Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó hoy a la Corte Suprema de Justicia que ejerza el oficio el control de constitucionalidad y examine la legalidad de los decretos ejecutivos mediante los cuales se prorroga el estado de excepción, conforme al procedimiento previsto en la Constitución de la República.
La Institución Nacional de Derechos Humanos observa con preocupación la falta de oficiosidad y celeridad de la Corte Suprema de Justicia en examinar la legalidad de los decretos de estado de excepción y la ausencia de ejercer el control de constitucionalidad correspondiente.
Pese a la trascendencia de la medida y el contexto electoral, no se registran resoluciones ni acciones sustanciales de control constitucional que evalúen si las sucesivas prórrogas cumplen con los estándares establecidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras.
Según el CONADEH, la mayoría de los 23 decretos ejecutivos que prorrogan el estado de excepción fueron publicados, en el Diario Oficial La Gaceta, sin haber sido sometidos previamente a discusión y aprobación en el Congreso Nacional, lo que constituye una grave infracción al procedimiento establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República.
Tal actuación podría generar responsabilidad penal y administrativa, al contravenir el artículo 321 de la Constitución, el cual dispone que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley; todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
En ese sentido, el Consejo de Secretarios de Estado carece de facultades para ordenar la publicación de un decreto de suspensión o prórroga de garantías constitucionales sin la debida autorización legislativa, lo que pone en entredicho la legalidad y validez formal de la medida adoptada.
Más de 8,000 personas perdieron la vida violentamente desde diciembre del 2022
En su evaluación del estado de excepción, el Conadeh advierte que la supuesta reducción de homicidios no constituye un indicador suficiente para justificar la continuidad de la medida implementada por el gobierno.
Se estima que desde que se puso en vigencia el estado de excepción el 6 de diciembre del 2022 a octubre del 2025, han perdido la vida en circunstancias violentas más de 8,000 personas de las cuales alrededor de 900 son mujeres.
Según el Conadeh, los delitos vinculados al crimen organizado no se limitan a la privación arbitraria de la vida, sino que incluyen otros fenómenos como la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por estructuras criminales, la trata de personas, el tráfico de migrantes y de armas, entre otros.
Además, la detención de personas, por parte de los agentes policiales, tampoco constituye por sí sola un indicador de éxito, pues resulta indispensable conocer cuántas de esas detenciones han derivado en sentencias condenatorias por actividades ilícitas propias del crimen organizado.
Desde que se puso en vigencia el estado de excepción a septiembre del 2025, el Conadeh atendió alrededor de 1,060 contra miembros de la Policía Nacional, de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entre otras, por suponerlos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El mantener el estado de excepción deja abierto el espacio para que se cometan violaciones a los derechos humanos constitutivos de delitos como ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de personas, advirtió el ente estatal.
En fecha reciente, el Conadeh presentó un informe con enfoque de género en el que señala que atendió quejas del maltrato que reciben las mujeres, niñas, adultos mayores, y personas con discapacidad, en el marco del estado de excepción. IR
