Tegucigalpa – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumplirá este viernes su primer año de mandato entre el optimismo por algunos logros sociales y políticos, y las críticas de la oposición y otros sectores que consideran que no ha cumplido con las promesas que hizo en campaña y al asumir el poder.
En la víspera, Castro dijo desde Argentina, adonde viajó el sábado pasado para asistir a la VII Cumbre de la Celac, que en su primer año en el poder ha sorteado una serie de obstáculos que han puesto a prueba su firme decisión de transformar su país.
PROBLEMAS INTERNOS EN SU PARTIDO
En un mensaje que ha sido reiterativo, la mandataria indicó que al asumir el poder, el 27 de enero de 2022, encontró un acelerado deterioro de las finanzas públicas en todas las esferas gubernamentales, un alto nivel de endeudamiento y una tragedia humana de más de seis millones de personas sometidas a la pobreza extrema.
«Puedo afirmar que Honduras estaba condenada al fracaso y la desarticulación de haber seguido por la senda que se nos arrastró durante los últimos trece años, entregando nuestro territorio con el proyecto de las Zede (Zonas Económicas de Desarrollo), las redes de corrupción público-privadas, los fraudes electorales, el narcotráfico y la privatización de las empresas públicas», recalcó.
Entre otros problemas que Castro dijo haber encontrado al llegar a la Presidencia de su país figuran una alta inflación y una incontrolada alza de los carburantes, «todo producto de la crisis capitalista que afecta a todos los pueblos del mundo entero».
Para 2023, Castro prevé la ejecución de más obra social y material y que se instale en el país una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, para lo que a finales de 2022 su Gobierno suscribió un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«No tenemos permiso para descansar hasta sentar las bases de un sistema justo, democrático y socialista», dijo la primera mujer hondureña que ha llegado a la Presidencia de su empobrecido país.
Castro es esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía, aunque eso no justificaba su derrocamiento.
Zelaya ahora es asesor de la presidenta, pero algunos sectores, principalmente de la oposición, por el protagonismo que tiene el expresidente, afirman que quien ejerce el poder es él.
El exmandatario también es el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), surgido en 2011 del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que se organizó tras el golpe de Estado a Zelaya.
El 27 de enero de 2022 Castro también rompió con un centenario bipartidismo en el Ejecutivo marcado por los ahora opositores partidos Nacional y Liberal.
Castro, ganadora de las elecciones de noviembre de 2021 tras una alianza en la fórmula presidencial con el minoritario Partido Salvador de Honduras (PSH), sucedió en el poder a Juan Orlando Hernández, quien en abril de 2022 fue entregado en extradición a EE.UU., donde enfrenta juicio por narcotráfico y uso de armas.
Su mandato no ha sido fácil, no solo por los problemas económicos y sociales que heredó, sino por otros de índole político, como una confrontación interna en el partido Libre, con un movimiento interno que quería presidir el Parlamento, cuya presidencia, por un acuerdo con el PSH, ya estaba comprometida.
El presidente del Parlamento, Luis Redondo, del PSH, fue electo de una manera abrupta y su cargo no lo reconocen la bancada del Partido Nacional y otros sectores.
SIN ACUERDO PARA ELEGIR NUEVOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO
La elección del titular del Parlamento dio pie para que el juramento de Castro como presidenta del país no lo tomara Redondo, sino la jueza Karla Romero.
Castro también ha enfrentado, desde la primera semana de su mandato, múltiples protestas en las calles de activistas de base del partido Libre exigiendo un empleo en el Gobierno, alegando que tienen derecho porque contribuyeron a que ella llegara al poder.
Esa situación ha sido difícil en un país de 10 millones de habitantes, de los que alrededor de 3,3 millones son afectados por el desempleo, según fuentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que además señalan que la pobreza afecta al 75 % de la población.
En lo político, el país centroamericano también se está viendo afectado, además, por la falta de consenso en el Parlamento para elegir los quince nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030.
Las principales fuerzas de oposición no quieren ceder a las aspiraciones del partido Libre de ejercer control también en la CSJ, la que en los últimos trece años ha estado controlada por el Partido Nacional con ocho magistrados, y el Partido Liberal con siete.
El miércoles, cuando debieron ser electos los nuevos magistrados, no hubo consenso, pero eso no altera el orden porque los diputados tienen hasta el 11 de febrero para llegar a acuerdos, en un país donde los poderes Legislativo y Judicial, no gozan de credibilidad, no de ahora. JS
