Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, reveló este miércoles que están planteando ante el Congreso Nacional varias reformas a leyes vigentes en materia penal y procesal penal, específicamente a las penas actuales por delitos de criminalidad organizada.
– “Hay que ser rigurosos”, dijo para los que cometen delitos de lavado de activos y narcotráfico.
– El paquete de reformas no incluye los procesos de extradición, dijo el magistrado Argueta.
Dijo que en resumen lo que solicitan es la revisión de las penas contenidas en las nuevas legislaciones, específicamente para los delitos de extorsión, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.
El funcionario ahondó que “queremos fortalecer la parte administrativa en el tema de lavado de activos, pero también la parte judicial, no solo con la revisión de las penas que se contienen actualmente vigentes en el Código Penal que entró en vigor el 25 de junio de 2020, sino también en la revisión de contenidos de los tipos penales que tienen que ver con la aplicación en los tribunales de justicia en materia penal”.
Apuntó que no se justifica que se programen audiencias para un plazo de cuatro meses, “eso es inconcebible para nosotros y son los temas de queremos mejorar”.
El magistrado presidente de la CSJ, dijo que estarán enviando el paquete de reformas al Poder Legislativo a finales de noviembre, ya que previamente deben ser discutidas en el pleno del Poder Judicial.
En otro apartado, dijo que urgen la reducción de los plazos en un 50 %, que van desde los procesos civiles hasta los contenciosos administrativos. “En promedio una sentencia en primera instancia en materia civil se está dos años, queremos reducirla por lo menos a un año, al igual que en lo contencioso administrativa porque justicia tardía no es justicia, es decir que la respuesta a tiempo es de los principales objetivos en esta propuesta de reformas”, explicó.
Las reformas propuestas por la CSJ abarcan al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Lavado de Activos, Código Procesal Civil, Ley de Contratación del Estado y Ley de lo Contencioso Administrativo, entre otras normas jurídicas.
Sobre la mora judicial, detalló que en 2016 había 200 mil expedientes en ese poder del Estado, cifra que bajó a marzo de 2020 a 49 mil 800, sin embargo la pandemia afectó esta curva descendente, por lo que se prevé retomar el Plan de Erradicación de la Mora Judicial.
Descartó que entre las reformas propuestas haya algo relacionado con la extradición de ciudadanos hondureños hacia EEUU.
Finalmente, reclamó que en el país los ciudadanos que enfrentan procesos en los tribunales sean expuestos mediáticamente y que de alguna manera son objeto del escarnio popular, lo que violenta su estado de inocencia garantizado en la Constitución y demás leyes.
JS
