Tegucigalpa – El Decreto Ejecutivo que contempla el estado de excepción debe ser objeto de aprobación en el Congreso Nacional e informado inmediatamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sugirió este miércoles el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Según el ente estatal, al restringirse ciertos derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le corresponde también al Estado hondureño, notificarlo ante el Secretario General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
El pasado 3 de diciembre fue publicado, en La Gaceta, el Decreto PCM 29-2022 en la que se suspenden algunas garantías constitucionales a partir del 6 de diciembre del 2022 a las 6:00 pm hasta las 6:00 pm del 6 de enero del 2023, con el propósito de “mantener la seguridad, el orden y la paz en la comunidad”.
En dicho Decreto, se identifican 89 barrios y colonias del Municipio del Distrito Central y 73 del Valle de Sula afectados por una crítica situación de inseguridad generada por el delito de extorsión, “en los cuales se ha registrado una perturbación grave de la paz”.
Según el Conadeh, el Decreto cumple con los elementos de legalidad y legitimidad, ya que la Constitución faculta a la Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, determinar el Estado de Excepción, como efectivamente se hizo y que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Ahora bien, para que el acto tenga plena vigencia le corresponde al Congreso Nacional conocer de dicho decreto dentro de un plazo de 30 días para que lo ratifique, modifique o impruebe según el artículo 187 de la Constitución de la República.
En ese sentido, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre exhortó al Poder Legislativo para que conozca de forma inmediata de ese Decreto y cumpla con el mandato que la Constitución le encomienda.
Una vez aprobado, por ese Poder del Estado, se deberá informar inmediatamente a el Secretario General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, estableciendo los motivos de la suspensión, los derechos suspendidos y la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.
Según, Luis Chinchilla, director de la Clínica de Litigio Estratégico del Conadeh, además de los criterios de legalidad y legitimidad, cada vez que se restringen algunos derechos deben seguirse criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad para evitar que la norma sea una carga arbitraria y desproporcionada en los ciudadanos.
Explicó que los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad deben ser analizados caso por caso en el accionar de los cuerpos de seguridad.
Ciudadanía consciente en combatir extorsión
El Conadeh considera que la ciudadanía está consciente de la necesidad de combatir la extorsión y el crimen organizado y que, como sociedad, se recupere la paz, que es el fin legítimo que se está persiguiendo.
En las últimas horas el Conadeh advirtió que el Decreto Ejecutivo que suspende algunos derechos, establecidos en la Constitución de la República, no es una “carta blanca” para que los cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar de forma arbitraria. Tampoco suspende las garantías constitucionales de habeas corpus y los derechos a la vida e integridad.
“El Conadeh velará por el respeto de los derechos humanos y analizara cada denuncia para determinar si se ha cumplido o incumplido el decreto”, dijo la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre.
Agregó que, la detención de personas tiene que ceñirse por criterios internacionales como los establecidos en las Reglas de Mandela y los principios interamericanos sobre personas privadas de libertad.
Según el Conadeh, aunque las medidas que se han adoptado son necesarias y no son, en principio, inconstitucionales, ni incompatibles con las garantías internacionales a las cuales se han obligado el Estado, estas deben se reforzadas con otro tipo de medidas sociales para garantizar su sostenibilidad.
Además de que un cuerpo de abogados de la Policía Nacional acompañaran y asesoraran el proceso, es necesario que se respete el mandato de instituciones como el Conadeh y Conaprev, garantizando y velando porque los derechos humanos de la ciudadanía se respeten en las colonias y barrio, en el Estado de excepción. JS
