Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una Alerta Temprana en la que advierte a las diferentes instituciones del sistema de justicia de Honduras sobre acciones que estarían afectando, de manera significativa, los derechos humanos y las condiciones de vida en la comunidad indígena Lenca “Tierras del Padre”, luego de una orden de desalojo emitida por un Juzgado de Letras de Tegucigalpa.
– El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, ordenó la ejecución de un desalojo, en la comunidad indígena Lenca de “Tierras del Padre”, Municipio del Distrito Central, previsto para el 23 de noviembre próximo, a las 6:00 de la mañana.
El ente estatal recomendó, a los entes que conforman el sistema de justicia de Honduras que, al momento de emitir y dar cumplimiento a una resolución judicial, tomen en cuenta los compromisos internacionales que el Estado asumió en materia de derechos humanos y evitar que se violenten los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños.
La recomendación del Conadeh se da luego que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, ordenara, desde el pasado 26 de julio, la ejecución de un desalojo, en la comunidad indígena Lenca de “Tierras del Padre”, Municipio del Distrito Central, previsto para el 23 de noviembre próximo, a las 6:00 de la mañana.
El Juzgado en mención manda que se libre nota a la Policía Nacional y exigir la presencia de un número no menor de 1,000 elementos policiales y a la Policía Militar del Orden Público, para que se sirvan ordenar a quien corresponda prestar toda la colaboración requerida por el Juez Ejecutor.
El Conadeh emitió una Alerta Temprana en la que advierte al Ministerio Público, a la Policía Nacional, al Poder Judicial, al Congreso Nacional y a la población en general, sobre acciones que potencialmente estarían afectando de manera significativa los derechos humanos y las condiciones de vida de la comunidad indígena Lenca “Tierras del Padre”.
La Defensora del Pueblo, Blanca Izaguirre expresó su preocupación no sólo por la aparente falta de enfoque de derechos humanos que se ha planteado en ese caso, sino que por los riesgos que deriven del uso de la fuerza que se estarían implementando por orden judicial en la ejecución de la resolución emitida, que contempla explícitamente el involucramiento de la policía militar.
Resulta apremiante, para el Conadeh, referir la urgencia, ante un posible daño, grave e irreparable, que exige una respuesta pronta y efectiva por parte de las autoridades estatales, indicó.
Agregó que los efectos e impactos de una decisión judicial tienen un carácter múltiple y no deben analizarse desde un enfoque exclusivamente jurídico, sino también de protección e intercultural.
El Conadeh recomienda que se planteen mecanismos de protección que reduzcan y mitiguen de manera eficiente los impactos que puede tener cualquier decisión judicial sobre los derechos humanos y condiciones de vida de las personas de la comunidad “Tierras del Padre”.
Advirtió que se estaría poniendo en riesgo el derecho a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad personal, lo relativo a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, la propiedad comunal y las garantías judiciales, con lo cual se estarían violentando varios convenios internacionales suscritos y ratificados por Honduras.
Además, la forma en cómo se realice el desalojo determinará, en gran medida, la concurrencia de otras infracciones y los resultados propios del desalojo, si de este se derivan personas afectadas por el uso excesivo de la fuerza.
El Conadeh considera imprescindible que se observen, por parte del Estado, en especial por la institucionalidad judicial y de seguridad, todas las garantías fundamentales en el proceso que actualmente enfrenta la comunidad “Tierras del Padre” y se respeten íntegramente los derechos humanos y los estándares interamericanos y universales que sobre la materia se han desarrollado.
Advirtió que, aunque sea una resolución Judicial a favor del desalojo y éste se lleve a cabo de conformidad con la legislación nacional, pero se prescinde total o parcialmente de las normas internacionales de derechos humanos y las obligaciones del Estado, se estaría frente a un desalojo forzado.
El Conadeh instó a que se respete, de manera irrestricta, los derechos humanos a la vida y la integridad personal de los niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y en general, de toda la población de esa comunidad.
Recordó que el despliegue innecesario, desproporcional e irrazonable de agentes de seguridad pública en territorios indígenas, es considerada histórica y sistemáticamente una práctica intimidatoria y de represión que tiene, entre sus propósitos, el debilitamiento de las acciones de defensa de los derechos de propiedad comunal.
El 2 de junio de 2016, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra casi una decena líderes y miembros de la Comunidad de “Tierras del Padre” por la supuesta comisión del delito de usurpación en perjuicio de la Sociedad Inmobiliaria Siglo XXI.
En 2018, tras la celebración de audiencia inicial, se ordenó el inmediato desalojo de todo aquel que se encontrara ocupando el territorio en conflicto
El 8 de noviembre de 2018, los representantes procesales de las partes interpusieron los correspondientes recursos legales, declarándose con lugar, por un lado, el recurso de apelación interpuesto por la acusación privada y el Ministerio Público; y, por otro, declarándose sin lugar, el recurso interpuesto por la defensa privada. JS
