La presidenta ha declarado la guerra al crimen organizado. Ordenó a la policía y ejército hollar los territorios tomados por las pandillas y rescatarlos de las hordas criminales que atemorizan a taxistas, buseros, pasajeros, vendedores y compradores. ¡Bien hecho! El país no puede ni debe seguir caminando por el sendero anárquico por el que ha venido. ¡Si es necesario que haya un estado, entonces que funcione!
La teoría económica -y el buen sentido- postulan que los seres humanos tomamos decisiones en base a los costos y beneficios que pensamos que están asociados a cada curso de acción. Así, frente a igual riesgo de ser sorprendido “in fraganti” cometiendo un acto de extorsión, robando un negocio o asaltando a un transeúnte, un delincuente preferirá cometer sus fechorías en lugares donde saque mayor ganancia o donde haya menos posibilidades de que lo atrapen.
A su vez, los delincuentes prefieren actuar donde hay poca o ninguna protección a la propiedad. La seguridad es un bien público parcial, ya que los individuos intentan resguardarse por sus propios medios cuando cuentan con recursos para hacerlo. Así, es evidente que para un pandillero es más costoso extorsionar en aquellos barrios de clase alta o media, ya que sus propietarios toman medidas individuales de protección para ellos y sus bienes.
De esto último se deduce que a mayor ingreso mayor seguridad hay en un país. Suecia, Japón, Canadá y Uruguay, por ejemplo, son países con muy baja delincuencia, no porque tengan policías o ejércitos represores, sino porque sus habitantes toman las medidas individuales de protección para evitar que alguien les cause daño, más allá de que haya personas que estarían dispuestas a hacerles daño si no se cuidan.
De ahí que la delincuencia organizada es un fenómeno ligado a la pobreza. Pero no porque los pobres sean malvados o tengan vocación de hampones, sino porque en las sociedades donde el ingreso es bajo, la gente prioriza sus alimentos, el vestuario y la vivienda, dejando su protección personal en manos del estado y esto preconiza tragedia, ya que los incentivos de los oficiales públicos para proteger a la gente son siempre escasos, por decirlo de manera elegante.
Claro que hay países pobres muy seguros -pocos, por cierto- ya que cuentan con cuerpos policiales represivos y un mecanismo de control estatal que castiga y aterroriza a la delincuencia de manera eficaz (el problema es que también aterroriza a la ciudadanía). Esto suele estar asociado a gobiernos autoritarios y ámbitos sociales que gozan de poca libertad. Namibia, Nicaragua y Corea del Norte son buenos ejemplos de sociedades seguras, pero sin libertad.
Finalmente, el estímulo a delinquir depende también de la probabilidad de que en una posterior investigación sindique al hechor como culpable y le castigue, es decir, un sistema de justicia eficaz y rápido disuade a los malhechores y mejora la seguridad.
Las conclusiones de política derivadas de este análisis económico de las acciones criminales son obvias. Mientras mayor sea la recompensa de delinquir, más crímenes habrá; mientras más fácil cometer ilícitos, mas delincuentes habrá (la ocasión hace al ladrón); si la ciudadanía carece de los recursos necesarios para protegerse, tendrá que vivir a expensas del hampa y mientras menor sea la efectividad de la investigación y de los jueces, habrá escasez de denuncias y, por ende, mayor vulnerabilidad social al crimen.
La decisión del gobierno de combatir al crimen organizado es crucial para restaurar la confianza ciudadana y con ello mejorar el clima de negocios tan necesario para que las empresas y los compradores -es decir el mercado- operen sin temor. Como se puede deducir, se trata de un elemento circular: no puede haber seguridad sin mejora en los ingresos y la riqueza es siempre esquiva a la confianza que da la ausencia de criminales. El diseño de toda política que pretenda reducir el crimen organizado debe considerar los factores descritos, de ahí que es plausible la decisión del gobierno de aumentar la cobertura, vigilancia e investigación para desalentar a los criminales, pero no se debe olvidar la importancia que tiene la creación de riqueza para complementar con eficacia dicho objetivo.
