El pronunciamiento surge luego que representantes de diferentes organismos de los derechos humanos cuestionaran el pasado 20 de julio, en la sesión de la CIDH , el papel del Estado para otorgar medidas de protección solicitadas por la CIDH en casos de extrema gravedad y urgencia.
La denuncia fue formulada el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
Los solicitantes expusieron que desde el año 2000 a la actualidad, la Comisión les ha otorgado siete medidas cautelares para proteger a más de 66 personas que son objeto de amenazas y en situación de riesgo, todas éstas vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Las organizaciones se quejaron que el “Estado no brinda la protección a la que se compromete y que pese a la existencia de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH , los beneficiarios continúan recibiendo amenazas y hostigamientos”.
Por otro lado, los beneficiarios de las medidas en varias es han tenido que cambiar de domicilio e incluso salir del país por la falta de protección de los órganos de seguridad.
Por otra parte, las investigaciones para encontrar y sancionar a los responsables de los hechos que dieron pie a las medidas de protección son ineficaces, denunciaron los organismos en un comunicado.
Las organizaciones solicitaron al Gobierno la creación de organismo especializado que se encargue de implementar las medidas cautelares y que éste cuente con recursos económicos y personal adecuado y suficiente.
También urgieron al Estado que capacite e instruya a sus agentes sobre lo que significan las medidas cautelares, su vinculación internacional y la vulnerabilidad de los beneficiarios.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron además que “agentes del Estado de manera pública deslegitiman su quehacer y cuestionan el otorgamiento de las medidas cautelares. Debido a esta situación solicitaron que se abstenga de realizar este tipo de acciones.
Sobre esta última denuncia, el comisionado de la CIDH Paolo Carozza expresó su preocupación por este hecho y advirtió a Honduras que esto no ayuda a la efectividad de las medidas de protección.
Carozza cerró la audiencia haciendo un llamado a los representantes del Estado hondureño a que “se abstengan de hacer este tipo de declaraciones, sino que además se tomen en consideración medidas que minimicen el impacto negativo de dichas declaraciones.”
Durante la audiencia, la CIDH le recordó al Estado que es necesaria la cooperación con los beneficiarios de las medidas cautelares y que esa cooperación requiere una mayor coherencia en la administración de las medidas.
