El Consejo Nacional Anti-Corrupción, CNA, nació como una dependencia gubernamental durante la Administración Flores. No contaba con personalidad jurídica, y operaba con los fondos que le asignaba la Presidencia de la República. En efecto, se trataba de un conjunto de funcionarios del Poder Ejecutivo, encabezados por el Presidente de la República y varios Secretarios de Estado, así como de varias personalidades de la sociedad civil, seleccionadas por el Poder Ejecutivo. Durante la Administración Maduro eventualmente concluimos que si deseábamos combatir la corrupción era necesario transformar el CNA. La razón fundamental para ello radicaba en que la participación gubernamental en efecto implicaba que el sector público fuese juez y parte. Es evidente que el sector público estará permanente en una posición de conflicto de intereses. Por un lado, el deseo de combatir la corrupción y por otro su obsesión con controlar la opinión pública y proteger al gobierno de las frecuentes denuncias de corrupción por parte de algunos de sus funcionarios. Por esa razón concluimos que el país necesitaba un CNA independiente de los gobiernos. Un ente estrictamente de la sociedad civil. No obstante, entendiendo que la lucha contra la corrupción es un tema que nos beneficia a todos, nos parecía razonable que el Presupuesto General de la República incluyera una partida para parcialmente financiar las actividades del CNA. Se preveía que el resto del financiamiento provendría de otras organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, como en efecto ha ocurrido. Siendo, así las cosas, preparamos un proyecto de Ley que fue aprobado por el Congreso, y así nació el CNA que ahora conocemos. Si la memoria no me falla, eso ocurrió en 2005. El papel del CNA claramente es de denuncia. La función penal pública es competencia de la Fiscalía de la República. Es absurdo alegar inoperancia del CNA porque no se ha llevado a los tribunales a los señalados en sus denuncias, como también es ridículo argüir que la Secretaria Ejecutiva del CNA es funcionaria pública por los fondos que, por Ley, le transfiere el Poder Ejecutivo. Pero analicemos un poco más la situación y veamos si las actuales autoridades tienen razón en su cuestionamiento del CNA y de su Secretaria Ejecutiva.
Después de su transformación en 2005, el CNA comenzó un proceso de adaptación a su nueva estructura y mandato. Fue un proceso gradual, pero eventualmente fue adquiriendo más y más beligerancia con el nombramiento de Gabriela Castellanos como Secretaría Ejecutiva. El CNA comenzó a jugar un papel cada vez más relevante en las Administraciones Lobo y Hernández. De hecho, algunas personas se quejaron de lo que percibían como un sesgo del CNA al dedicarse a la denuncia de actos de supuesta corrupción por parte, casi exclusivamente, de personas identificadas con el Partido Nacional. Otros han criticado al CNA porque les parece que son dados a acusar sin pruebas, dañando la reputación de los señalados, a pesar de queestos nunca han sido llevados a los tribunales. A pesar de lo anterior, y de la molestia que le causaba a algunos de los mandatarios, ninguno de estos, hasta ahora, optó por amenazar con una convocatoria del Consejo Directivo del CNA para promover la destitución de la Secretaria Ejecutiva, o con la suspensión de la transferencia de fondos que por Ley deben hacer al CNA. Todo esto pese a que el gobierno no participa en el Consejo Directivo del CNA, pero entendemos que piensan que podría ejercer presión mediante algunas organizaciones de la sociedad civil que si integran el Consejo Directivo. Todos sabemos que este gobierno no vacila en recurrir a todos los medios a su alcance a fin de imponer su voluntad.
Todo esto ocurre en tanto una misión de la ONU ha estado en el país analizando la viabilidad de involucrarse en la CICIH. Para colmo de males han optado por atacar a la Representante Residente de la ONU porque ella, en un acto de solidaridad, acompañó a la Secretaria Ejecutiva del CNA en una comparecencia ante los medios de comunicación para informar que había decidido regresar al país para continuar la lucha contra la corrupción, pese a las amenazas que ha recibido. Esa comparecencia, y el acompañamiento en la misma por parte de dicha Representante, de Julieta Castellanos y Carlos Hernández, ha generado, por parte de las autoridades del gobierno, insultos, ataques, sorna y sarcasmo. En lugar de analizar el problema y atacar sus causas, se recurre, una vez más, a atacar a los mensajeros. Esta es una mala estrategia que solo profundiza nuestra polarización.
Es evidente que el CNA no es perfecto y que algunas de las críticas que ha recibido seguramente que son bien fundadas. No obstante, ha sido una valiosa herramienta en la incipiente lucha contra la corrupción. Lo lógico, lo sensato, sería apoyarlo para mejorarlo y fortalecerlo. Si las autoridades optan por buscar como debilitarlo, o peor aún, destruirlo, estarían causando un grave daño a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento institucional de nuestra nación. Es imposible creer que esta Administración está comprometida con la lucha contra la corrupción si busca neutralizar el CNA. Es igualmente difícil pensar que en esas circunstancias la ONU estará interesada en integrar la CICIH.
Por nuestra parte, debemos decidir si frente al ataque al CNA nos quedaremos callados. Recordemos la historia de la rana. Si se echa una rana a una olla con agua caliente, la rana saltará y se escapará. Si se echa en una olla con agua al tiempo, la rana se quedará allí, y luego puede calentarse gradualmente el agua, hasta que la rana queda cocinada. Si dejamos pasar los ataques a nuestras instituciones, particularmente aquellas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, porque nos parecen, por si solas, poco importantes, estamos sentando las bases para que calienten gradualmente el ambiente hasta quedar fritos. Hagamos saber nuestra opinión. La construcción de una vibrante democracia es tarea de todos. Hagamos nuestra parte.
