Recientemente hemos conocido parte de la respuesta del Gobierno de la República a la propuesta de Naciones Unidas para conformar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICIH. Esa propuesta se basa en la creación de una Comisión independiente, con plena y absoluta capacidad y autoridad para investigar y para llevar sus acusaciones directamente a los tribunales.
Esto es lo que necesitamos en nuestra nación. Ya tuvimos una Comisión, la MACCIH, que no contó con tal autoridad y por tanto se quedó corta en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, y como algunos ya suponíamos, las autoridades no están interesadas en una Comisión independiente y con plena autoridad. En su afán por controlarlo todo, quieren en efecto un ente asesor, alguien que venga a “fortalecer nuestra institucionalidad”, olvidando que tal institucionalidad siempre será débil en tanto no reduzcamos significativamente la corrupción.
En efecto, el camino que el gobierno sigue nos hace pensar que se está propiciando el fracaso de lo que ha sido nuestra ilusión, contar con una Comisión independiente y con plena autoridad. Estamos viendo y escuchando la crónica de un fracaso anunciado. Pero permítanme explicar en más detalle la situación.
Comencemos por el principio. Por parte del gobierno, el proceso de negociación con la ONU ha estado sumido en la opacidad. Si bien la ONU, actuando con total transparencia, publicó la propuesta que presentó al gobierno, este no ha hecho lo mismo. No hemos visto el documento, sino que tan solo hemos escuchado algunos comentarios de algunos funcionarios públicos, quienes nos han dicho que para que se pueda contar con una Comisión con absoluta capacidad y autoridad sería necesario reformar nuestra Constitución. Uno pensaría que para un gobierno que encontró la forma de nombrar ilegal e ilegítimamente la Junta Directiva del Congreso, sería muy sencillo impulsar una reforma constitucional para luchar contra la corrupción. Pero no. Quieren hacernos creer que la oposición jamás respaldaría la lucha contra la corrupción y por tanto el Poder Ejecutivo ni siquiera se atreverá a plantear la reforma en el Congreso. En lugar de hacer propia la lucha contra la corrupción y de exhibir a la oposición como la protectora de la corrupción, desechan un posible y valioso triunfo político y optan por dedicarse a convencer a la ONU para que acepte debilitar su propuesta y opte por una Comisión sin autoridad. Una Comisión que venga a asesorar al Ministerio Público y a fortalecer nuestra institucionalidad. Por supuesto que tal asesoría y fortalecimiento es importante y debe gestionarse con países amigos, pero no es lo que deseamos de la CICIH. Ambas cosas son necesarias y no mutuamente excluyentes. Hay tiempo para rectificar y ojalá que las autoridades lo hagan. Caso contrario veremos fracasar el proyecto original. Deben entender que lo que se busca es una comisión con capacidad y autoridad y no otra comisión al estilo de la MACCIH. Si no se logra una comisión con capacidad y autoridad habremos fracasado en nuestro propósito y no habremos emprendido una verdadera lucha contra la corrupción.
No sabemos si la ONU aceptará la versión diluida que propone el gobierno. Sin embargo, es razonable suponer que la ONU entiende las debilidades de la propuesta del gobierno y comprende que las probabilidades de éxito en la lucha contra la corrupción son sumamente bajas. La ONU conoce los resultados de la CICIG en Guatemala y de la MACCIH, por lo que me parece que no aceptará la contrapropuesta del gobierno. Pero aún si la aceptara, podemos estar seguros que tal Comisión no rendiría los frutos ansiados en la lucha contra la corrupción. En pocas palabras, habría que concluir que se habría fracasado en nuestro intento por reducir la corrupción. Es una lástima, pero ese es el probable resultado del camino que han emprendido las autoridades.
Hay quienes opinan que al final el gobierno simplemente desea controlar hasta la lucha contra la corrupción, decidiendo ellos, por medio del Ministerio Público, a quién se acusa por corrupción y a quién no. Ya en efecto lo hicieron mediante la recién aprobada amnistía, o pacto de impunidad. Si eso fuera así estarían olvidando que una lucha politizada contra la corrupción se convierte en un acto de corrupción. Una lucha selectiva contra la corrupción no es una verdadera lucha contra la corrupción, sino que una vendetta política. Eso, en lugar de marcar un hito en la lucha contra la corrupción, vendría a dividirnos y polarizarnos aún más. No todo está perdido. Aún hay tiempo para rectificar. Para comenzar, y en aras de la transparencia, las autoridades deberían compartir con nosotros su respuesta a la ONU. Lo menos que podemos esperar es que la Secretaría de Transparencia actúe transparentemente. Entiendo que en este momento estamos dedicados al tema de la Junta Nominadora para seleccionar a los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero no podemos olvidar la creación de la CICIH. Si no emprendemos una verdadera lucha contra la corrupción, aún una Corte Suprema integrada con los mejores candidatos descubrirá que tendrá severas limitaciones y grandes fracasos en la impartición de justicia. Ambos temas son igualmente importantes y por tanto merecen nuestra atención y dedicación. Así como reclamamos una Corte integrada por las mejores personas, demandemos igualmente la creación de una CICIH independiente y con autoridad y capacidad para librar una verdadera lucha contra la corrupción.
