Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La lucha contra la criminalidad común y organizada en Honduras, más que respuestas disuasivas con discursos bélicos, lo que necesita son respuestas con más capacidad institucional, donde prevalezca el análisis, la investigación y el seguimiento de la ruta del dinero, opinan expertos analistas regionales frente a las nuevas estrategias anunciadas en el país y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
– A contar del martes inicia un toque de queda focalizada en 60 puntos calientes del Distrito Central y San Pedro Sula, de acuerdo a la anunciado por el gobierno.
La inseguridad sigue recorriendo los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras, y las respuestas de los gobiernos han sido de políticas de súper mano dura, que momentáneamente dan la percepción de funcionamiento, pero que, al extenderse en el tiempo, afloran las violaciones a derechos humanos y los excesos de abuso de autoridad por parte de los responsables de ejecutarlas.
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En tal sentido, los expertos proponen que este tipo de acciones deben ir acompañadas de mayor capacidad institucional y no solo de una respuesta disuasiva, pues las guerras contra cualquier tipo de criminalidad lo que han generado es más violencia, además de impulsar un fenómeno silencioso que afecta el tejido social y familiar como es el desplazamiento forzado.
“Cuando se declara la guerra del gobierno contra el crimen, el efecto es el opuesto, y es necesario, desde los gobiernos, trabajar mucho con la sociedad civil y con todos los actores involucrados”, comentó el experto colombiano, Jorge Mantilla, de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, en un foro promovido por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al abordar el fenómeno de la extorsión.
Mantilla es del criterio que para que las acciones de seguridad en el combate a la criminalidad tengan un efecto disuasivo, es importante para la respuesta estatal el tema de legitimidad, particularmente en poblaciones que son vulnerables. “Cualquier estrategia que plantee contener o disminuir el fenómeno extorsivo debe tener en cuenta tres elementos fundamentales: los problemas de control territorial, de legitimidad y los problemas de corrupción, y un cuarto elemento, estrategias de contención del crimen organizado, estrategias de seguimiento del crimen organizado”, acotó.
El impacto de la extorsión
En el caso de Honduras, el gobierno de la presidenta Castro lanzó un plan antiextorsión que busca disminuir el impacto que este delito está causando en la población, que, según una reciente investigación de la ASJ, indica que la extorsión tiene un impacto de un millón de personas y afecta a unas 200 mil familias de forma directa, provocando un fuerte deterioro en el tejido social y familiar.
De acuerdo con Carlos Hernández, director de la ASJ, el delito de la extorsión está generando un impacto económico en el país de al menos 18 mil millones de lempiras al año, y el mismo se ha extendido por casi todo el país, generando mayor inseguridad, repunte de la violencia y de la ola de homicidios.
El plan antiextorsión del gobierno de la presidenta Castro, requiere de un presupuesto adicional de más de mil millones de lempiras y contempla la declaratoria de estados de excepción con suspensión de garantías constitucionales en al menos unos 60 barrios y colonias de Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia del país.
La iniciativa del gobierno ha sido calificada por la gobernante hondureña como una “guerra” contra la criminalidad y en la estrategia presentada a la opinión pública, se apuesta al desarrollo de un sistema de investigación e inteligencia efectiva contra la extorsión, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y otros delitos de mayor connotación social.
Se propone también fomentar la sinergia interinstitucional entre entidades del sector público para mejor coordinación, y de acuerdo a la exfiscal guatemalteca, Ana Guzmán, la coordinación de equipos multidisciplinarios y la coordinación institucional en tiempo real puede generar resultados más efectivos.
A ello se suman reformas legales y el fomento de la denuncia ciudadana de forma anónima, así como una coordinación entre el sector seguridad y justicia, como parte de la estrategia de combate y desmontaje de la criminalidad, sostuvo la exfiscal, al relatar algunas experiencias exitosas obtenidas en su país.
Pero el experto de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional, Guillermo Vásquez, advirtió que el delito de la extorsión conlleva también otras violencias como la psicológica a través de las llamadas telefónicas; la patrimonial, la física y la letal.
La “guerra”, discurso fallido
En tal sentido, dijo que las respuestas ante este fenómeno son una mayor capacidad institucional y no solo una respuesta disuasiva, pues las guerras contra cualquier tipo de criminalidad solo han generado más violencia.
“Cuando se declara la guerra del gobierno contra el crimen, el efecto es el opuesto”, recalcó, tras indicar que se debe generar confianza institucional, apostar más a la investigación para dar con la ruta del dinero que genera la extorsión y golpear las estructuras financieras de las mafias criminales para empezar a desarticularlas.
En Honduras, los distintos gobiernos en sus estrategias de combate al crimen han hecho apuestas efímeras de contención, basándose más en aspectos discursivos. Así de ser hasta hace cuatro años un país que se decía “hostil” hacia los criminales y las mafias organizadas, ahora el discurso es de “guerra”, pero las estrategias siguen siendo las mismas: mano dura, saturación de operativos y detenciones, últimas que no siempre terminan siendo judicializadas.
La declaración de guerra contra el delito de la extorsión se produce en una coyuntura en la cual la inseguridad ha repuntado con los homicidios, muerte violenta de menores, violencia intrafamiliar y abusos contra menores. También cuando el sector privado se ha sentido amenazado e increpa al gobierno a dar soluciones al problema y salidas que generen certidumbre para el empleo y la inversión.
Las estrategias deben ser de largo alcance, recomiendan los expertos, al analizar qué políticas de mano dura como las que están aplicando en los países del Triángulo Norte centroamericano traen consigo también una mayor fragmentación del tejido social, que obliga a dejar de lado el abordaje represivo de la seguridad, por uno más integral e inteligente que potencie la institucionalidad y la capacidad investigativa del delito.
En Honduras, según las autoridades, el fenómeno de la extorsión ha mutado a estadios más sofisticados, destacando entre ellas la que se hace a través de las redes sociales, las rifas apuntadas, los préstamos gota a gota, entre otras. (PD)
