Tegucigalpa/Washington – Honduras enfrenta el cierre del último trimestre del 2025 cargado de incertidumbre política, tensiones internacionales y profundas demandas sociales, mientras se aproxima a las elecciones generales del 30 de noviembre.
El informe más reciente del Congressional Research Service (CRS), la unidad de investigación bipartidaria del Congreso de Estados Unidos, advierte que las instituciones hondureñas siguen siendo frágiles y que el proceso electoral despierta serias preocupaciones sobre su transparencia y credibilidad. Las primarias de marzo ya estuvieron marcadas por fallos logísticos, denuncias de violencia política y cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales en favor del partido oficialista Libre.
Los principales contendientes – Rixi Moncada (LIBRE), Nasry Asfura (PN) y Salvador Nasralla (Liberal) – se disputan la Presidencia de Honduras en un país polarizado, con un electorado cansado de la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad. La situación se agrava bajo un estado de excepción que ha restringido derechos constitucionales en más de 200 municipios, mientras aumentan los señalamientos de abusos policiales y militares.
En el plano internacional, las relaciones con Estados Unidos atraviesan tensiones. Washington ha recortado fondos de cooperación y endurecido medidas migratorias que afectan a más de 1 millón de hondureños en territorio estadounidense, en un contexto en que las remesas representan el 26 % del PIB nacional.
La economía, aunque con un crecimiento proyectado de 3.5 % en 2025, sigue marcada por la desigualdad: más del 62 % de la población vive en pobreza y la dependencia de las remesas y del comercio con EE. UU. deja al país expuesto a cualquier choque externo.
Con este panorama, la comunidad internacional, incluida la OEA, seguirá de cerca el proceso electoral hondureño, mientras crecen los temores de que la violencia, la corrupción y la injerencia de grupos criminales socave la voluntad popular.
Incertidumbre sobre reacción de gobierno Trump ante fraude
A 60 días de las elecciones hondureñas, cuando los ciudadanos renovarán la totalidad de sus autoridades políticas, el informe del CRS destaca que algunos integrantes del Congreso de Estados Unidos expresaron “renovadas preocupaciones sobre la democracia y los derechos humanos” en Honduras.
Se destaca en el documento que la preocupación de los observadores en Washington es el posible impacto de las políticas de la Administración Trump en los esfuerzos democráticos en suelo hondureño.
Registra el informe que la administración suspendió la asistencia a organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en el tema de la democratización y los derechos humanos y no tomó en cuenta la amenaza del Congreso hondureño de investigarlas presuntamente por intentar desestabilizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
“Si bien la Administración (Trump), ha proporcionado algunos fondos para la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, no está claro cómo responderá ante un posible fraude electoral”, destaca el informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.
Recordó que, en el primer mandato, la administración Trump reconoció lo que llamó la “controvertida reelección del entonces presidente Hernández, a pesar de una evaluación de la OEA de que el proceso electoral había estado plagado de irregularidades”.
En ese sentido, detalló que está en el Congreso el proyecto de Ley para la Protección de la Democracia Hondureña (HR4202, incorporada temporalmente a la HR5300), una iniciativa presentada por la legisladora republicana por Florida María Elvira Salazar y respaldada por varios congresistas de origen hispano.
Dicha legislación ordenaría al Departamento de Estado una estrategia para promover elecciones libres y justas en Honduras, facilitar la asistencia de observadores y ordenar al presidente (Trump) “imponer restricciones de visa a personas que obstaculicen la celebración de elecciones libres y justas”.
Evaluar impacto del impuesto a remesas
El informe del CRS señala que el Congreso norteamericano podría “evaluar la cooperación migratoria y antinarcóticos entre Estados Unidos y Honduras al considerar las asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2026”.
Entre las evaluaciones a considerar por los legisladores estadounidenses “cómo el impuesto del 1 %sobre las transferencias de remesas, promulgado en la Ley de Reconciliación del año fiscal 2025, podría afectar a los hogares hondureños y las tendencias migratorias”.
Se destacó que la deportación masiva de migrantes podría resultar perjudicial para la economía hondureña, “ya que las remesas de los hondureños en el extranjero (alrededor del 85% en Estados Unidos) superaron los 9,700 millones de dólares (el 26% del PIB de Honduras) en 2024”.
El documento destaca que el gobierno de Castro ha cooperado con el de Trump en materia de migración y seguridad, pero recordó que en agosto del presente año la fiscal general estadounidense Pamela Bondi “alegó que narcotraficantes venezolanos sobornaron a personas no especificadas para transportar cocaína a través del espacio aéreo hondureño”.
Aumentó extorsión
El informe de los investigadores del Congreso norteamericano recoge que Honduras “experimenta altos niveles de delitos violentos”, muchos atribuidos a las organizaciones criminales transnacionales y a las pandillas que buscan controlar mercados ilícitos.
Señaló que en el gobierno de la presidenta Castro se han suspendido los derechos constitucionales bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022 y durante el cual los defensores de los derechos humanos han documentado “abusos por parte de las fuerzas de seguridad”.
El informe sobre Honduras del CRS en todo caso establece que a pesar del estado de excepción “la extorsión ha aumentado un 14 % entre 2022 y 2024”.
Igualmente señaló el documento que “algunos legisladores de la oposición, activistas de la sociedad civil y periodistas han denunciado acoso e intimidación por parte de funcionarios de la administración Castro y simpatizantes de LIBRE”.
Clima de inversión deteriorado
El informe destaca que al 2024 la inversión extranjera directa estadounidense llega a 1,400 millones de dólares y que el comercio bilateral supera los 12 mil millones de dólares, siendo ampliamente favorable para los norteamericanos.
Pero el documento recoge que “empresas informan que el clima de inversión en Honduras se ha deteriorado durante el gobierno de la presidente Castro”.
En ese sentido piden al Departamento de Estado colaborar con el gobierno hondureño cuando existan disputas comerciales y remitir las reclamaciones de propiedad estadounidense al Departamento de Justicia e informar al Congreso. (PD).
