Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Las reformas al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) han generado un intenso debate entre los maestros hondureños, polarizando opiniones y generando preocupación en el gremio.
– Prevalecen las posiciones contrapuestas en el gremio magisterial en cuanto a las reformas del Inprema, tres artículos son los de mayor controversia.
– Mientras los que están a favor aseguran muchas bondades y aducen que quienes están en contra son una minoría y están politizados, la otra parte asegura que en las reformas los beneficios son ficticios.
– En el CN, también hay dudas y aunque algunos diputados sugieren debatir con el gremio para buscar acuerdos, ya se han aprobado en los dos primeros debates y se aprobaría la próxima semana, el 17 de septiembre, Día del Maestro.
Las reformas pretenden modificar aspectos claves del sistema, generando un amplio debate sobre su impacto real en las condiciones de cotización y jubilación de los maestros.
Las reformas, impulsadas por el gobierno a través de la Secretaría de Educación con el objetivo de «garantizar la sostenibilidad financiera» de la institución, han sido recibidas con escepticismo y resistencia por parte de un sector del magisterio. Tal es el descontento que se han visto protestas en contra en varias ciudades y llevó a que las instalación del Inprema fueran tomadas.
Por su parte, el otro sector a favor de las reformas incluye la dirigencia y afiliados de los cinco colegios magisteriales, que según sus dirigentes están en completa sintonía y de acuerdo con las pretendidas reformas.

Según las consultas realizadas por Proceso Digital, en ambos sectores, la principal preocupación de los maestros radica en el impacto que estas reformas podrían tener en sus derechos adquiridos y en la estabilidad de sus pensiones.
Varios líderes gremiales han manifestado su rechazo, advirtiendo que las modificaciones propuestas podrían implicar un retroceso en las condiciones laborales y de jubilación del magisterio. Por otra parte, los que están a favor defienden las bondades que encontrarían al realizarse las reformas.
Resquemores con la Ley Actual
Maestros conocedores del tema explicaron a Proceso Digital los resquemores existentes con la ley vigente, aprobada en 2011, lo primero es que elevó la edad de jubilación de 50 a 59 años y ajustó el cálculo de los beneficios. Actualmente, los docentes obtienen un 2% de crédito unitario por cada uno de los primeros 25 años de cotización. A partir del año 26 y hasta los 59 años, el crédito unitario es del 2.5%, y después de los 59 años, es del 3%. Para alcanzar el 90% del salario promedio de los últimos 180 meses, un maestro debe cotizar durante 39 años y 4 meses.
Esto ha resultado en que muchos docentes se jubilen a los 60, 61 o incluso 62 años, ya que es el tiempo necesario para alcanzar el 90% de su salario promedio. Además, el sistema actual ha generado un fenómeno donde los jóvenes docentes ingresan al sistema educativo a edades más avanzadas, entre los 30 y 32 años, debido a la falta de recambio generacional. La extensión de 10 años en la edad de jubilación ha provocado un retraso en la entrada de nuevos docentes al sistema.
Reformas propuestas y su impacto
Una de las reformas propuestas sugiere reducir la edad de jubilación de 59 a 55 años, con lo cual todos parecen estar de acuerdo.

No obstante, una parte del magisterio señala que hay dudas porque en teoría, esto podría parecer una mejora. Sin embargo, según los que están en contra al analizar los detalles, se evidencia que esta «mejoría» es en realidad limitada.
En este punto explican que un maestro que se jubile a los 55 años con 36 años de cotización solo recibirá el 80% de su salario promedio, ya que los primeros 20 años se contabilizan al 2% y los siguientes 16 años al 2.5%. Para alcanzar el 90% del salario promedio, el docente debe continuar trabajando hasta los 59 años.
Otra reforma propuesta es la reducción de la penalización por jubilación anticipada, que pasaría del 6% al 3%. Un punto en el que al parecer también hay acuerdo.
Sin embargo, se plantea que con el paquete de reformas algunos beneficios que fueron eliminados con la ley de 2011, como el seguro de vida y las «60 rentas», no serían restaurados. En su lugar, se plantea un «Bono de Postergación», que ofrece un incentivo económico de 100,000 lempiras por cada año adicional trabajado entre los 55 y 59 años. Este bono se entregaría un año después de la jubilación, pero solo si el docente decide posponer su retiro hasta los 59 años.
Para los docentes que ingresaron al sistema antes de la vigencia de la ley de 2011, la situación es aún más compleja, porque necesitan de una demanda, para obtener ese beneficio. En este caso la Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor del magisterio en tres ocasiones, reconociendo que estos docentes tienen derecho a jubilarse bajo los beneficios de la ley anterior. Sin embargo, los docentes se encuentran ante la disyuntiva de aceptar el Bono de Postergación, con la incertidumbre de que este beneficio no exista si la reforma no es finalmente aprobada.
Los artículos más controversiales
Los artículos más rechazados por un sector del magisterio en la reforma propuesta son el artículo 78 y el artículo 125. Estos artículos afectan directamente el porcentaje de jubilación y las edades para jubilarse. Además, el artículo 12, numeral 6, también ha generado controversia, ya que elimina la inhabilidad para que los dirigentes magisteriales formen parte del directorio del Inprema. Según la propuesta, un dirigente magisterial puede renunciar a su cargo en su colegio y, de inmediato, pasar a formar parte del directorio del Inprema, lo que, en palabras de los oponentes, esto plantea preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la gestión de los fondos del instituto.
A favor y contra
La lista de los que están a favor obviamente la encabeza el ministro de Educación, Daniel Sponda, quien, en un Facebook Live, en el que participó Proceso Digital, detalló que entre las principales bondades de la aprobación de la nueva ley de reforma educativa podría desencadenar la jubilación de hasta 14,000 profesores en Honduras. Reconoció que la ley, que afectará directamente a los 67,000 maestros actualmente activos en el sistema educativo, incluye cambios significativos en las condiciones de jubilación, pero a favor de todo el gremio.

El funcionario anunció que se abrió un módulo de consulta para todos los docentes en el sistema activo. Al ingresar, se les presentará la pregunta: «¿Está de acuerdo con la reforma de la ley?». Todos los maestros estarán obligados a votar, sin opción de abstención. «Debemos estar informados sobre la reforma y tomar una decisión clara: sí o no», señaló el ministro.
En ese sentido, el ministro Sponda instó a los docentes a votar con base en los beneficios que ofrece la nueva ley. «Si usted está de acuerdo con reducir la edad de jubilación de 59 a 55 años, vote por el sí. Si desea un 3% adicional después de los 55, vote por el sí. Si le parece justo dejar 60 rentas para sus familiares tras su fallecimiento o cobrar los 400,000 que serán revalorizados anualmente, vote por el sí», expresó Sponda.
Además, destacó que la reforma podría incrementar las pensiones de jubilación en casi 5,000 lempiras. «Si quiere retirarse cinco años más joven, si quiere que el gobierno le pague más, si quiere tener más beneficios, vote por el sí», concluyó el ministro.

Por su parte, el presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Luis Ramírez, expuso en entrevista con Proceso Digital, los beneficios que según él deben aprovechar todos los docentes, al tiempo que manifestó su preocupación, por lo que podrían perder por un grupo de maestros disidentes que están radicalizados y utilizados por políticos, ya que remarcó que por primera vez se les ha permitido socializar una propuesta de ley, misma que ha sido ampliamente consensuada.
También, el presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), Yuri Hernández, y aseguró que los colegios magisteriales han trabajado unidos en la reforma de la ley del Inprema, con el apoyo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el ministro de Educación, Daniel Sponda, buscando el bienestar de todos los maestros.
Del otro lado, la profesora Gisela Guillén, miembro del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh) y del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), ha manifestado su postura crítica frente a las pretendidas reformas, argumentando que, aunque se han introducido algunos beneficios, la reforma sigue siendo insuficiente y desigual para los maestros hondureños.
Según Guillén, el único aspecto positivo de la reforma es la reducción de la penalización del 6% al 3% para aquellos maestros que opten por jubilarse a los 55 años en lugar de a los 59. Sin embargo, enfatiza que esta opción no es viable para la mayoría, ya que es casi imposible que un docente haya cotizado durante 39 años antes de cumplir los 55, lo que les permitiría acceder al 90% de su salario de jubilación.
«La base está clamando por un 3% por crédito unitario y una edad de jubilación de 55 años, lo cual es aceptable para todos, lo que pedimos es equidad,» expresó Guillén.
En entrevista con Proceso Digital, la profesora también señaló que los maestros que ingresaron al sistema después de 2012 tendrían que trabajar hasta los 69 años para alcanzar el 90% de su salario, mientras que aquellos que ingresaron antes de ese año pueden jubilarse a los 55. «La ley debería ser universal, todos a los 55 o todos a los 59. No debería haber esta desigualdad,» concluyó Guillén.
Reformas en el Congreso Nacional
Mientras se da todo un debate y socialización del proyecto de ley entre el gremio del magisterio en el Congreso Nacional, también hay posiciones contrapuestas.
El diputado Carlos Umaña, declaró a Proceso Digital, que su bancada decidió no apoyar las reformas propuestas hasta que se logre un consenso entre las bases magisteriales y las autoridades del Inprema.

«Los maestros y sus bases son quienes deben ponerse de acuerdo. Nuestra bancada ha decidido que mientras no se consensuen estos cambios con las bases, definitivamente no vamos a votar», afirmó Umaña.
Por otro lado, el diputado Edgardo Casaña aseguró que el proceso de socialización de las reformas continúa a pesar de las protestas. «Nosotros seguimos con el proceso de socialización, realizando asambleas espectaculares del magisterio en diferentes departamentos del país, como Santa Bárbara, Choluteca y Olancho,» indicó Casaña. En particular, destacó el trabajo de la dirigencia magisterial en Olancho, un departamento que, según él, ha sido objeto de manipulación y desinformación.
Casaña señaló que varios artículos del proyecto de ley serán reformados, pero aquellos que impactan la vida actuarial del INPREMA pasarán a la Comisión Nacional de Banca y Seguros y a la Secretaría de Finanzas para un análisis técnico más profundo. LB