Tegucigalpa – La justicia de Estados Unidos impuso, la tarde de este martes, cadena perpetua más 30 años de cárcel para el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado (41), condenado culpable por varios delitos de narcotráfico.
– Hernández podrá apelar la decisión judicial, recordó el juez Castel previo a la lectura de sentencia.
– Se solicitó además la expropiación de bienes valorados en 138 millones de dólares.
El juez Kevin Castel fue el encargado de notificar la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, donde se celebró el juicio en octubre de 2019.
«Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida», dijo el juez Kevin Castel.
Después de retratar a Tony Hernández como un facilitador para el transporte de la droga de otros capos del narcotráfico, se apuntó que tenía un laboratorio de cocaína en Colombia. “Es de buena familia, viste bien y tiene una gran sonrisa”, dijo el juez previó a leer la sentencia.
Remarcó que Tony vendió protección en representación del gobierno de Honduras a poderosos capos, incluidos al mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Los ingresos de Juan Antonio Hernández se estiman en 148 millones de dólares, se escuchó en la sala durante la lectura de sentencia. Es responsable, además de varios asesinatos, dijo Castel.
Tony Hernández llegó a la sala vestido con un traje azul de prisión en horas del mediodía en Honduras, 2:00 de la tarde de New York.
Habla Tony
El ahora sentenciado hizo uso de la palabra cuando el juez Castel se la otorgó. Describió que le envió dos cartas y se quejó que no tuvo tiempo de hablar con su abogado previo a la sentencia de este día.
Narró que apenas habló dos veces y desconocía que hoy sería la lectura de sentencia.
Agregó que hasta hoy tuvo la oportunidad de estar frente a frente con el abogado Peter Brill, sin embargo “mi sorpresa es que en las noticias escucho que la sentencia sería este día. Lo que me sorprende es que le dije: “abogado cómo vamos a hacer con las violaciones Brady’… lo que pido es mi derecho que este país me está dando, así como me está juzgando”.
Dijo que el propio abogado Brill le confió que fue contratado para su sentencia y no para otra cosa, “me dio a entender que él los errores de otros abogados no los iba a corregir”.
Puntualizó que “me sentía traicionado por el derecho que este país me da en la sexta enmienda”.
Tony Hernández señaló que el año 2020, por la pandemia de COVID-19, fue difícil para avanzar en el tema legal que le compete. “Me siento engañado cuando asumía que estaba revisando notas de las personas que se mencionaron en el juicio. Cuál es la premura, le dije al abogado ayer, de sentenciarme cuando usted me dijo que tenía trabajo qué hacer. Es duro confiar en un abogado, que no sé qué ocupaciones puede tener, cuando sé que vengo a decidir el futuro de mis próximos 40 años, traté de hacerlo con la antelación debida, en una de sus cartas que él escribe a la corte deja entrever que pasa pendiente de las redes sociales cuando dice que yo no soy una persona bien querida en las redes sociales”, explicó ante el juez Castel.
Resumió que en todo momento pretendió que se revisaran las violaciones Brady y que se lo comunicó a su abogado desde inicios de este año e incluso lo explicaba en las cartas que envió al juez Castel hace unas semanas.
Juez niega violaciones en juicio
Luego de la participación de Hernández, el juez Castel dijo que no encontró ningún tipo de violación en este caso específico y lo acusó de mentir esta tarde. “Si hubo una violación Brady lo vas a tener que demostrar, la buena noticia es que puede apelar cualquier sentencia en relación a este caso”, manifestó el juez.
Ahondó que la política federal establece que los individuos deben recibir sentencia después que el jurado dicta su veredicto.
Recordó que pese a que la sentencia debió hacerse hace mucho tiempo no se hizo por el año pandemia, al tiempo que adicionó que nunca en su caso como juez una sentencia había sido retrasada por tanto tiempo (un año y cinco meses).
Castell volvió a negar que existieran violaciones Brady en este caso específico.
Tony no muestra arrepentimiento: Fiscalía
Luego, siguió la participación de la Fiscalía, que insistió el proceso contra Hernández incluyó decenas de toneladas de cocaína que fueron introducidas a EEUU.
La Fiscalía apuntó que Honduras es uno de los países claves para el paso de las drogas desde el sur del continente americano hasta EEUU. Asimismo, es una de las naciones más violentas del mundo.
Cuando Tony Hernández, en 2016 vino a EEUU, tuvo la audacia de decir ante fiscales que nunca tuvo negocios con Devis Leonel Rivera, líder de Los Cachiros, relató el fiscal Matthew Laroche.
“Hernández no toma ningún tipo de remordimientos y eso lo demuestra hoy, es una conducta vergonzosa por parte de él”, acusó la Fiscalía.
Insistieron en señalar al presidente Juan Orlando Hernández como una pieza clave para que Tony mandara decenas de toneladas de droga hacia EEUU.
“Él es un personaje malo y junto a su hermano fueron el centro del tráfico de drogas, ambos usaron protección de las autoridades de su país”, sentenció el fiscal.
Los fiscales acusaron al hermano del presidente Hernández de operar durante 15 años una red de transporte de “al menos 185 mil kilogramos de cocaína” y corromper en el camino las instituciones hondureñas.
La sentencia despertó muchas expectativas en Honduras, desde donde se siguió minuto a minuto el evento que derivó en la privación de libertad de por vida para el hermano del gobernante Juan Orlando Hernández.
Varios medios hondureños se desplazaron a Nueva York para llevar en directo la decisión del juez Castell. Igualmente decenas de hondureños se congregaron en las afueras de la Corte del Distrito Sur para celebrar el acontecimiento.
Más temprano, el presidente Juan Orlando Hernández manifestó que la noticia que se esperaba desde Nueva York en relación a la sentencia de su hermano Juan Antonio Hernández iba a ser dolorosa para toda la familia.
“Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal ‘cooperador’ de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA como una mentira?”, manifestó Hernández horas antes en su cuenta oficial de Twitter.
PD
El excongresista hondureño Tony Hernández sentenciado a cadena perpetua y condenado a perder $ 138,5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas
Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; Aseguró millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras; y Tw coordinado
Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy C. Woolcock, Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron hoy que JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ ALVARADO , alias “Tony Hernández” (“HERNÁNDEZ”) fue condenado a cadena perpetua por los delitos de importación de cocaína, armas y falsa declaración. HERNÁNDEZ es un excongresista hondureño y hermano de Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras. HERNÁNDEZ fue condenado el 18 de octubre de 2019, luego de un juicio con jurado ante el juez federal de distrito P. Kevin Castel, quien también impuso la sentencia de hoy.
La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos. Hernández sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger los cargamentos de drogas, arreglados para seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua ”.
La agente especial a cargo Wendy C. Woolcock dijo: “Explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentar la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país. Tan importante como es esta convicción para el pueblo de los Estados Unidos, también es importante para los ciudadanos de Honduras a quienes Hernández intencionalmente puso en peligro para su propio beneficio personal. La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible ”.
Como se refleja en la acusación sustitutiva, otras presentaciones en la corte federal de Manhattan, evidencia en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales:
HERNÁNDEZ jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, HERNÁNDEZ fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. HERNÁNDEZ estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos. HERNÁNDEZ ganó al menos $ 138.5 millones a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia de hoy.
Conducta del narcotráfico de Hernández
La carrera de narcotraficante de HERNÁNDEZ comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo», y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias » Don H. ” HERNÁNDEZ proporcionó a Díaz Morales información sobre, entre otras cosas, las operaciones de la Armada de Honduras; los esfuerzos de los Estados Unidos para capacitar a los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para que vuelen de noche para realizar operaciones antinarcóticos; capacidades de radar militar para que los envíos de aviones de cocaína pudieran evitar ser detectados; y esfuerzos de interdicción por parte de algunos oficiales de la Policía Nacional de Honduras. A lo largo de su relación, HERNÁNDEZ ayudó a Fernández Rosa y Díaz Morales a distribuir aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína.
Para 2008, el narcotráfico de HERNÁNDEZ se había expandido y también estaba fabricando su propia cocaína en un laboratorio que controlaba cerca de El Aceitico, Colombia. HERNÁNDEZ les dijo a sus co-conspiradores que parte de la cocaína fabricada en su laboratorio estaba sellada con sus iniciales “TH” y una fotografía de un kilogramo de cocaína sellada con “TH” fue interceptada durante el curso de la investigación. HERNÁNDEZ suministró a sus co-conspiradores toneladas de cocaína que se producía en su laboratorio.
A partir de 2008, HERNÁNDEZ se asoció con Amilcar Alexander Ardon Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. El testimonio en el juicio estableció que HERNÁNDEZ y Ardon Soriano obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En relación con las elecciones nacionales de 2009, los sobornos contra el tráfico de drogas pagados a cambio de protección incluyeron: (i) Ardon Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la campaña presidencial de Lobo Sosa y la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández para un puesto en el Congreso de Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a HERNÁNDEZ para apoyar las campañas del Partido Nacional;
Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010. HERNÁNDEZ, Ardón Soriano y sus co-conspiradores, incluido el coacusado Mario José Calix Hernández, teniente de alcalde hondureño, y el coacusado Mauricio Hernández Pineda, entonces miembro de la La Policía Nacional de Honduras y primo de HERNÁNDEZ, aprovecharon la protección del Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína. Una o dos veces al mes en 2010, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína a Ardon Soriano de aproximadamente 300 kilogramos; y una vez al mes en 2011 y 2012, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína marítima a Ardon Soriano de entre 700 y 1.600 kilogramos.
En 2013, HERNÁNDEZ estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardon Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También durante la campaña de 2013, HERNÁNDEZ aceptó $ 1 millón del exlíder del Cartel de Sinaloa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “Chapo”, para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. Durante las reuniones con el Chapo en Honduras, HERNÁNDEZ prometió brindar protección a los miembros de su conspiración y sus envíos de cocaína a través del territorio hondureño si Juan Orlando Hernández era elegido presidente.
En noviembre de 2013, HERNÁNDEZ fue elegido para el congreso hondureño y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente. Entre 2015 y 2017, según el testimonio del juicio, HERNÁNDEZ y Juan Orlando Hernández continuaron obteniendo grandes sumas de las ganancias de las drogas para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes. Por ejemplo, hubo testimonio en el juicio de que aproximadamente seis meses antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2017, HERNÁNDEZ y Juan Orlando Hernández se reunieron con Ardon Soriano en Copán, Honduras. Durante esa reunión, HERNÁNDEZ y Juan Orlando Hernández solicitaron $ 500.000 y 1,6 millones de Lempira en ingresos de la droga de Ardon Soriano para “financiar” la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira.
En 2018, HERNÁNDEZ continuó participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño. Las autoridades hondureñas arrestaron y detuvieron a López Sanabria en relación con un incidente de tránsito y recuperaron, entre otras cosas, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con HERNÁNDEZ. Al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados por la policía hondureña en 2018 contenía referencias a «JOH», iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, como se describe a continuación, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de HERNÁNDEZ.
Posesión de armas y actos de violencia de Hernández
HERNÁNDEZ utilizó armas de fuego en todo su tráfico de drogas. Las armas personales de HERNÁNDEZ incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, “Presidente de la República”, y una ametralladora de cinta M60. HERNÁNDEZ también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes. En 2010, Díaz Morales obtuvo entre 4.000 y 6.000 cartuchos de munición de rifle de asalto de un miembro de la Policía Nacional de Honduras que le dijo a Díaz Morales que obtuvo las municiones de HERNÁNDEZ. En 2012, HERNÁNDEZ entregó 40 M16 a otro narcotraficante.
HERNÁNDEZ también coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. En 2011, HERNÁNDEZ y Ardon Soriano provocaron el asesinato de un narcotraficante rival llamado Franklin Arita en el departamento de Copán. HERNÁNDEZ ordenó a Juan Carlos “Tigre” Bonilla Valladares, el jefe regional de la Policía Nacional Hondureña responsable del departamento de Copán en ese momento, que dispusiera el asesinato de Arita, que fue ejecutado por sicarios utilizando dos lanzagranadas de 40 milímetros, M16 y de fabricación israelí. Rifles de asalto Galil. En 2013, HERNÁNDEZ trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardon Soriano, para asesinar a un narcotraficante llamado Chino porque a HERNÁNDEZ le preocupaba que Chino pudiera cooperar con la policía.
La obstrucción de Hernández y otros esfuerzos para influir en la investigación
HERNÁNDEZ realizó declaraciones falsas a las fuerzas del orden y la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento, y obstruyó la justicia. HERNÁNDEZ (i) viajó a Estados Unidos en 2016 e hizo declaraciones falsas a las fuerzas del orden sobre sus actividades de tráfico de drogas; (ii) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; (iii) hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y (iv) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.
Ocho días después de que el jurado declarara culpable a HERNÁNDEZ, el 26 de octubre de 2019, López Sanabria -el narcotraficante a quien se le confiscaron los libros de contabilidad con el nombre de HERNÁNDEZ y las iniciales de Juan Orlando Hernández- fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras. Los abogados de López Sanabria confirmaron a los medios que: uno de los familiares de HERNÁNDEZ y un investigador contratado por la familia de HERNÁNDEZ habían realizado visitas no autorizadas a López Sanabria antes del juicio de HERNÁNDEZ; López Sanabria había rechazado sus esfuerzos por obtener información sobre si estaba cooperando con la DEA; y López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y HERNÁNDEZ. El video de vigilancia filtrado del asesinato muestra a López Sanabria hablando con el alcaide de la instalación, Pedro Ildefonso Armas, mientras un hombre enmascarado pasa y abre una puerta cercana. Varios individuos que se cree que son prisioneros luego asaltan la puerta y disparan y apuñalan a López Sanabria hasta la muerte. El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, un grupo de pistoleros desconocidos en motocicletas asesinó a Ildefenso Armas, el alcaide de la instalación en la que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa.
Coconspiradores de Hernández
El 8 de agosto de 2019 Fernández Rosa fue condenado en este Distrito a cadena perpetua por, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de HERNÁNDEZ y por cometer 18 asesinatos. Varios de los otros co-conspiradores de HERNÁNDEZ, incluidos, entre otros, Hernández Pineda, Calix Hernández, Bonilla Valladares, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Angel Urbina Soto, también están imputados en este Distrito por delitos de armas de fuego y narcotráfico con base en sobre, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de HERNÁNDEZ. El 12 de febrero de 2020 Hernández Pineda se rindió en este Distrito y se encuentra a la espera de juicio. El 22 de marzo de 2021, el coacusado y cómplice de HERNÁNDEZ, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en juicio en este Distrito por delitos de tráfico de drogas y armas.
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Además de la pena de prisión, HERNÁNDEZ, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.
La Sra. Strauss elogió los esfuerzos sobresalientes de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York de la OCDETF y la Oficina de País de Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Este esfuerzo es parte de una operación de las Fuerzas de Trabajo de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF). La OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia. Puede encontrar información adicional sobre el programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF .
Este caso está a cargo de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew Laroche y Jason A. Richman están a cargo de la acusación.
