Bicentenario: Breve historia de la Banca en Honduras

Ana Cristina Mejía de Pereira

Académica / Doctora en Ciencias Económicas

En ocasión del Bicentenario de la Independencia de Centro América, vale la pena recopilar información relevante sobre la evolución de las instituciones de nuestro país en la historia reciente, a fin de conocer su evolución y los cambios que han influenciado su consolidación hasta llegar al papel que desempeñan en la actualidad, cimentando la economía del país e interviniendo activamente en su desarrollo. Como tal, el ejercicio profesional de la banca en Honduras es relativamente reciente. La historia de la banca está íntimamente relacionada con la historia de la moneda.

El 2 de abril de 1879, en la Administración de Marco Aurelio Soto se emite el decreto #46, considerado como la primera ley monetaria, misma que estableció el patrón plata, el cual estuvo vigente hasta la década del treinta.

No es sino hasta el año de 1889, que inician operaciones los primeros dos bancos autorizados por el Estado; el Banco Centro-Americano y el Banco Nacional Hondureño, ambos autorizados para emitir monedas, aunque su existencia tuvo corta duración, ya que el 10 de Octubre del mismo año, ambos bancos se fusionaron para dar paso al surgimiento del Banco de Honduras, con un capital inicial de L400,000.00

Poco después, en 1914 se formó en La Ceiba el Banco Atlántida, que toma su nombre del Departamento homónimo en el norte del país y que podía operar además en Yoro y Colón y que también estaba autorizado para emitir dinero. Banco Atlántida emitió sus primeros billetes, denominándolos pesos. En el año de 1913, inició operaciones otro banco, denominado Banco del Comercio, que recibe autorización para emitir monedas en 1915. Este banco continuó operando hasta el año de 1917, cuando fue liquidado y adquirido por el Banco Atlántida.

Las condiciones en las cuales se autorizó a los primeros bancos para emitir monedas eran muy prudentes y restrictivas pues estaban en función de su capital, que en aquel tiempo era muy modesto. Esto condujo a que se registrara un déficit crónico de monedas y billetes en la economía, lo que dio lugar a que se considerara el dólar estadounidense como moneda oficial, se utilizara el patrón oro para su respaldo y se importaran billetes y monedas de Estados Unidos para complementar la oferta monetaria.

El 3 de abril de 1926, la administración del Doctor Miguel Paz Barahona emitió el Decreto # 102, que adopta el Lempira como moneda nacional y establece el tipo de cambio frente al dólar estadounidense en dos lempiras por dólar.

Posteriormente, en 1931, por decreto legislativo en la administración del Doctor Vicente Mejía Colindres, se ratifica la creación del Lempira y se establece el primer cono monetario, con denominaciones de Un (1.00) Lempira y de Cincuenta (0.50), Veinte (0.20), Diez (0.10), Cinco (0.05) y Un (0.01) centavos. Además se establece que las monedas se acuñan en plata de 0.900, en aleaciones de níquel con acero y de cobre con zinc. También se ratifica el tipo de cambio de dos lempiras (L2.00) por cada dólar estadounidense.

En 1932, el Gobierno autoriza al Banco de Honduras y a Banco Atlántida, para imprimir papel moneda en billetes, de las denominaciones de Un Lempira (L1.00) y Cinco Lempiras (L5.00). Ambos bancos realizaron esa labor hasta el año de 1950, sin embargo hasta el año de 1943 todavía circulaba mucha moneda extranjera, sobre todo en la Costa Norte del País.

Entre tanto, en los años de 1891, en el gobierno de don Ponciano Leiva y en 1918, en el gobierno de don Francisco Bertrand, se formularon sendos proyectos para fundar, en el primer caso, un Banco Nacional y en el segundo, un Banco de la República de Honduras, ambos con funciones y atribuciones de banca central, proyectos que nunca se materializaron. No fue sino hasta 1926, que volvió a surgir interés en una institución similar en la administración Paz Barahona, donde se concibió un Banco de la República, basado en una concesión de 50 años bajo una negociación en el extranjero autorizada por decreto, lo que nunca se realizó.

El primer instrumento de regulación bancaria se emitió en la administración del general Tiburcio Carías Andino, cuando se aprobó la primera Ley para Establecimientos Bancarios, mediante Decreto No. 80 del 11 de marzo de 1937. Este cuerpo regulatorio incorporaba la creación del Banco Central de Honduras y de una entidad supervisora del sistema bancario, adscrita a la secretaría de Hacienda. La disposición sobre la creación de la banca central no se cristalizó. En el año de 1942, el presidente Carías Andino recibió una propuesta para la creación de la Ley Constitutiva del Banco Central de Honduras, proveniente de la Sociedad de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras, que no fue atendida. Dos años después, con la fundación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, resultado de los acuerdos de Bretton Woods, se hizo evidente que, para poder acceder a los programas de ambos organismos financieros, Honduras necesitaba tener un Banco Central.

En consecuencia, en el año de 1949 bajo la administración del Doctor Juan Manuel Gálvez, Honduras solicitó al FMI una misión de asistencia técnica que, junto con una comisión mixta nombrada por el Congreso de la República, propusiera la legislación necesaria para organizar la banca central y el sistema tributario del país. El Banco Central de Honduras inició operaciones el 1 de julio de 1950. Para su primera emisión de billetes, utilizó las placas del billete de cinco (L5.00) lempiras emitidos por Banco Atlántida, a las cuales se le hicieron las correspondientes modificaciones y que comenzó a circular el mismo día del inicio de operaciones del BCH. [1]

En febrero del año 1950, se emitieron una serie de leyes para organizar el sistema financiero del país: la Ley Monetaria (Decreto N° 51), la Ley del Banco Central de Honduras  (Decreto N° 53), la Ley para Establecimientos Bancarios (Decreto N° 63), la Ley del Banco Nacional de Fomento (Decreto N° 71) y la Ley de Organización de la Banca Nacional (Decreto N° 72). [2]

Para ese entonces, ya existían cuatro bancos comerciales, puesto que en 1948 se formó el Banco de la Capitalizadora Hondureña (BANCAHSA) y el Banco de Occidente, que inició operaciones en el año de 1951 en la ciudad de Santa Rosa de Copán. En 1951 inicia también operaciones en San Pedro Sula, el Banco del Comercio.

En esa década, inició operaciones en Honduras el Banco de Londres y Montreal (1953) de capital extranjero y poco después, el Bank of América. En 1960 también inició operaciones el Banco del Ahorro Hondureño, que se desprendió de El Ahorro Hondureño, ahorros y seguros, compañía que había iniciado operaciones en 1917.

[1] www.bch.hn; Historia de los Billetes

[2] Citados en Competencia y regulación de la Banca: El caso de Honduras; Tábora, Marlon Ramsses. CEPAL, Noviembre 2007.

En 1966, el Banco Citibank compró el 50% de las acciones del Banco de Honduras y adquirió presencia en el país. El año siguiente, en 1967 y bajo una ley especial se creó el Banco de los Trabajadores. En noviembre de 1969 se fundó el Banco Sogerin.

Posteriormente, ya en el año de 1976 y 1974 respectivamente, se fundaron dos bancos más, el Banco Financiera Centroamericana (FICENSA) y el malogrado Banco Continental, que recientemente fue declarado en liquidación forzosa a raíz de la inclusión de sus principales accionistas y administradores como Sujetos Especialmente Designados bajo la Ley Kingpin emitida en la Administración Obama en Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.

El 8 de agosto de 1979 se creó el Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA) que adquirió los activos y pasivos del Bank of América; poco después, el 14 de febrero de 1980 inició operaciones el Banco Mercantil y en el año de 1981 y bajo otra ley especial, nació el Banco Hondureño del Café (BANHCAFE). Entre finales de la década del 70 y mediados del ochenta, surgieron también las denominadas Asociaciones de Ahorro y Préstamo [1], instituciones dedicadas a proveer financiamiento para vivienda, las cuales a la fecha ya todas salieron del mercado.

No surgieron nuevos bancos sino hasta el inicio de la década de los años noventa, al iniciar operaciones el Banco del País, Banco de la Exportación, Banco de la Producción, Banco Corporativo, Banco Capital, Banco Hondureño de Crédito y Servicio y Banco Financiera Comercial Hondureña, todos entre 1992 y 1996, en consonancia con la tendencia de liberalización económica de la administración Callejas Romero.

En el año de 1995, se aprobó la legislación que dio origen a la creación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como organismo regulador del sistema financiero, labor que desde 1959, recaía en el Banco Central y antes de eso en el Ministerio de Hacienda.

Los años noventa se caracterizaron por grandes cambios económicos. La globalización económica trajo consigo grandes cambios en materia de regulación bancaria, la cual pasó de fundamentarse en una política de establecimiento de límites, cupos, precios y restricciones sobre los productos financieros, a una de desregulación y mayor libertad para incursionar en nuevos productos de financiamiento y atender otros sectores productivos, así como la oportunidad de crear y profundizar la prestación de servicios financieros a personas naturales. La asimilación de estos cambios y del efecto que el nuevo marco de política económica produjo en la estructura de la economía nacional, en los precios relativos, en los mercados de bienes y servicios y adicionalmente, los cambios introducidos por la adopción de los principios de Basilea para la supervisión bancaria que evidenció la insuficiente capacidad financiera de los accionistas de algunas instituciones para lograr mantenerlas en el mercado, se combinaron con debilidades por mala gestión, excesiva toma de riesgos, deficiencias de gobernanza y administrativas y con el otorgamiento de créditos a partes relacionadas fuera del marco legal, provocando una serie de ajustes y movimientos en la propiedad de las empresas financieras, que se inició a finales de la década de los años noventa y terminó a mediados de la década siguiente. Esos ajustes consistieron en una serie de transformaciones, materializadas en liquidaciones forzosas y voluntarias, adquisiciones y fusiones que sirvieron para consolidar el sistema bancario y prepararlo para una siguiente ola de cambios fundamentales, como la que se vive hoy en día.

[1] La Constancia, Metropolitana, Futuro, La Vivienda y La Vivienda de Sula.

Los principales cambios institucionales registrados en esa primera etapa de consolidación de la banca nacional se detallan en la forma siguiente:

[1] Antes La Vivienda había absorbido a La Vivienda de Sula.

b. Liquidaciones Forzosas

En el año 2001 inició operaciones el Banco Promérica;  posteriormente en 2007 se crearon dos nuevos bancos, Banco Azteca y Banrural. En 2008 inició operaciones el Banco Popular Covelo, especialmente concebido para atender al sector de microempresarios, que pasó a llamarse únicamente Banco Popular en 2011. En la actualidad, hay un total de  15 bancos comerciales operando, los cuales comparten el mercado con 10 sociedades financieras, que tienen algunas restricciones en cuanto a los productos financieros que pueden comercializar y sin embargo han logrado posicionarse y mantenerse prestando servicios a los hondureños.

La industria bancaria enfrenta nuevamente una coyuntura llena de retos. A nivel global, la banca tradicional compite con las grandes empresas tecnológicas como Apple, Alipay o Facebook, que prestan servicios de pagos y financieros, sin las regulaciones que tiene la banca tradicional y aprovechando su inmensa base de consumidores; también la banca tradicional debe afrontar competencia por el surgimiento de nuevos jugadores que ofrecen soluciones digitales o fintech, posicionados en nichos de servicios que aprovechan la tecnología para proveer un servicio financiero o plataforma de pagos, sin los inconvenientes que generan los puntos de atención físicos ni los costos del manejo del efectivo que todavía son parte importante de la banca tradicional. Adicionalmente, la demanda por servicios financieros digitales que no conocen fronteras físicas está creando la necesidad de realizar fuertes inversiones en tecnologías seguras y convirtiendo las operaciones transfronterizas en un servicio casi local, por la facilidad e inmediatez provistas por la tecnología.

Otro cambio radical se introduce por la creación de dinero electrónico facilitada por la tecnología blockchain y que ha generado monedas electrónicas que se utilizan como medios de intercambio y almacenes de valor en la mayoría de los países. Las monedas electrónicas emitidas por empresas privadas o simplemente creadas por un algoritmo más o menos anónimo, generan incógnitas relevantes sobre la industria bancaria, por la creciente presión existente por asimilarlas a los servicios financieros normales y darles la legitimidad institucional de la que aún carecen. Pero el reto más importante probablemente proviene de la intención expresada por los bancos centrales de constituirse en emisores de dinero electrónico. En su interpretación más extrema, la emisión de dinero electrónico por los bancos centrales eventualmente sustituiría al dinero físico, convirtiendo a todos los cuentahabientes en clientes de los bancos centrales ya que la intermediación financiera, que es la base para la existencia de los bancos no sería necesaria puesto que las cuentas de depósito se manejarían a través de una billetera electrónica o una app facilitada directamente por el banco central. Esa perspectiva implicaría que el proceso ahorro-inversión se fracturaría, puesto que los bancos como intermediarios financieros serían utilizados únicamente para colocar el dinero, es decir para prestar, labor que los bancos terminarían ejecutando como un servicio para los bancos centrales.

Los cambios que implica el modus operandi descrito en el párrafo anterior para los bancos son abismales, así como también para la política monetaria y para la regulación y supervisión del sistema financiero. Esos cambios no están lejos y la pandemia COVID19 los aceleró con la cuarentena, dado que una importante fracción del valor agregado de la economía mundial, paso a ser generado digitalmente, con lo que buena parte del crecimiento económico en el futuro, se va a originar en las actividades económicas digitales, especialmente comercio y servicios.

A nivel nacional, la industria bancaria también enfrenta retos derivados de los efectos de la cuarentena impuesta por COVID-19 sobre las actividades económicas, dado que el prolongado cierre de operaciones impuso un peaje gravoso sobre la cartera de los bancos, la cual ordinariamente refleja el estado de todas las demás actividades económicas. Durante el 2020 y por primera vez, todas las actividades económicas se vieron afectadas negativamente en forma simultánea, algunas en mayor grado que otras, lo que repercutió sobre los bancos en muchísimas formas.

Estos efectos deben absorberse con el tiempo, aprovechando espacios abiertos por la regulación y con el apoyo beneficioso de la recuperación económica gradual. Poco a poco, la nueva forma de trabajar irá permeando las operaciones financieras, incrementando la cantidad de transacciones que se ejecutan por medios digitales y orientándose el portafolio de productos al autoservicio, es decir que la dependencia de los clientes de una relación humana para realizar transacciones irá disminuyendo.

En las circunstancias actuales, una nueva ola de consolidación institucional parece propicia, tomando en cuenta que, en las operaciones llevadas a cabo desde fines del siglo pasado y comienzos del presente, la banca hondureña alcanzó un nivel muy alto de concentración, que se evidencia tanto en los activos crediticios como en los pasivos depositarios que a julio 2021, están concentrados en un 85% en los 6 bancos más grandes [1]. Ante las restricciones de tamaño y crecimiento que la economía del país tiene, la concentración del activo y del pasivo se vuelve un impedimento para que todos los bancos puedan alcanzar un volumen sostenible y un nivel de eficiencia consistente con la práctica internacional. También es un obstáculo para alcanzar un grado más elevado de inclusión financiera, que implicaría poder prestar los servicios a un número significativamente mayor de usuarios a menores precios. El 2021, Año del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, la banca hondureña se presenta sólida y capaz de afrontar con éxito los retos estratégicos que se le plantean de cara al futuro. Hasta la fecha, la banca hondureña no ha sufrido procesos de nacionalización, a diferencia de sus pares centroamericanos y mantiene una posición muy buena en el ranking internacional de servicios financieros en cuanto a acceso a servicios. Adicionalmente, su capacidad de actuar como gremio unificado ante los cambios en su entorno, ya se trate de relacionarse con otros gremios empresariales o autoridades gubernamentales es muy elevada y fundamentada en la fortaleza técnica de su asociación, la AHIBA [2], que exhibe una gran estabilidad y que mantiene a través de los años el acervo de conocimiento que facilita a los bancos adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes e inciertas. Este año y el próximo serán años de transición, donde la economía mundial se recompone y se restablece después de la interrupción producida por la pandemia. La economía se encogió, las cadenas de valor se rompieron, el comercio se interrumpió y la pérdida de empleos se manifiesta en una pérdida de la capacidad instalada que deberá reponerse, sin embargo, la recuperación económica comenzó, estamos aprendiendo a convivir con la enfermedad y a trabajar de manera diferente; la celebración de las elecciones generales el próximo noviembre da la oportunidad de un nuevo comienzo y un reinicio social y político muy necesario. Las perspectivas son favorables, ojalá se realicen.

Setiembre 2021.

[1] www.cnbs.gob ; Estados Financieros al 30 de julio 2021

[2] Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias