Tegucigalpa – El director de la unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la Sala de lo Constitucional concedió dos garantías de exhibición personal correctivas en la cárcel “La Tolva” y el centro correccional de menores “Renaciendo”.
“Declarar con lugar en ambos casos la garantía de exhibición personal de origen de oficio en uno de los casos donde los privados de libertad en La Tolva y a favor de los menores en el centro de corrección Renaciendo”, dijo Duarte a la emisora Radio América.
Señaló que las garantías van en contra de las actuaciones de las direcciones de estos centros penales y del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Reformas
Duarte desglosó que los titulares deberán acatar las medidas de mejoramiento de las condiciones de seguridad interna a través de la contratación de personal, reparar portones en mal estado, reemplazar las cámaras de seguridad dañadas, realizar requisas más seguidas para detección de armas.
Añadió que la Sala de lo Constitucional ordenó pliegos de investigación en coordinación con el Ministerio Público para señalar quienes se encuentran involucrados en el ingreso clandestino de armas.
El relacionador público de la Corte Suprema de Justicia añadió que los traslados de reos deben hacerse para evitar los hacinamientos en las cárceles como la eliminación las zonas de cuarentena.
“En La Tolva se detectó por parte del juez ejecutor la existencia de estos lugares de segregación que son denominados internamente como “cuarentena” y “la reseña” y están ordenando que sean eliminadas en virtud que carecen de las condiciones necesarias para la dignidad humana”, manifestó.
Señaló en la necesidad de realizar las divisiones entre los reclusos para impedir enfrentamientos entre ellos mismos, solucionar los problemas de salubridad en la cocina, habilitar los talleres, áreas de recreación y ejercicio, mejorar abastecimiento de agua y atención médica.
“Dar atención a las personas que tienen tuberculosis y adoptar medidas para evitar el contagio de otras personas, garantizar el derecho a la educación de los internos, verificar el traslado de un reo identificado como Denis Adán García, quien estaba en un lugar sin las condiciones aptas con riesgo en su estado de salud”, complementó.
Plazos
Anunció que la Sala de lo Constitucional ordenó un plazo de tres meses después de la notificación de la sentencia para que ambos centros penales cumplan con las medidas para reducir la conflictividad.
Apuntó que después de un año, los dos centros penales deberán informar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y los miembros de la Sala de lo Constitucional de los cambios de infraestructura, capacitación de personal y los detenidos de la resolución de conflictos, garantías de atención médica, separación por categoría entre procesados, condenados, adultos y menores de edad.
Igualmente, notificarán sobre el acceso a agua potable, servicio sanitario, luz natural o artificial, alimentación con valor nutritivo, a suspensión de medidas disciplinarias con castigos corporales que pongan en peligro la salud física-mental.
Duarte advirtió que en caso que uno de los centros penales no cumpla con las medidas se deducirán las responsabilidades a las personas que están a cargo.
Hechos
Estas resoluciones las tomó la Sala de lo Constitucional en base a los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2019, cuando cinco reos fueron asesinados por otro privado de libertad en la cárcel “La Tolva” en el municipio de Morocelí, El Paraíso, oriente de Honduras.
Mientras que el 3 de diciembre del año pasado, en el centro de menores “Renacer” un amotinamiento dejó un saldo de cuatro muertos y varios heridos.
