Por: Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
En mi condición de defensor del pueblo hondureño, valoro la incuestionable importancia de la convocatoria realizada por el Gobierno de Honduras a la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia, a la cual asistieron distinguidas y distinguidos representantes gubernamentales, no gubernamentales y cooperantes interesados en concertar y realizar esfuerzos compartidos para precisar las causas y consecuencias de la migración irregular y posibles soluciones integrales para evitarlas o reducirlas sustancialmente.
Desde el mes de marzo pasado con la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hemos dado seguimiento más sistemático a la situación de los migrantes hondureños, abriendo nuevas formas de comunicación con ellos y sus familias; intercambiando información sobre su situación con instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional de Migraciones y la Cruz Roja Internacional; e iniciando el diálogo con representantes de la seguridad fronteriza de los Estados Unidos de América, así como con organizaciones norteamericanas de sociedad civil que defienden los derechos de los migrantes.
En ocasión del segundo encuentro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos Árabes, Americanas e Ibéricas, en Tijuana, México, el 3 de junio recién pasado, nos correspondió lanzar internacionalmente nuestra preocupación por la situación particular de la niñez centroamericana migrante no acompañada que, a esa fecha, era en número aproximado de 35.000 niñas y niños salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, en su mayoría, quienes se encontraban ya en el lado norteamericano de la frontera con México.
Hemos hecho recomendaciones al Gobierno de Honduras, realizado inspecciones in situ en los aeropuertos hondureños y centros de atención de los migrantes retornados así como en la frontera terrestre con Guatemala por donde se recibe continuamente buses de migrantes devueltos en cantidades significativas que, en el caso de la niñez, adquiere la connotación de deportación o devolución masiva.
En fin, hemos promovido nacionalmente el debate público sobre las causas, consecuencias y soluciones a los problemas que nos plantea la migración forzada irregular de hondureños y hondureñas (hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes), conscientes de la realidad y legitimidad de sus aspiraciones, frustraciones, temores e incertidumbres, después de haber constatado que, en casi todos los casos, ha habido violación de la dignidad de esos seres humanos en su país de origen, en el país de tránsito y en el de destino.
Por ello, consideramos que cualesquiera sean los hechos y circunstancias prevalecientes en los países concernidos por esta situación de crisis humanitaria, el tema de migrantes debería ser abordado desde la perspectiva de la seguridad humana que se centra en la dignidad del ser humano, en el mejoramiento de la calidad de vida y en el desarrollo pleno de las potencialidades de las personas.
Así debería consiguientemente examinarse y concertarse compromisos internacionales e interinstitucionales de cooperación para resolver la problemática migratoria, la reunificación familiar, la prevención razonable de la repetición cíclica de la migración internacional forzada irregular y también de los desplazamientos forzados internos identificando medios que, de manera concreta y verificable, hagan factible promover el desarrollo humano local en los municipios en el ámbito nacional, en forma tal que los habitantes tengan condiciones básicas de vida digna y posibilidades de mejorarla progresivamente.
Se debería igualmente afirmar esa seguridad democrática, mediante cooperación y alianzas que posibiliten más recursos tecnológicos, de inteligencia, logísticos y de participación social que permitan enfrentar decididamente y neutralizar amenazas como la corrupción, impunidad, violencia, narcoactividad, trata de personas, y en general, el crimen organizado nacional e internacional.
El Gobierno, la sociedad civil y el sector privado de Honduras pueden contar con el apoyo de la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que recién, el 1 de julio, presentó al pueblo su Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana”, para el período 2014-2020, orientado a contribuir al desarrollo humano local teniendo como centro el aseguramiento de las condiciones básicas de vida digna de la niñez y las familias en los municipios y la apertura de posibilidades de mejoramiento progresivo de esa calidad de vida.
En la Declaración Conjunta “Por la Dignidad de la Niñez Centroamericana” que hemos emitido los defensores de los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras (y a la cual se ha adherido solidariamente el Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua) ya hemos abordado lo que, a nuestro juicio, constituyen las causas, consecuencias y soluciones integrales.
Hemos recomendado hacer efectiva la responsabilidad compartida de los países concernidos de asegurar la restitución de los derechos humanos vulnerados, tanto mediante la solución de reintegración e inclusión social de los migrantes retornados, como la que permita romper el ciclo o circulo de la migración forzada e irregular, por medio de apoyo internacional sustantivo a la concertación nacional para realizar el desarrollo local, comunitario o municipal en los países centroamericanos de origen.
Esas recomendaciones son pertinentes en la presente situación de crisis humanitaria que es una seria advertencia del peligro de propagación de los efectos negativos de una globalización que tienden a perjudicar el valor de la dignidad de cada ser humano.
Por ello esta crisis y emergencia humanitaria hace imprescindible responder, con entereza, conforme a las exigencias del orden público internacional que consagra la vigencia y carácter imperativo del respeto y de la obligación de cumplimiento, por los Estados, de los derechos humanos de los migrantes, como derechos universales e irrenunciables. En efecto, el contexto ético-jurídico y la conciencia de ser miembros de la familia humana nos llama a hacer prevalecer, como imperativo categórico, la dignidad de las personas, en todo el mundo.
En esa perspectiva, se destaca la importancia del principio universalmente reconocido del interés superior del niño y del respeto a su condición de persona titular de derechos humanos que debe ser protegida nacional e internacionalmente, por todos los Estados del universo, sin excepción alguna. Ello evidencia que toda acción de países de destino y de tránsito orientada a la deportación masiva de niños y niñas, se constituye en violación flagrante de los parámetros internacionales básicos de respeto al Derechos Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario.
Por todo lo que antecede, recordamos a los Gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de sociedad civil incluyendo al sector privado, la trascendencia de alcanzar los resultados esperados de esta conferencia internacional, conscientes de que tal como lo proclaman la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración y Convención Americana de Derechos Humanos: los derechos esenciales de las personas no nacen del hecho de ser nacionales de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de su condición humana, razón por la cual justifican una protección internacional, y que “solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales , tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
