Tegucigalpa – Por unanimidad de votos, el Tribunal de Sentencia encontró penalmente responsables al exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya y a los ex viceministros de Salud, Javier Pastor y del Trabajo, Carlos Montes, en el caso de las coimas.
– Se mantiene prisión preventiva para los tres imputados y se señala audiencia de individualización de pena para lunes 3 de abril.
Mediante el fallo, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a los tres exfuncionarios por el delito de lavado de activos en concurso real con cohecho.
En la sentencia también se establece que se mantiene la prisión preventiva para los tres imputados y se señaló audiencia de individualización de pena para el próximo lunes 3 de abril.
En ese sentido, el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), logró la medianoche de este jueves una nueva sentencia condenatoria en el sonado caso del IHSS, en el expediente instruido por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio en contra del exdirector del Seguro Social, Mario Roberto Zelaya Rojas, el ex viceministro de Salud, Javier Rodolfo Pastor Vásquez y el ex viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Montes Rodríguez.
En esta causa, durante el desarrollo del debate del juicio oral y público se estableció que los imputados, recibieron por sí y a través de otras personas, cantidades de dinero superiores a los 51 millones de lempiras a cambio de agilizar pagos consecuencia de los contratos suscritos entre empresas privadas y el IHSS.
Esas operaciones financieras nacionales e internacionales que provocaron la incorporación de recursos de fuente ilícita al sistema bancario hondureño, comenzaron en 2011 a raíz que Mario Zelaya solicitó millonarias coimas a la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem) a cambio que Javier Pastor y Carlos Montes, ambos miembros de la comisión de verificación del contrato denominado “Contratación de Servicios Profesionales de Organización, Digitación, Automatización, Sistematización de Archivos y Bases de datos de Planillas y Tarjetas de Afiliación de la Cuenta Individual del IHSS”, que fue aprobado por un monto de 376 millones 318 mil 250 lempiras equivalentes a 19 millones 775 mil dólares, les agilizaran los trámites y no les pusieran ninguna objeción al momento de efectuar los pagos.
Lo anterior, derivó en una serie de transacciones atípicas que el Ministerio Público logró documentar, pese a que los imputados trataron de ocultar su origen ilícito, siendo beneficiado Mario Zelaya con dos millones 131 mil 924 dólares, a través de pagos a las empresas C&M Motors (28 mil 200 dólares) a compañía constituida en EEUU por Carlos Zelaya, Destinos de Éxito con 20 mil dólares para compra de pasajes, Inversiones Novaterra con 513 mil 40 dólares para compra de inmuebles; Inversiones y Desarrollo Ética 359 mil dólares para compra de inmuebles.
Mahony Title Land Service con un millón 80 mil dólares para compra de bienes en EEUU y REASA con cinco mil 684 dólares para compra de vehículo, así como pagos a Mario Zelaya Palencia con 21 mil dólares; Vanessa Velásquez Lanza con 70 mil dólares y Natalia Patricia Ciuffardi Castro con 35 mil dólares.
Por su lado, Javier Pastor recibió dadivas de 235 mil dólares de las cuales 85 mil fueron en transferencias directas a él mismo y 150 mil dólares a nombre de Mariscos Hybur un negocio propiedad de la familia de la esposa, mientras que Carlos Montes se favoreció de forma ilegal con 150 mil dólares que le fueron transferidos a través de un empresario residente en Estados Unidos de nombre Carlos E. García, cuñado del encausado.
En base a esos hechos, la UNAF obtuvo este fallo de culpabilidad por lavado de activos y cohecho pasivo impropio en un juicio oral y público que demuestra una vez más que el Ministerio Público ejerce la acción penal pública aplicando la ley a todos los hondureños por igual, sin importar su condición o posición de poder, argumentó la Fiscalía tras conocer el fallo.
La legislación hondureña castiga el delito de lavado de activos de 15 a 20 años de reclusión y el de cohecho pasivo impropio de uno a cuatro años de reclusión, penas sobre las cuales las partes harán sus solicitudes concretas en la audiencia de individualización de pena señalada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional para el próximo 3 de abril.
