derechos y legitimidad, la redistribución puede justificarse como parte de la protección de la igualdad de oportunidades y del bienestar de los más vulnerables. Instituciones diseñadas para la representación efectiva y el control del poder económico —transparencia, regulación del financiamiento político, sociedad civil activa, sindicatos fuertes y partidos de masa— reducen la captura por parte de élites y permiten que prosperen políticas redistributivas sostenibles.
Existen modelos de “capitalismo regulado” y estados de bienestar que combinan mercados con impuestos progresivos, transferencias y servicios públicos eficientes, logrando mayores niveles de igualdad y cohesión social sin abolir la propiedad privada. Además, cuando la narrativa pública incorpora responsabilidad colectiva y derechos sociales, crece el apoyo ciudadano a la justicia social; la acción de actores organizados como movimientos sociales, sociedad civil activa y movimientos populares beligerantes contribuye a construir y sostener ese consenso.
En resumen, no existe una ley inmutable contra el capitalismo: el mismo no condena automáticamente a la injusticia e inequidad, ni la democracia liberal garantiza por sí sola altos niveles de justicia social y equidad distributiva. Lo determinante son las instituciones, las reglas del juego, las coaliciones políticas y las ideas públicas. En una democracia capitalista sin límites a la influencia económica y sin mecanismos redistributivos robustos, la lógica del mercado tenderá a reducir el espacio para la equidad. En cambio, en una democracia liberal que incorpora normas de justicia, controles contra la captura institucional y políticas fiscales y redistributivas bien diseñadas, puede lograr en muchos países, mantener niveles altos de justicia social y redistributiva.
La agenda central para quienes buscan mayor justicia distributiva en democracias de mercado es de tipo institucional: transformar reglas, fortalecer contrapesos y construir coaliciones políticas y culturales que hagan políticamente viable y técnicamente efectivo un modelo de mercado compatible con altos estándares de equidad y bienestar.
De lo anterior se colige, que la generalidad de los problemas de países con bajos ingresos, no son una responsabilidad exclusiva del capitalismo, sino más bien, de una institucionalidad democrática débil y de políticas económicas y sociales equivocadas, donde el desarrollo sostenible e inclusivo no puede prosperar, porque las instituciones están capturadas y sin la posibilidad de desarrollar una buena gestión, siendo bastante usual que se olviden del bien común y de la prosperidad compartida.
