– Se está a la espera de las resoluciones finales sobre las sanciones acerca de la investigación de 93 expedientes de empleados judiciales en todo el país.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, confirmó que la orden de intervención es para todas las ciudades importantes del país, donde se registran denuncias de mora judicial.
Especificó que la acción inició en Tegucigalpa, y continuará en Comayagua, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba, Nacaome y todas las regiones donde existen denuncias.
“Vamos a poner orden para que trabajen los jueces, porque los que incumplen con estas órdenes, deben de ser depurados. Aquellos jueces que no quieran trabajar y que no cumplen con las decisiones del Consejo, van a ser sancionados”, advirtió.
Indicó que las acciones tendrán lugar en los juzgados que están en la jurisdicción de competencia como tribunales de sentencia, de ejecución, magistrados de cortes de apelación; “En todo el país tendrán que rendir cuentas en cuanto a la mora judicial”, insistió.
Bonilla enfatizó que los “jueces haraganes” han permitido la acumulación de sentencias pendientes en Honduras.
“Hay cualquier cantidad de sentencias pendientes que el pueblo hondureño está esperando y los jueces, será porque son jueces haraganes o porque no quieren cumplir con sus funciones, están retardando esa justicia”, subrayó.
En ese sentido, dijo que estos jueces pueden ser sancionados y que los castigos pueden comprender suspensiones o despidos, sin ningún derecho.
Lo anterior, según el concejal, ya se encuentra estipulado en el Consejo como un régimen disciplinario para que “al constatarse lo más grave, podemos despedir a los jueces del país”.
