Tegucigalpa – En las 24 cárceles hondureñas habitan más de 12 mil reos. En algunas de ellas en una pequeña celda se albergan hasta 200 privados de libertad. Casi todos son presidios deplorables, ruinosos, donde la vida y la muerte casi tienen la misma equivalencia.
– Por más anillos de seguridad que se anuncien los reclusos siempre en encuentran como sortearlos.
– Los motines son usuales en las cárceles de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
– Este 24 de septiembre se celebra el Día Mundial del Reo.
– En los últimos 30 meses, alrededor de 435 privados de libertad han muerto en cárceles hondureñas.
En ellas los internos viven o subsisten. Son tantos los que se forman en el crimen, mientras no faltan los que penan y ansían la dignidad mínima y claman por un juicio que nunca llega.
Las culpas de la problemática compleja son variadas, van desde las gubernamentales, sociales hasta las distribuidas entre una variedad de actores entre los que un papel preponderante lo tienen las compañías de telefonía móvil que siguen indiferentes a su responsabilidad.
El escenario de las cárceles en este país centroamericano pasa por temas como la inseguridad y las fugas.
Las fugas
La reciente huida de tres reos de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Támara, la cárcel más grande de Honduras, ha dejado al descubierto que pese a los anillos de seguridad que mantienen los militares, el problema de la ingobernabilidad y el desorden en los centros penales del país no termina.
Las medidas parecen no corresponder a la realidad carcelaria. El pasado 5 de agosto, luego de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el ministro de Seguridad Arturo Corrales, leyó el acuerdo para instaurar dos anillos de seguridad totalmente independientes uno del otro en las cárceles de Tegucigalpa y San Pedro Sula y además un estricto control de llamadas telefónicas.
En la operación se incluyeron perros especializados en detectar contrabando de dinero, explosivos, armas y drogas.
Pero el pasado 3 de agosto, ni 24 horas habían transcurrido desde que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) hacía una
nueva advertencia sobre las condiciones en los centros penales del país, cuando la sombra de la violencia volvía a rondar los pasillos de la Penitenciaría Nacional. Una revuelta entre miembros de la Mara 18 y los denominados “paisas”, que son los reos que no pertenecen a ninguna pandilla, que incluyó disparos de fusiles AK-47 y hasta la detonación de una granada de alto poder, dejó como resultado tres personas muertas y seis heridos.
La acción obligó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a ordenar la instauración de anillos externos de seguridad en las cárceles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero sorprendentemente, como un desafío o una afrenta, el pasado 10 de septiembre, tres reos tuvieron la osadía de fugarse, lo que ha generado la frustración del ministro de Defensa, Marlon Pascua quien ha dicho que “es un poco difícil ya que lo que hemos tenido es un desorden dentro de la Penitenciaría Nacional; en este caso las fuerzas militares tienen anillos de seguridad en la parte externa, pero lo que sucede dentro de la penitenciaría o sea quien sale por las puertas de la penitenciaría o escapa de la penitenciaría ya no es responsabilidad nuestra; en este caso, si se pasó por la seguridad de los anillos sin que haya sido detectado, nosotros hemos deducido las responsabilidades y de inmediato se inició un proceso de investigación para determinar qué es lo que sucedió”, advirtió.
El funcionario admitió que aún falta mucho en el tema de seguridad para poder controlar la gobernabilidad dentro de las cárceles “porque hay un desorden en los centros penitenciarios”.
Necesidad de infraestructura adecuada
El ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, recordó que los internos están en hangares o mesones en donde permanecen entre 50 y hasta 200 reos y eso hace imposible que la autoridad pueda tener control sobre ellos, sin dejar de lado el hacinamiento y la precariedad de su convivencia.
“El principal problema, es el diseño de la infraestructura y en segundo lugar, la sobrepoblación que hace imposible que la autoridad realmente tenga control y entonces suceden las cosas que han venido sucediendo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, El Porvenir, La Ceiba, y esto lamentablemente provoca tragedias”, señaló Madrid.
El funcionario recalcó que el sistema penitenciario hondureño está colapsado, tal como lo estableció a inicios de agosto pasado el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, quien concluyó que el sistema carcelario del país, es deshumanizado, paupérrimo y corrupto.
“Centros penitenciarios tenemos, tenemos 24, pero de esa cantidad, 22 no sirven porque eran cuarteles de la Policía construidos hace 200 años que hoy deberían ser museos y deberían estar prestando otro servicio a las comunidades donde están instalados”, criticó Madrid.
En contra de las mega cárceles
Por su parte, representantes del Comité Nacional Contra la Tortura (Conaprev), le han pedido al presidente Porfirio Lobo, que en lugar de construir dos mega cárceles, como se aprobó en el Congreso Nacional, se debe mejorar la situación y las condiciones en los 24 centros penitenciarios existentes ya que no existe control de parte de las autoridades en los mismos.
Además, plantean trasladar los centros penales del barrio Inglés en La Ceiba, el de La Esperanza, Intibucá y el de Santa Bárbara para evitar una nueva tragedia carcelaria en el país.
La representante del Conaprev, Odalis Nájera, expresó que “yo no le apuesto realmente a las mega cárceles, yo estoy en contra de las mega cárceles, porque si Honduras ha sido incapaz de controlar cárceles relativamente pequeñas con mucha mayor razón para que pueda ejercer gobierno y control y mega cárceles”.
Cárceles son bodegas de seres humanos
Para el analista Raúl Pineda Alvarado, el problema es que las cárceles hondureñas se han convertido en “bodegas de seres humanos” y no en centros de rehabilitación con el agravante que en dos años la población penitenciaria va a aumentar en un 50 por ciento lo que generará una explosión carcelaria.
En ese sentido, recomendó que el gobierno debe comenzar a sacar a los privados de libertad que superan los 75 años de edad, lo mismo que a los cuadraplejicos que ya no pueden movilizarse por sí mismos y una serie de personas que nunca debieron estar en la cárcel.
Criticó que las cárceles se han convertido en una matriz y una fuente generadora de criminalidad y de violencia, ya que un interno primario que ingresa a un centro penal, tiene que comportarse con violencia y como delincuente, si quiere sobrevivir y una persona de 86 años que está recluida ya no representa un peligro para la sociedad y hay mucha gente que sobrepasa los 70 años que está interna en los centros penales de Honduras.
Cárceles son escuelas del crimen
Para el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras Alberto Solórzano, es urgente revisar el tema de los centros penitenciarios ya que ahí no hay un control y se convierten en zonas peligrosas por el hacinamiento a lo que se le suma que los internos pasan en ocio.
Recomendó que antes de que se construyan las mega cárceles en Santa Bárbara y El Paraíso, se debe trabajar con los actuales centros penales, no sólo para mejorar las condiciones de los internos sino para insertar en el contexto de esos centros verdaderos programas de rehabilitación y reinserción.
“Qué es lo que pasa ahí, que algunas personas llegan medio delincuentes y terminan peor, porque se llegan a encontrar en ese mismo lugar, el centro penal, con personas que los capacitan para que salir a ser delincuentes de otro calibre”, señaló.
Dijo que le sorprende ver cómo aunque se hacen operativos donde se decomisan armas, drogas y hasta granadas, luego se vuelven a encontrar ese tipo de artículos, por lo que la pregunta que surge es “¿cómo es posible que no se tomen decisiones?, y esperamos que el gobierno tome decisiones respecto a los centros penitenciarios para mejorarlos y trabajar seria y responsablemente ahí”.
Arguyó que el problema en las cárceles hondureños deriva de la gobernabilidad de las autoridades hacia lo interno y del hacinamiento que provoca que los internos entren en desesperación.
Problemas con el presupuesto y con las llamadas
Pero el problema de las cárceles hondureñas es más profundo aún, pues según el director de Centros Penales, Santos Simeón Flores Reyes, no se dispone de presupuesto dejando así asfixiadas a las nuevas autoridades.
Para Flores aunque interinamente él es el responsable del manejo de los reos, carece de presupuesto para el traslado de personal desde y hacia los tribunales de justicia. “Y después que tengo combustible, no tengo llantas y después que no tengo llantas, los compañeros de seguridad penitenciaria molestos porque se les tardó como cinco días el pago, quiere decir que son compañeros que no están compenetrados del trabajo, que deben aportar una cuota de sacrificio”, lamentó.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Marlon Pascua, lamentó que desde los centros penales se sigan cometiendo delitos a través de llamadas desde teléfonos móviles, pese a que hay un compromiso de parte de las operadoras para bloquear el servicio en las cárceles.
“Se está trabajando en tomar acciones o medidas adicionales para que la labor que desarrollan en este caso, los miembros de las Fuerzas Armadas en los anillos externos, den resultados más positivos, por lo que nos corresponde a nosotros es la seguridad externa”, indicó el funcionario.
Recalcó que la seguridad en las cárceles no solamente es responsabilidad del gobierno y en ese sentido, uno de los problemas que está afectando, es el tema de las comunicaciones. “Casi todos los delitos que se están cometiendo de extorsión, secuestros y asaltos, vienen dirigidos desde adentro de los centros penitenciarios y han sido dirigidos porque ellos tienen acceso a comunicarse desde el interior y en este caso, se permite porque las compañías de celulares que son las encargadas, no han tomado las acciones necesarias para bloquear la señal de celular hacia los centros penitenciarios”, criticó.
Recordó que hace unos meses, sostuvo una reunión con los operadores de telefonía móvil donde se les hizo hincapié que era necesario que bloquearan la señal hacia los centros penitenciarios, ellos se comprometieron, incluso uno de ellos asistió a una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, les dijo que el servicio ya se había suspendido, pero la sorpresa es que continúa ofreciéndose el servicio en las cárceles.
