Colón arde entre la conflictividad, el narco y la impunidad

Tegucigalpa – Colon, un departamento tradicionalmente caliente, clave en el tráfico de drogas y reino en el reciente pasado del poderoso cartel de Los Cachiros, con una conflictividad social que data desde la época de la reforma agraria hasta la actualidad, marcada por los saqueos de sus recursos naturales y una violencia sin fin contra sus líderes ambientales.

En los últimos años las siembras de coca y marihuana de diversos tipos ha suplido en gran medida a los cultivos tradicionales, una tierra donde las armas oficialmente están prohibidas, lo que no impiden que sea una de las zonas con desbordada violencia, crímenes cometidos con armas pesadas.

El departamento caribeño consta de 10 municipios con una población estimada de 359 mil personas, de acuerdo al último censo de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Desde aquí la representación en el Congreso Nacional la desempeñan cuatro diputados, quienes no han podido empujar la eliminación del decreto 117-2012 que prohíbe la portación de armas.

Actualmente Colón vive un punto de ebullición cuando incluso anuncian el deseo de convertirse en un Estado separado junto a parte del extenso y también ingobernable departamento de Olancho.

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Es el cuarto departamento más grande de Honduras con 8 mil 249 kilómetros cuadrados, colinda con Olancho, Yoro, Gracias a Dios y Atlántida, considerados parte de la ruta del trasiego de drogas que viene desde el sur hacia el norte del continente.

La situación del caribeño Colón, muestra como la ingobernabilidad se va extendiendo en ciertas regiones del país. Este departamento igualmente fue mencionado en el narcovideo en el que apareció Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, acordando con capos de la droga la entrega de 650 mil dólares para la primera campaña electoral del Partido Libre en noviembre de 2013.

En aquella cita del 5 de noviembre de 2013, Carlón -como le llaman de cariño al cuñado de la mandataria hondureña- les dijo a los narcotraficantes que la mitad del dinero sería repartido entre Colón, Olancho y Santa Bárbara, mientras la otra mitad era para el comandante, en referencia a su hermano.

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Varios puntos del departamento de Colón fueron trancados por los manifestantes.

Nadie entra, nadie sale

Vitalino Álvarez.

Por enésima vez, un grupo de pobladores coloneños cerraron siete arterias viales de Colón en exigencia para que se derogue el decreto 117-2012 que prohíbe portar armas desde hace 12 años.

Este jueves los enardecidos pobladores cerraron siete puntos claves. No hubo acceso a Trujillo ni por la margen izquierda ni por la margen derecha, tampoco hubo salida hacia Olancho por el Corredor Agrícola, asimismo se bloqueó el sector de Planes en Puente Alto (Sonaguera) que conduce a Atlántida. Durante la protesta se destazaron reses para repartir entre los protestantes.

Tras nueve horas de tomas, más de una decena de agentes de la Policía Nacional desalojaron a varios manifestantes e incluso hubo heridos y vehículos dañados. No se descarta que este viernes sigan las manifestaciones en el caribeño departamento.

El portavoz de los campesinos y ganaderos en protesta, Vitalino Álvarez advirtió que a la clase política no le conviene echarse encima a todo un departamento. “Los estaríamos tratando de la misma manera porque nos han invisibilizado e ignorado por más de 15 años”.

La toma dejó millonarias pérdidas en la zona del Caribe.

Igualmente, la Cámara de Comercio e Industrias del Litoral Atlántico refuta que con el decreto que prohíbe la portación de armas no se ha logrado bajar las incidencias violentas en la zona.

“La ejecución de la medida de desarme ha dejado vulnerable a la población, sociedad civil y a quienes transitan por el departamento de Colón”, señala la Cámara de Comercio de la zona.

Piden derogar el decreto e implementar una operación efectiva a través de las instituciones policiales, militares y de inteligencia para contener la violencia que arrebata centenares de vidas todos los años, así como la usurpación de bienes que es una historia cotidiana en el departamento.

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Alcalde cuestionado

Varios escándalos han rondado al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, que recién apareció en el narcovideo junto a Carlos Zelaya.

Al edil Fúnez se le acusa -por parte del padre Carlos Orellana- como el responsable del asesinato del ambientalista Juan Antonio López, un hecho que ha conmocionado la sociedad e incluso a la cooperación internacional que exige prontas respuestas al suceso que privó de la vida del defensor del ambiente.

Juan López fue asesinado a balazos justamente en la tierra que defendía y en la que se mantiene vigente un decreto que no permite la portación de armas.

Fúnez ha negado su participación en el crimen, pero el partido del edil -Libre– guarda un cómplice silencio sobre el suceso por el que el Ministerio Público ya imputó a tres presuntos responsables.

La toma en Taujica, Tocoa.

Dos mil 314 homicidios en 12 años

Según los datos estadísticos de la Policía Nacional un total de dos mil 314 homicidios se han registrado en los últimos 12 años en ese departamento.

En 2013 se reportaron 244 homicidios, en 2014 sumaron 257, en 2015 se registraron 208, en 2016 un total de 169, en 2017 la cifra fue de 140, en 2018 sumaron 154 y en 2019 un total de 164.

Mientras que en el 2020 las muertes violentas fueron de 159, en 2021 un total de 222, en 2022 se registraron 244, en 2023 un total de 240 y en el presente año hasta el 8 de septiembre suman 113 homicidios.

En los últimos 12 años en ese departamento del país han sido asesinados 16 agentes policiales, algunos de estos en emboscadas de grupos criminales.

Las protestas se extienden en todo el departamento.

Estela de muertes y narcotráfico

El conflicto en el departamento de Colón ha dejado por años una estela de luto y dolor entre las familias, mayoría de las personas fallecidas en el Bajo Aguán por conflictos de tierras, ambientalistas, aunque también se cuentan entre las víctimas guardias de seguridad de privada de fincas que han sido invadidas por los labriegos, asimismo, por peleas de territorio de grupos criminales.

Los ambientalistas se oponían al desarrollo de un proyecto minero en el río Guapinol argumentando que perjudicaba el parque Carlos Escaleras.

Ese caribeño departamento se le considera la cuna del narcotráfico ante la incautación y aseguramiento de plantaciones de coca y marihuana.

Asimismo, el desmantelamiento de narcolaboratorios y capturas de capos, cuna de las organizaciones del hampa Los Cachiros y Montes Bobadilla.

El lunes 21 de agosto de 2023, fue lanzada la Operación Candado en el departamento de Colón con el objetivo de bajar los índices de criminalidad en esas zonas del país.

En ese momento, el ministro de seguridad, comisionado general Gustavo Sánchez Velásquez, lanzó la Operación Candado para ejecutar operaciones estratégicas especiales en puntos definidos contra grupos criminales y brindar seguridad a los ciudadanos.

Con más de 400 funcionarios de seguridad se intervienen diferentes sectores mediante patrullajes a pie, retenes fijos, saturaciones por medio de vehículos radiopatrulla y utilizando la herramienta del estado de excepción parcial. PD

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