Tegucigalpa.- Una serie de denuncias de presunta corrupción contra más de una treintena de alcaldías que serán investigadas por el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, así como los presuntos ligues de algunos ediles con el narcotráfico, son hechos que tienen en la mira a los llamados gobiernos locales en Honduras, los que han venido gozando hasta ahora de altos niveles de confianza y credibilidad que se comienza a resquebrajar.
En los últimos sondeos de opinión pública, los gobiernos locales figuran entre las principales instituciones que gozan de algún nivel de confianza entre la población.
Ocupan el lugar número sexto en el sondeo hecho por la Compañía de Jesús de El Progreso y también no salen tan mal evaluados en el Latinobarómetro de las Américas.
Pero en los últimos seis meses las denuncias de abuso de autoridad, corrupción y hasta supuestos ligues con la narcoactividad comienza a aflorar con más insistencia, al grado que uno de los asesores del gobierno, el político de izquierda, Marvin Ponce, se atrevió a decir que al menos 35 alcaldes y vicealcaldes estarían siendo investigados por sus conexiones con la criminalidad organizada, en particular el narcotráfico.
Ponce dijo que incluso se podría quedar “corto” en sus apreciaciones, mientras fuentes de los cuerpos de inteligencia del Estado informaron a medios locales hace dos meses que estarían investigando al menos seis alcaldes, así como diputados y políticos por sus vínculos con el narco. Las autoridades no revelaron nombres.
Fotos abren sospechas
Las sospechas de las autoridades comenzaron a hacerse públicas luego de circular fotografías de las relaciones que el cartel de los Valle Valle sostenía con algunas autoridades y políticos de occidente.
Nombres de localidades como La Jigua, Florida, La Entrada, Copán Ruinas y Santa Rita fueron filtrados por las autoridades como focos a investigar para detectar nexos o no con los otrora barones de la droga que controlaban ese parte del occidente hondureño. En algunas de estas alcaldías, autoridades del Tribunal Superior de Cuentas informaron que han tenido problemas para efectuar las auditorías de rigor.
Algunos de los miembros de su equipo de auditores han tenido que salir resguardados con apoyo de los militares, denunció en su momento la magistrada presidenta, Daysi Anchecta.
Pero al margen de las especulaciones, como acciones concretas que podrían conducir a las autoridades a detectar los vínculos de algunos gobiernos locales con la narcoactividad, destaca la reciente incautación de bienes hecha al alcalde de San Francisco, en Atlántida, Alejandro Matute Meza, a quien presume es parte de las redes criminales del narcotráfico.
Las incautaciones hechas por la autoridad iban orientadas a encontrar indicios relacionados con el tráfico de drogas, armas y lavado de activos, pero el alcalde les salió al paso al desmentir que fuera un narco alcalde y aseverar que solo tiene tres propiedades y no 18 como afirma la autoridad. Sus tres propiedades, dice Meza, están incluso hipotecadas.
Acompañado de gente del pueblo que le apoya, Meza negó las acusaciones de las autoridades quienes actuaron acatando una orden de un juez de jurisdicción nacional luego de un informe presentado por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Otro alcalde que está acusado por delitos de lavado de activos es el de Yoro, Arnaldo Urbina, quien es acusado junto a sus hermanos por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado, según la fiscalía.Las autoridades también señalan que investigan las presuntas relaciones políticas que con gobiernos locales de Colón y Atlántida habría desarrollado el cartel de Los Cachiros, quienes junto a los Valle se encuentran ya en poder de Estados Unidos para ser juzgados por los delitos de narcotráfico.
La corrupción de las alcaldías
Esas historias de las relaciones del narco con las élites políticas locales y nacionales apenas comienzan a estructurarse y a trascender, a medida que se van desmantelando los grupos de transportistas de drogas y carteles que operaban en algunas zonas del país. Las autoridades prevén un reacomodo por este tipo de eventos en la reconfiguración de la criminalidad organizada en Honduras.
Al margen de las decisiones que emita la justicia frente a los casos de presuntos narco alcaldes o de gobiernos locales penetrados por el crimen organizado, otro hecho que está golpeando seriamente a las alcaldías municipales son las denuncias de corrupción.
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas informaron que al menos unas 35 alcaldías se encuentran bajo la lupa de la auditoría a petición de los organismos cooperantes procedentes de Suiza y España, al sospechar que sus gobiernos locales no están dando señales claras de transparencia.
Dentro de esta rendición de cuentas no se escapan ni alcaldías grandes ni chicas, la fiscalización va para ambas, unas desde los órganos contralores del Estado y otras desde la lupa de la sociedad civil.
Así se encuentran en la lista la alcaldía de La Ceiba por la compra de unas cámaras de seguridad y otras irregularidades sostiene el Consejo Nacional Anticorrupción que también anuncia pesquisas para la alcaldía de Choloma—intervenida ya por la Fiscalía—la de San Pedro Sula en gestiones anteriores, la de Intibucá y otras del sur del país.Se suman la de Valle de Ángeles, Utila en Islas de la Bahía, Gracias a Dios o la Mosquitia, San Antonio de Flores, La Paz, Lejamaní, San Marcos de la Sierra, Colomoncagua, entre otras de distintos puntos geográficos del país.
La última denuncia hecha por el CNA fue contra la municipalidad de Santa Ana, en Francisco Morazán, al acusar al alcalde de irregularidades en el manejo de una serie de proyectos que contabilizan cerca de 15 millones de lempiras. Estos proyectos van con electrificaciones y construcciones no concluidas, uso de recursos para gastos que se supone vendrían de donaciones, entre otros aspectos.
No obstante, el edil en cuestión Jorge Alberto Sandres rechazó esas acusaciones y dijo que las desvanecerá en su momento. Santa Ana es una de las alcaldías más modestas de Francisco Morazán que ha tenido un impulso con la instalación de las plantas eólicas y de acuerdo al CNA hasta en ese aspecto habría presuntas irregularidades.
Recientemente el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) reveló que la mayoría de las 298 alcaldías del país no cumplen la ley de transparencia y acceso a la información pública, volviéndose así los gobiernos locales en un sector que no favorece la transparencia ni la rendición de cuentas.Así lo local nuevamente se pone en la palestra pública asociado a dos factores que en nada favorecen los procesos de descentralización municipal. Estos factores son la corrupción y los nexos con el crimen organizado.
