Tegucigalpa – El cambio climático merma el goce efectivo de al menos una decena de derechos humanos en Honduras.
En ese orden, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) presentó hoy un informe especial que pone al “desnudo” la crítica realidad que vive el país con el cambio climático lo que se constituye en una creciente amenaza que afecta el goce efectivo de, al menos, una decena de derechos humanos, principalmente de las personas que viven en condición de vulnerabilidad.
El informe especial sobre “Cambio Climático y Derechos Humanos en Honduras”, que contó con el apoyo del Instituto Danés de Derechos Humanos, revela que, tanto las mujeres, como los pueblos indígenas y afrohondureños y las comunidades en situación de pobreza, siguen siendo marginadas en las políticas públicas sobre cambio climático.
El cambio climático se constituye en una amenaza creciente para el goce efectivo de los derechos humanos en Honduras, especialmente para las poblaciones más vulnerables que, al final, son las que enfrentan de manera desproporcionada sus efectos, dijo el delegado Adjunto del Conadeh, Ricardo López.
Agregó que los impactos del cambio climático agravan las desigualdades existentes y limitan el acceso a derechos fundamentales, como la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la seguridad, el acceso a la información y a la justicia ambiental.
Este fenómeno global no solo amenaza el entorno natural, sino que también afecta profundamente los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las comunidades más vulnerables, reiteró.
Honduras, un país con una alta exposición a fenómenos climáticos extremos como huracanes, sequías y deslizamientos de tierra, se enfrenta a desafíos complejos en cuanto a la protección y garantía de los derechos humanos de su población.
Ojalá que el informe contribuya a que las instituciones del Estado, las autoridades y la sociedad, en general, tomen más conciencia sobre los efectos del cambio climático y las consecuencias graves que tiene sobre las personas en el territorio nacional, expresó.
Desastres naturales
Por su parte, Frank Cruz, coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y afro-hondureños del Conadeh explicó que el derecho a la vida se ve directamente amenazado por eventos climáticos extremos, que provocan la pérdida de vidas humanas y generan desplazamientos forzados internos.
Agregó que derechos como el de la alimentación y la salud se ven comprometidos por la escasez de recursos naturales, como el agua potable y los alimentos, además de la propagación de enfermedades relacionadas con el cambio climático.
Indicó que el derecho al agua es particularmente vulnerable en un país donde muchas comunidades dependen de fuentes de agua que se ven afectadas por la contaminación y la variabilidad climática.
En lo que respecta al derecho a la vivienda señaló que se ve afectado por la destrucción de infraestructuras a causa de fenómenos climáticos, desplazando a miles de personas y creando condiciones de hacinamiento y pobreza.
La seguridad y libertad personal también corren riesgos, ya que los desastres naturales generan situaciones de vulnerabilidad y violencia, especialmente hacia las poblaciones más desfavorecidas, como mujeres, niños y comunidades indígenas.
Mencionó que el derecho de acceso a información y la participación, son esenciales para que las personas puedan involucrarse en la toma de decisiones sobre políticas climáticas y acciones de mitigación y adaptación, sin embargo, las comunidades más afectadas, a menudo, carecen de los mecanismos adecuados para expresarse o acceder a información relevante.
Mujeres defensoras del ambiente enfrentan amenazas
El informe del Conadeh concluye que, es urgente adoptar medidas integrales y sostenibles, garantizando la justicia climática y la resiliencia comunitaria.
Además, que el Estado debe asegurar el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación en la toma de decisiones, la protección del derecho a la reunión pacífica y el acceso a recursos efectivos de justicia ambiental, como elementos esenciales para la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática, presente en Honduras.
También enfatiza que la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, persiste, lo que frena el acceso a la justicia climática y ambiental. Además, que la falta de mecanismos judiciales eficaces y la corrupción institucional son barreras importantes para que las víctimas reciban reparación y justicia.
Los defensores de los derechos ambientales, en especial las mujeres, enfrentan amenazas, violencia e intimidación, frente a lo cual, el Estado no ha logrado proporcionar la protección adecuada para que estas personas puedan trabajar de manera segura y efectiva en la lucha por la justicia climática y la defensa de los recursos naturales.
En este orden, el representante regional para América Latina y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos Álvaro Amaya, declaró que se requieren acciones urgentes para prevenir las tendencias climatológicas que afectan a las poblaciones más vulnerables en el país. (RO)
