Paul Senseman, un portavoz de Brewer, dijo que el Gobierno de Arizona pedirá hoy al noveno tribunal de apelaciones que revoque el dictamen de Bolton y agilice su revisión del caso.
Brewer, que busca la reelección este año, dijo el miércoles que llevará el caso hasta el Tribunal Supremo de ser necesario.
«Esta lucha está lejos de terminar. De hecho, apenas comienza, y al cabo de lo que con seguridad será una larga batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho a proteger a nuestros ciudadanos», dijo Brewer en un comunicado.
No es la primera vez que ambas partes «pelean»: muchos estados ya han demandado al Gobierno federal por la puesta en marcha de la reforma de salud, parte de la cual afecta los poderes estatales.
La SB1070 afronta siete demandas, incluyendo la que entabló el Departamento de Justicia con el argumento de que Arizona se atribuye tareas de inmigración que recaen sobre el Gobierno federal.
La Constitución establece en la Décima Enmienda cuáles son los poderes que pertenecen exclusivamente a cada uno de los 50 estados, que gozan de cierta soberanía para algunos asuntos, al tiempo que la «supremacía» de la ley federal sobre las estatales.
Bolton, y varios expertos legales, creen que la Administración Obama ganará el argumento de que las tareas policiales de inmigración recaen únicamente en el Gobierno federal.
El principal autor de la ley, el legislador estatal republicano Russell Pearce, confía en que Arizona ganará el caso.
Randy Pullen, presidente del Partido Republicano de Arizona, considera «irónico» que el Gobierno de Obama acuse al estado de usurpar la autoridad federal «cuando aparentemente el Gobierno ha atropellado la décima enmienda desde el principio».
Mientras se resuelve la batalla, los grupos pro-inmigrantes se manifestarán hoy frente al Capitolio estatal para frenar la SB1070 por completo y exigir una reforma migratoria.
La SB1070 entró en vigor hoy, pero sin los elementos más polémicos que le insertó legislatura estatal.
La policía de Arizona no podrá investigar el estatus migratorio de las personas arrestadas sólo en base a sospechas, y tampoco se podrá imponer sanciones criminales a inmigrantes que no porten sus documentos migratorios.
El fallo suspende la creación de una categoría que convierte en un crimen la búsqueda de empleo por parte de indocumentados, como sucede con los jornaleros en sitios públicos.
Bolton dejó en pie, sin embargo, la parte que convierte en delito de menor cuantía el dar albergue y transportar a indocumentados.
El actual recetario de deportaciones masivas es objeto de críticas de grupos progresistas, que temen que si el Congreso no reforma el sistema migratorio, más gobiernos estatales seguirán el ejemplo de Arizona.
Para el 30 de junio, 44 legislaturas estatales aprobaron 191 leyes y 128 resoluciones de inmigración, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. De ese total, cinco fueron vetadas y 314 entraron en vigor, un incremento del 21 por ciento sobre el mismo periodo en 2009.
Ninguna de ellas como la SB1070, aunque ya se han presentado oficialmente leyes similares en Carolina del Sur, Pensilvania, Minesota, Rhode Island, y Michigan.
Si esa tendencia se mantiene, el Tribunal Supremo tendrá ante sí la continua pugna entre los gobiernos estatales y el federal, que se aferra a la cláusula de «supremacía» consagrada en la Constitución.
