En los últimos años, la solidaridad de la gente ha sido motor de cambio para muchas familias y comunidades. Miles de personas confían en que sus donaciones llegarán a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, detrás de esta confianza, existen fundaciones y proyectos que no actúan con transparencia ni honestidad. Bajo el discurso de “ayudar” se esconden prácticas cuestionables: fondos desviados, proyectos ficticios, sobrecostos y un aprovechamiento indebido de la buena fe de donantes y beneficiarios.
Este tipo de organizaciones no solo traicionan la confianza de la población, sino que también le roban oportunidades a quienes verdaderamente requieren apoyo. Cuando una donación no cumple su propósito, cuando un proyecto se anuncia y nunca se ejecuta, lo que se vulnera es la dignidad de las personas más necesitadas, aquellas que esperan una ayuda para vivir con un poco más de justicia.
El problema es profundo: existen estructuras que operan sin rendición de cuentas, sin auditorías serias y, en muchos casos, sin siquiera cumplir los requisitos mínimos de legalidad. Esto abre la puerta a la corrupción y al enriquecimiento ilícito bajo la apariencia de “causa social”.
A ello se suma la contratación de personal que no cuenta con la preparación ni la sensibilidad necesarias para atender a los beneficiarios. En lugar de brindar un trato digno y humano, en muchos casos lo que se recibe es indiferencia, malos tratos y hasta humillación. Este tipo de prácticas son inaceptables y deben ser también objeto de investigación y sanción. Una fundación que maltrata a la gente a la que dice ayudar está fallando doblemente: en la administración de los recursos y en el respeto básico a la persona.
Es urgente que el Ministerio Público actúe con firmeza e investigue estas prácticas. No se trata únicamente de señalar la falta de ética, sino de aplicar la ley con todo su peso. Quien maneja fondos públicos o privados con fines de ayuda social debe rendir cuentas con claridad y enfrentar consecuencias legales si incurre en irregularidades. La impunidad solo alimenta la desconfianza ciudadana.
La sociedad merece organizaciones responsables, transparentes y verdaderamente comprometidas con el bienestar común. Los donantes tienen derecho a saber en qué se invierte su dinero, y las comunidades necesitan confiar en que la ayuda llegará a sus manos. Las fundaciones y proyectos que engañan a la gente deben ser investigados, expuestos y sancionados. De lo contrario, se seguirá premiando la corrupción disfrazada de filantropía.
Hoy más que nunca debemos exigir transparencia, trato digno y resultados reales. Porque la ayuda que nunca llega no es caridad, es fraude. Y el fraude, venga de donde venga, debe enfrentarse con justicia.
La verdadera solidaridad no se esconde ni se lucra: se vive con honestidad, respeto, humildad y amor hacia los más vulnerables.
