Tegucigalpa – El Embajador de Honduras en España, Norman García Paz, desmintió este viernes que el país europeo esté realizando deportaciones exprés de hondureños como han señalado medios de comunicación españoles.
El diplomático desvirtuó dicha acción pese a que en el pasado mes de diciembre fue deportado bajo este mecanismo el inmigrante hondureño Raúl Olmedo.
El joven de 19 años de edad fue deportado luego que la policía española lo arrestara al bajarse de su bicicleta, en la puerta de su instituto de Alcorcón (Madrid). En apenas 40 horas, lo llevaron a comisaría esposado, lo encerraron en un calabozo y lo enviaron sin dinero en un avión hacia Honduras.
“No es cierto que -España- este haciendo deportaciones exprés, este muchacho que deportaron tenía una ficha delictiva bastante hermosa y no es la primera vez que lo requerían, a él lo encontraron fumando marihuana”, enfatizó García.
Las deportaciones exprés son cada vez más comunes en España y consiste en que el inmigrante, tras ser requerido, tiene 72 horas para defender su caso ante un juez.
En la mayoría de los casos, 72 horas no son suficientes para que el abogado recopile toda la documentación que demuestra el arraigo del inmigrante y presente un escrito de urgencia que permita al juez revocar la expulsión antes de que se ejecute.
Pese a esta realidad el funcionario consular aseveró que no existe una campaña de expulsiones exprés de hondureños desde la llamada “Madre Patria”.
En contraste, varias ONG españolas han denunciado que el gobierno está recurriendo a repatriaciones urgentes que tienen lugar en menos de 72 horas, sin la presencia del juez y con un plazo tan corto que dificulta, si no impide, una debida defensa jurídica.
De acuerdo a datos confirmados por el gobierno español en 2013 se realizaron 6 mil 462 deportaciones exprés.
En ese sentido, Francisco Solans, presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, ha señalado que las expulsiones exprés han crecido en «progresión paulatina en menos de un año».
«La Policía lo ha tomado como una mecánica más eficaz, porque las posibilidades de defensa se ven muy mermadas». «En algunas ciudades ni siquiera se llama a un abogado. Y, cuando se hace, tenemos muchas dificultades para defender al detenido en menos de 72 horas», expresó.
En aquél entonces la madre del inmigrante hondureño acudió a los tribunales y al Defensor del Pueblo porque la deportación se hizo «sin cobertura jurídica, ni seguir el procedimiento legalmente establecido».
Cabe señalar, que el hondureño fue deportado 11 días antes de la entrevista para regularizar su situación en España.
