Tegucigalpa – El juez que conoce la causa dictó detencion judicial a la exmodelo Ilsa Vanessa Molina, acusada por el delito de lavado de activos en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Molina compareció en audiencia de imputada ante el juez con jurisdicción nacional.
La imputada fue remitida al Primer Batallón de Infantería en Tegucigalpa, donde guardará prisión, sin embargo, las autoridades militares indicaron que no hay espacio en el lugar, por lo que será remitida a la cárcel de mujeres ubicada en Támara, Francisco Morazán, informó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo.
La exmodelo continúa en los tribunales capitalinos.
El juez estableció para el lunes 27 de junio a las 9:00 de la mañana la audiencia inicial.
Molina fue trasladada anoche hasta los tribunales de justicia capitalinos donde pernoctó en una celda de los juzgados de lo penal a la espera de la audiencia.
El Ministerio Público, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) pidió detención judicial contra Molina, quien es acusada por el delito de lavado de activos al recibir un pago de 9.2 millones de lempiras en concepto de contratos de suministro de productos médicos, los cuales no fueron entregados a la entidad cuando fungió como gerente de la empresa de maletín Inversiones y Equipos Médicos (Insumedic).
Molina llegó alrededor de las 2:00 de la tarde al aeropuerto internacional de San Pedro Sula, luego que fuera deportada en un vuelo donde llegan los migrantes deportados desde Estados Unidos, país donde permaneció un año y cinco meses a la espera de obtener un asilo político, el que nunca llegó.
Luego de ser aprehendida en el aeropuerto sampedrano, Molina fue trasladada a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en la colonia San Carlos de Tegucigalpa, donde llegó anoche bajo un fuerte resguardo policial y militar y en medio de un espectáculo mediático y posteriormente fue enviada a los tribunales capitalinos.
El apoderad legal de la exmodelo, Héctor Durán, manifestó que no sabe aún si pedirá un procedimiento abreviado en este caso, lo que le permitiría a Molina una reducción de la pena que podría ser de entre 15 y 20 años si la Fiscalía lograr acreditar el delito de lavado de activos.
