Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- La lucha contra la corrupción enfrenta duras batallas en América Latina, acentuada por el suicidio del ex presidente peruano, Allan García,
quien antes de morir dejó escrita una carta en la cual reafirma su inocencia y dice que su muerte es “un desprecio” a sus detractores, pero lo cierto es que el ex presidente estaba cercado por las pruebas en su contra ante la justicia.
De ahí que optara por volverse un mito, ante una fanaticada que no acaba de digerir que uno de los discípulos del extinto Víctor Raúl Haya de la Torre, terminara siendo salpicado en uno de los escándalos más grave de corrupción en América Latina como “Lava Jato”, las coimas ofrecidas por Odebrecht. Las pruebas de la fiscalía tocaron al parecer a un “intocable”, a un “señorito” de la política, cuyo acto suicida, ha generado una polémica sobre la justicia peruana que sigue dando muestras de querer limpiar ese país de impunidad.
No es casual que muchos políticos latinoamericanos salgan, sin empaparse a fondo o queriendo ignorar el fondo del caso, cuestionando a los fiscales y jueces peruanos por su labor anticorrupción, invocan ideologías y principios que, de sobra han demostrado que la corrupción no tiene colores ni ideologías, pues soborna al de izquierda como al de derecha, e incluso a los que se proclaman centristas, es decir, no tiene identidad.
La justicia peruana está enfrentando momentos aciagos en un país donde casi todos los ex presidentes han sido llevados a los tribunales y uno de ellos anda prófugo evitando su encuentro con la diosa Temis, mientras el último estará 36 meses en prisión preventiva por el mismo caso Lava Jato. Lava Jato sigue sacudiendo América Latina.
Pero también uniendo a las elites políticas de impunidad no solo en el Perú, también en otros países manchados por el látigo de la corrupción, misma que de acuerdo al Latinobarómetro se ubica entre los principales problemas que impiden el desarrollo de un país y ha logrado penetrar a la mayoría de las instituciones creando redes y comprando lealtades que ponen en perspectiva una lucha de desmontaje nada fácil.
Ante el desconcierto que está generando la lucha contra la corrupción, las elites están respondiendo con el ataque. En Centroamérica, Guatemala y Honduras son dos casos relevantes, mientras en el primero, un pacto de corruptos que parece extenderse también en una alianza con el narco, bloquea los esfuerzos anticorrupción de la CICIG y la candidatura de la ex fiscal Thelma Aldana, cuya inscripción sigue en ciernes, mientras un presidenciable de ese país fue arrestado en Estados Unidos y acusado por narcotráfico. Las autoridades estadounidenses dicen que ese presidenciable buscaba financiar su campaña con el cartel de Sinaloa a quien habría pedido 12 millones de dólares.
Sin embargo, al igual que ocurrió en Honduras cuando salieron los nombres de los primeros narco políticos, en Guatemala ni hubo renuncias ni expulsiones políticas, muchos menos, la eliminación de la candidatura presidencial del presunto político narco, todo lo contrario: nadie se imaginó, nadie sospechó, su candidatura sigue vigente y “cuando hablemos, muchos caerán”, dijo uno de los hijos del presidenciable Mario Estrada, capturado en Estados Unidos.
El énfasis se centra en impedir que Thelma Aldana sea inscrita y que la CICIG se vaya de una vez por todas, allí se centra el interés de las elites guatemaltecas que han logrado, en el caso hondureño, meter miedo a sus pares, al grado que se vislumbra un interés manifiesto porque el convenio con la MACCIH no sea renovado, todos dicen que quiere que siga, pero en el fondo, conspiran para que se vaya, que la UFECIC sea debilitada y que la labor del Ministerio Público—dentro de lo que cabe—se repliegue, disminuya y se evapore junto a la Misión. Es la apuesta de los corruptos.
Mientras la ciudadanía presiona porque se apruebe la ley de colaboración eficaz y se elimine o derogue la ley de secretos, en el parlamento la agenda parece ser otra: la aprobación de las leyes que regirán al nuevo Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral.
El desconcierto se ha apoderado de las elites políticas, máxime cuando los “oráculos de la política” ligados al primer círculo del poder, predicen nuevas capturas en el caso de parlamentarios ligados a presuntos ilícitos. Los políticos quisieran que los casos de corrupción incoados en contra de algunos de sus líderes sean cerrados, que la MACCIH se vaya y que lo poco, poquísimo de institucionalidad construida, se destruya. Es el desconcierto, pero la batalla contra la corrupción se ha instalado en toda América Latina porque, de a poco, la gente empieza a entender que cada centavo robado afecta su derecho a saber, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad y sobre todo, a vivir.
