Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) indicó este viernes que “existen elementos jurídicos y causales suficientes para un juicio político a la titular del Poder Ejecutivo, por realizar actuaciones que lesionan el interés nacional, atentando directamente contra el Estado de Honduras y la ciudadanía en general”.
A través de análisis titulado, «Juicio político a la titular del Poder Ejecutivo», el CNA insta a los diputados y diputadas del Congreso Nacional para realizar el trámite que en derecho corresponde.
El estudio recuerda que existen tres causales por las que pueden ser sometidos los altos funcionarios del Estado siendo estas: La denuncia grave en el desempeño de su cargo; realizar actuaciones contrarias a la Constitución o el interés nacional y la manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.
“El artículo 234 de la Constitución de la República contempla la figura del juicio político, aplicable a los altos funcionarios que realicen actuaciones contrarias al interés nacional”, señaló la organización no gubernamental.
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En el análisis se detalla que “el procedimiento realizado por parte de la presidencia de la República para denunciar el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos carece de fundamentación real, por lo tanto, no existe una causal válida que justifique dicho accionar más que la generación de impunidad dentro del territorio nacional”.
“Utilizar esta atribución para dar por terminado el tratado de extradición por parte de la titular del Poder Ejecutivo es exigua, ya que, en ningún momento se determinó de manera contundente la presunta amenaza contra la paz interior o ataque de agresión exterior debidamente motivado”, cita el escrito.
Agrega que más bien, “se esgrimió de su parte supuestos ataques de fuerzas internas y externas que buscan derrocar su gobierno, no así de la República dándole una connotación de carácter político más allá de la seguridad del Estado”.
En conclusión, señala el análisis presentado por el CNA, “más allá de la legalidad en el proceso de denuncia del tratado de extradición, las razones utilizadas por el gobierno de la República carecen de una motivación y ello, implica una evidente lesión a la buena fe con la que se aplicó el referido tratado de extradición como herramienta de cooperación internacional y consecuentemente”.
Asimismo, agrega que, “al establecer que su gobierno se encuentra en riesgo por presuntas amenazas sin que estas hayan sido debidamente acreditadas por encima del interés nacional en cuanto al combate de la criminalidad organizada, se lesiona gravemente la seguridad jurídica del Estado de Honduras”. VC
