Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La confrontación entre las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha escalado tras los acontecimientos polémicos ocurridos durante las elecciones primarias e internas del pasado 9 de marzo. Mientras el CNE trabaja contrarreloj para emitir la declaratoria electoral el próximo 8 de abril, las FFAA y el gobierno han adoptado una postura defensiva, responsabilizando a los opositores de las irregularidades denunciadas.
– No se puede permitir ningún intento de destitución de las consejeras del CNE porque habría control absoluto del órgano electoral por parte de Libre, advierten diputadas.
– Defensoras de DDHH alaban la valentía de las consejeras y llaman a su protección.
La consejera presidenta Cossette López se ha convertido en una figura clave en medio de esta crisis, para muchos poniendo el pecho enfrentando críticas y presiones muy fuertes que podrían tener la intención de que sea destituida de su cargo.
Por su parte, su compañera Ana Paola Hall, con más mesura, también ha mostrado firmeza y respaldo, formando un bloque repeliendo los intentos de socavarlas.
Para nadie es desconocido que las irregularidades en las dos principales ciudades del país, el Distrito Central y San Pedro Sula, han generado preocupación en la ciudadanía y han evidenciado una fractura a lo interno del CNE particularmente entre las dos consejeras Hall y López con el consejero Marlon Ochoa, situación que ha ido más allá y también hay serias rencillas con las FFAA.
«Pretenden instrumentalizar la justicia para inhabilitar a consejeras del CNE»
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, en entrevista con Proceso Digital expresó su preocupación ante lo que considera un intento de instrumentalización de la justicia penal para inhabilitar a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según Mena, las recientes declaraciones de voceros gubernamentales, miembros de las Fuerzas Armadas y del propio general Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, respecto a la posible presentación de denuncias ante el Ministerio Público contra una consejera del CNE, podrían derivar en un golpe a la estabilidad del órgano electoral.
Mena advirtió que, de prosperar estas denuncias, se corre el riesgo de generar una situación de acefalía en el CNE, lo que podría abrir la puerta para que se integre a dos miembros suplentes designados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien pertenece al partido Libertad y Refundación (Libre). La diputada argumentó que dichos suplentes responden a los intereses de Libre y que, de concretarse este escenario, se perdería la independencia y los contrapesos dentro de este órgano colegiado.
«Hay que evitar el abuso de la justicia para inhabilitar a las consejeras. Ellas tienen un mandato constitucional y deben permanecer en el cargo. La única forma legítima de destituirlas sería a través de un juicio político, y desde el PSH nos hemos pronunciado en contra de un proceso de este tipo», afirmó Mena.
La intención detrás de una comisión de investigación
Asimismo, la diputada se refirió a la comisión de investigación nombrada recientemente en el Congreso Nacional para revisar el proceso electoral. Según Mena, dicha comisión es una herramienta política de Libre y fue designada unilateralmente por Luis Redondo, sin consultar con la junta directiva ni con los jefes de bancada.
«Esta comisión parece tener la intención de simular una postura del Poder Legislativo, pero en realidad responde a los intereses de un solo partido. También puede ser una estrategia para dilatar el proceso de interpelación del jefe de las Fuerzas Armadas o del propio CNE, o incluso para justificar una eventual remisión de hallazgos al Ministerio Público que sirvan de base para una destitución de las consejeras», manifestó.
Finalmente, Mena subrayó la necesidad de despolitizar la autoridad electoral y realizar reformas profundas después de las elecciones generales de 2025. Considera urgente devolver la independencia a las instituciones del Estado y evitar que estos sirvan a intereses partidarios o económicos
En los mismos términos se refirió la diputada liberal Maribel Espinoza, al denunciar que hay una intención del partido de gobierno, Libre, de perseguir a las consejeras del CNE para que sus suplentes asuman y, de esa manera, obtener el control absoluto del órgano electoral. «Eso no lo podemos permitir», sentenció, asegurando que la única salida viable es una solución constitucional y en favor de la democracia.
Creciente violencia política contra las mujeres
La violencia política contra las mujeres sigue siendo una realidad latente en Honduras, manifestándose de manera abierta y sutil en distintos espacios de poder y toma de decisiones, coinciden representantes de organizaciones de mujeres, consultadas por Proceso Digital, que dicho sea de paso algunas prefirieron hablar bajo el anonimato porque son constantemente descalificadas y en el caso específico de las consejeras del CNE, dicen que si dan su opinión son tildadas de que están defendiendo partidos políticos.
Este fenómeno de violencia para las mujeres no solo limita su participación efectiva en la política, sino que también menoscaba el valor de su trabajo, perpetuando estereotipos de género y consolidando estructuras de poder históricamente dominadas por hombres, señalaron.
Las mujeres que se atreven a ocupar cargos públicos, ya sean como diputadas, regidoras, alcaldesas o líderes comunitarias, o en representación de sus partidos como es el caso de las consejeras del CNE, que, aunque debería ser un ente independiente de la política por falta de reformas aún no es así; y en el actual escenario ellas enfrentan constantes ataques que van desde la descalificación y el descrédito hasta amenazas directas contra su integridad y la de sus familias.
Estas agresiones no solo buscan intimidarlas, sino también desacreditar su capacidad y legitimidad para tomar decisiones.
De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, uno de los mecanismos más frecuentes para socavar el trabajo de las mujeres en el ámbito político es la desvalorización sistemática de sus propuestas. Comentarios peyorativos, burlas en medios de comunicación y la minimización de sus logros son estrategias recurrentes para desacreditarlas y mantenerlas al margen de las decisiones cruciales.
La defensora de derechos humanos, Honorina Rodríguez, expresó a Proceso Digital, su preocupación ante lo que considera una creciente violencia política y ataques desproporcionados contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en particular contra Cossette López. Según Rodríguez, la confrontación entre la consejera y las Fuerzas Armadas refleja una tensión que no beneficia a la población hondureña ni a las instituciones democráticas.
«La participación política de las mujeres nunca es igual a la de los hombres; siempre hay obstáculos y se les exige más. Estas mujeres están poniendo el pecho por sus partidos, pero también están defendiendo la democracia», sostuvo Rodríguez.
La defensora resaltó que, pese a las diferencias políticas históricas, siempre se ha logrado alcanzar consensos y dialogar, pero advirtió que la instrumentalización política para intentar destituir a las consejeras carece de fundamentos legales. «Ellas son mujeres valientes y competentes, amparadas por la ley electoral, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y hasta la Constitución de la República», enfatizó.
Rodríguez también denunció los ataques personales y amenazas constantes que enfrentan las consejeras, especialmente en redes sociales, donde se les agrede con memes, insultos y comentarios denigrantes. «Es una situación muy difícil para ellas. Algunos funcionarios del gobierno que están del lado del poder también las agreden, y hasta los defensores de derechos humanos o feministas somos criticados por defender sus derechos», lamentó.
La defensora hizo un llamado a la cooperación internacional y a las autoridades para que garanticen la seguridad de las consejeras y se pronunció en contra de la comisión nombrada en el Congreso Nacional para investigar el proceso electoral. Según Rodríguez, esta comisión podría ser utilizada para fines políticos y agravar la situación de las consejeras.
«Es importante que ellas no se queden calladas, que denuncien y, si es necesario que recurran a instancias internacionales. La violencia política contra las mujeres no debe tolerarse. Sus partidos también deben responder y respaldarlas; están defendiendo la democracia y ahí debemos involucrarnos a todos», concluyó Rodríguez.
Preocupación generalizada
Ante esta situación, son múltiples los sectores nacionales e internacionales, que han alzado la voz y han hecho llamados al respecto no solo de la institucionalidad sino también de la integridad personal de las consejeras.
En este escenario el Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Honduras denunció la violencia política contra las consejeras del CNE, manifestando que son víctimas de ataques a través de redes sociales y medios de comunicación, lo cual vulnera sus derechos fundamentales y constituye una forma de discriminación de género.
En un comunicado, la organización destacó: «Es intolerable, inadmisible y a todas luces una violación de los derechos de las mujeres y la discriminación contra ellas». Amparándose en la Constitución de la República, la Ley Electoral, la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), exigieron el cese de los ataques y el respeto a la laboral institucional de las consejeras.
LEER: EEUU insta a respetar el papel del CNE y de las FFAA
La preocupación trasciende fronteras. La Unión Europea (UE) exhortó a respaldar el trabajo del CNE y proteger su independencia. Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de los Estados Unidos expresó su inquietud ante la pérdida de confianza en el proceso electoral, instando a las partes involucradas a actuar con responsabilidad y respeto hacia el papel del CNE y las FFAA.
Ante esta situación, la ciudadanía y diversas organizaciones claman por un diálogo transparente y la rendición de cuentas. Además, exigen al Ministerio Público investigar las denuncias y proceder conforme a la ley para asegurar un proceso electoral limpio y reflejo de la voluntad popular; y sobre todo que se aprenda la lección para que los hechos del 9-M, no se repitan en las elecciones generales del próximo mes de noviembre.
El marco legal para proteger a las mujeres contra la violencia política en Honduras aún presenta vacíos significativos. A pesar de que existen normativas que reconocen la violencia de género, la violencia política no ha sido abordada con la profundidad necesaria para garantizar una participación segura y equitativa. LB
