Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y Ana Paola Hall, presentaron sendos informes de auditorías sobre el transporte de las urnas electorales, así como los más de 300 centros electorales durante las elecciones primarias e internas que se celebraron el pasado 9 de marzo.
López y Hall habían sido citadas por el Ministerio Público para que en calidad de testigos ofrecieran una declaración sobre los hechos ocurridos en las elecciones primarias el 9 de marzo, cuando las urnas no llegaron a tiempo en diversos centros electorales de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los principales distritos que movilizan la mayor cantidad de votantes en el país.
Muchas de las urnas salieron a tiempo del centro de logística del CNE, pero los buses que las transportaban fueron vistos en distintas colonias y por varias horas hasta que fueron interceptados por el personal del consejo para ser llevadas a los centros de votación donde los ciudadanos esperaron por horas para ejercer el sufragio.
Las consejeras presentaron los informes “Informe de Auditoría forense sobre el cumplimiento normativo de los procesos de contratación realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el marco de la preparación de las elecciones primarias 2025” y el la “Auditoría forense sobre el proceso de entrega y recolección del transporte, custodia y vigilancia de la maleta electoral y kit tecnológico de las 856 JRV a los 327 centros de votación del municipio del Distrito Central, departamento Francisco Morazán. Elecciones primarias e internas 09 de marzo 2025”.
López señaló que la reunión duró más de dos horas y media con seis fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y auditores, el CNE entregó “dos informes periciales, 1,168 folios y un disco duro de 1TB con información técnica” relevante para la investigación.
Según la titular del CNE esta acción busca garantizar la aplicación de la objetividad que establece el artículo 93 del Código Procesal Penal.
López invocó el artículo 88 de la Constitución de la República, que ampara a los funcionarios públicos en el ejercicio de su defensa.
Durante la acción de fiscales y agentes de la ATIC del Ministerio Público, centenares de militantes de los partidos Nacional y Liberal llegaron a las afueras del hotel donde se hizo la entrevista para apoyar a las consejeras López y Hall.
En las conclusiones del informe sobre entrega de la maleta a las 856 juntas receptoras de votos en Tegucigalpa se establece que la responsabilidad del CNE recae en Joel Ramos García, entonces coordinador del Proyecto de Transporte, quien unilateralmente lo concedió a la empresa Ingeniería Logística y Transporte.
Otra de las conclusiones de dicho informe es que responsabiliza a las Fuerzas Armadas, ya que tiene la misión constitucional de garantizar el transporte electoral, por lo que era “el obligado ineludible de evitar el resultado que se produjo con el enorme atraso injustificado, ilegal y arbitrario, provocado en la entrega del material electoral, a los centros de votación”.
“Fue evidente la puesta en riesgo del proceso electoral por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA), por la interrupción del curso de traslado de las maletas electorales a sus centros de votación correspondiente”, destacó la conclusión del referido informe. (PD).
