– Se autoriza a la Interventora a buscar un crédito con la banca privada para honrar el pago del décimo cuarto mes.
– Se ordena a las instituciones del Estado a pagar la factura telefónica con la estatal de telecomunicaciones.
La cifra para el pago del derecho laboral asciende a 106 millones de lempiras, por lo que se autoriza a la empresa a realizar la ejecución presupuestaria correspondiente.
Para los efectos del cumplir financieramente con el pago del décimo cuarto mes de salario, se autoriza a la Comisión Interventora a suscribir financiamiento con la banca privada nacional por el monto descrito hasta por un período de 12 meses, con opción a refinanciamiento, a ser respaldado con los bienes activos de la empresa, así como sus recaudaciones.
Además se autoriza a Hondutel para que mediante un procedimiento expedito, directo y previa autorización de la Dirección General de Bienes Nacionales, dependiente de la Secretaría de Finanzas, autorice en un plazo máximo de 45 días, la venta o arrendamiento de bienes inmuebles en desuso para la empresa y que no son útiles para su operación o inversión.
Para tal efecto la administración creará procedimientos de valoración técnica, y otros que garanticen la agilidad y conveniencia para la empresa estatal, mientras se ejecuta el Plan de Rescate Financiero de Hondutel.
En la Cámara estuvo presente el presidente de la Comisión Interventora, Jesús Castellanos, quien contestó pregunta de los parlamentarios.
Finalmente el decreto ordena que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dentro de los 10 días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este decreto, debe fijar una tasa simétrica de 0.015 centavos de dólar por minuto, en concepto de cargo de acceso, aplicable, tanto para las llamadas generadas en la red de un operador de telefonía móvil y terminadas en la red de telefonía fija de Hondutel, así como para las llamadas generadas en la red fija de Hondutel y terminadas en la red de un operador de telefonía móvil.
La tasa podrá ser revisada una vez concluido el período de implementación del Plan de Rescate Financiero de Hondutel.
El diputado presidente de la Comisión de Presupuesto del Legislativo, Francisco Rivera, agregó un artículo en el que se ordena a todas las instituciones públicas el pago obligatorio de la factura telefónica con la estatal de telecomunicaciones. Los que hicieran caso omiso de la medida se entablarán procesos legales y deberán pagar el costo del juicio, así como los intereses moratorios.
El decreto tiene vigencia por 18 meses a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
