Estados Unidos ha sido descrito durante mucho tiempo como un refugio seguro para las personas que huyen de la guerra y de la persecución en otros países. La actual retirada de Estados Unidos de Afganistán es, de hecho, una prueba más de eso: las fuerzas armadas estadounidenses han evacuado a al menos 95.000 personas desde mediados de agosto. A pesar de esta notable operación de rescate aéreo, el Gobierno de Biden está siendo implacablemente cuestionado. La operación continúa pese al doble atentado suicida que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Kabul este jueves, que produjo la muerte de al menos 100 afganos y 13 soldados estadounidenses, y dejó al menos 140 personas heridas.
Al mismo tiempo que la retirada de Estados Unidos de Afganistán, está ocurriendo un éxodo similar de personas que intentan escapar de la amenaza de violencia, feminicidio y represión en otra región del mundo. Se trata de solicitantes de asilo que huyen de América Central y México haciendo el peligroso viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México, donde se encuentran con las draconianas políticas de inmigración estadounidenses que los obligan a “Permanecer en México” mientras tramitan su solicitud de asilo. Al igual que los civiles afganos que quedaron atrapados en el fuego cruzado de una guerra de 20 años de duración, estos migrantes viven en improvisados campamentos de refugiados en las ciudades fronterizas mexicanas —en condiciones precarias y en constante peligro— mientras esperan una oportunidad de asilo en Estados Unidos.
Si se ha desatado el caos mientras los afganos alineados con Estados Unidos luchan por huir de su nación devastada por la guerra, la culpa recae principalmente en el Gobierno anterior y en la mano derecha del expresidente Trump, el racista y xenófobo asesor presidencial Stephen Miller. El fervor de Miller contra los inmigrantes se inició tempranamente, al escuchar los discursos de Larry Elder, un presentador de radio de derecha que actualmente es el principal candidato para reemplazar al gobernador de California, Gavin Newsom, en una elección revocatoria.
Olivia Troye, que fue asistente del exvicepresidente Mike Pence, publicó hace poco en Twitter:
“Hubo reuniones de gabinete sobre este tema durante el Gobierno de Trump en las que Stephen Miller diseminaba su histeria racista sobre Irak y Afganistán. Miller y su grupo de seguidores dentro del gobierno obstaculizaban los esfuerzos de quienes intentaban acelerar la emisión de visas especiales de inmigración, socavando ese sistema del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado. Trump tuvo CUATRO años mientras ponían en marcha este plan, para evacuar a estos aliados afganos que nos salvaguardaron a muchos de los que pasamos un tiempo en Afganistán, [pero no lo hizo]. [Estas personas] llevan mucho tiempo esperando. El proceso [de emisión de visas] se ralentizó por la exigencia de revisiones y otras ‘prioridades’ y luego se detuvo por completo”.
Miller también diseñó el programa denominado “Protocolo de protección al migrante”, o MPP por sus siglas en inglés, más conocido como la política de “Permanecer en México”. La organización Human Rights First emitió recientemente un informe titulado “Enviados al Peligro” que documentó “al menos 1.544 casos reportados de asesinato, violación, tortura, secuestro y otras ataques violentos contra solicitantes de asilo y migrantes a los que el Gobierno de Trump obligaba a regresar a México”. El informe incluye un anexo de 97 páginas que enumera todos esos crímenes con detalles escalofriantes.
El día de su investidura presidencial, Biden emitió varias órdenes ejecutivas, incluida una que revocó la orden antiinmigrante que dictó Trump durante su primera semana en el cargo en 2017. Luego de la orden ejecutiva de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió al instante la inscripción de migrantes en el programa MPP. En respuesta, los estados de Texas y Misuri presentaron demandas contra el Gobierno de Biden. El 13 de agosto, el juez federal del Distrito Norte de Texas Matthew J. Kacsmaryk, designado por Trump, dictaminó que la Casa Blanca debe volver a implementar de inmediato la política de Permanecer en México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló el fallo y, en dos semanas, un panel del Tribunal de Apelaciones, conformado por tres jueces, confirmó la decisión del tribunal inferior. Dos de esos tres jueces del tribunal de apelaciones fueron designados por Trump: Andrew Oldham, que tenía solo 39 años cuando se confirmó su nombramiento vitalicio en 2018; y Cory Wilson, que actualmente tiene 51 años. Ambos jueces son acérrimos defensores de las ideas de derecha. La Corte Suprema rechazó rápidamente, por 6 votos a favor y 3 en contra, una solicitud de suspensión en espera de un litigio adicional.
Si bien el Gobierno de Biden lucha por revocar la política de Permanecer en México, enfrentándose a un poder judicial federal repleto de personas designadas por Trump, todavía hace uso del programa denominado “Título 42”. Esta política, implementada durante la presidencia de Trump, permite acelerar las deportaciones de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, así como establecer otras prohibiciones de inmigración, por razones de salud pública. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Gobierno de Trump emitieron esta disposición prevista en el Título 42 en marzo de 2020 cuando la pandemia se extendió por todo el mundo y Biden renovó esta política el 2 de agosto de este año.
El Gobierno de Estados Unidos informó un récord de 210.000 detenciones de migrantes a lo largo de su frontera sur en julio. Muchas de estas personas provienen de El Salvador, Honduras y Guatemala —países que integran la región conocida como el “Triángulo Norte”—, en donde la desigualdad generalizada, la corrupción sistémica, la inseguridad alimentaria, la violencia de las pandillas y ahora la crisis climática están obligando a la gente a abandonar sus hogares. Todos estos problemas se han exacerbado por las intervenciones militares, económicas y políticas que Estados Unidos ha llevado a cabo durante años en la región.
Estados Unidos se ha involucrado en las llamadas “guerras sucias” en América Central y ha apoyado golpes de Estado contra Gobiernos centroamericanos elegidos democráticamente; desde el derrocamiento del Gobierno del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 hasta el apoyo activo al golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009.
Del mismo modo, Estados Unidos proporcionó armas y respaldó a los muyahidines afganos durante su lucha contra la Unión Soviética. Más tarde, muchos de esos muyahidines apuntaron sus armas estadounidenses contra Estados Unidos. Esto condujo a la desastrosa e interminable guerra de Estados Unidos en Afganistán, que duró dos décadas y que dejó decenas de miles de muertos y millones de personas desplazadas.
Estados Unidos tiene la responsabilidad de proporcionar un puerto seguro para los refugiados, ya sean de Afganistán, de América Latina o de cualquier parte del mundo, y de poner fin a las intervenciones que alimentan estas crisis y obligan a tantas personas a dejar sus hogares.
