Tegucigalpa – El procurador general de la República, Abraham Alvarenga, reveló que las demandas contra el Estado, ya suman más de dos mil 500.
 

Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), se encuentra haciendo una intensa labor contestando, presentando acciones, pruebas y recursos para tratar de enfrentar esas demandas, lo que se ha convertido en una actividad cotidiana en esa dependencia del Estado.

“Cuando existe conflicto de intereses, todos los días pueden generarse y eventualmente pueden venir las demandas y a nosotros nos corresponde presentar nuestros argumentos y defenderlos ante los órganos jurisdiccionales del Estado para poder evitar que vengan condenas posteriores, pero es algo que no lo podemos evitar por los conflictos interactivos con los particulares en todos los trámites con el Estado”, explicó.

El funcionario detalló que las instituciones del Estado que mayor número de demandas enfrentan figuran la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que ahora se llama Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad.

No obstante, Alvarenga aclaró que todas las secretarías y dependencias del Estado enfrentan demandas pendientes, pero la mayoría se concentran en esas tres dependencias principalmente por aspectos laborales e incumplimiento de contratos.

Aunque el funcionario considera como “normal” ese proceso de demandas, para el ex diputado y abogado Orle Solís, esa enorme cantidad de cuantiosas demandas contra el Estado deben parar ya que al final quien las paga es el pueblo, mientras los culpables andan libres.

Ejemplificó que todas las demandas interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han prosperado desafortunadamente y lo preocupante es que podrían calificar para que las mismas puedan pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Honduras siga siendo condenado como hasta ahora.

“Recordemos que de las últimas demandas que se han interpuesto contra el Estado de Honduras, en su mayoría, ha sido condenado, eso no puede continuar, eso es grave, es difícil y esperamos que las autoridades encargadas de la prevención, promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sean diligentes para atender esta situación porque no se puede continuar, quien paga es el pueblo y los que cometieron las irregularidades andan libres”, reiteró Solís.