Por: Luis Cosenza Jiménez
En mi último artículo me refería a un documento preparado por el Carnegie Endowment for International Peace intitulado Cuando la Corrupción es el Sistema Operativo: El Caso de Honduras (When Corruption Is the Operating System: The Case of Honduras).
Dicho documento sostiene que nuestro sistema de gobierno opera mediante la corrupción controlada por algunos políticos, algunos empresarios y narcotraficantes. Se trata de una severa crítica a nuestro sistema de gobierno que, según ellos, se basa en la corrupción.
Siendo justos, el mismo documento reconoce que esta misma situación se da en unos sesenta países (mal de muchos, consuelo de tontos). Sorprendentemente, el documento ha tenido poca, por no decir ninguna, discusión en nuestro país.
Acepto que el documento es sesgado y que contiene errores, pero el Carnegie Center ha sido considerado como uno de los centros de pensamiento más influyentes en el mundo. En un análisis de la Universidad de Pennsylvania, esta lo incluía entre los cinco centros de pensamiento más influyentes del mundo. Se trata pues de un documento muy importante que incidirá muy negativamente en la forma como se nos ve desde el exterior.
Recientemente hemos notado que se han intensificado los vientos que promueven la lucha contra la corrupción. ¿Será posible que tales vientos lleguen a nuestro país y que contribuyan a combatir la cleptocracia que, según el Carnegie Endowment, impera en nuestra patria? Veamos.
En efecto, desde hace algunos años han comenzado a agitarse las corrientes de cambio en nuestra América. Varios ex presidentes y otros políticos han sido acusados, y algunos encarcelados, por supuestos actos de corrupción. La lista incluye a Alemán en Nicaragua, a Portillo, Pérez Molina y Baldetti en Guatemala, a Flores (RIP), Saca y Funes en El Salvador, a Calderón Guardia y Rodríguez en Costa Rica. En Panamá la justicia busca al ex presidente Martinelli para encarcelarlo. De hecho, esta nueva tendencia se ha extendido a Sur América.
En Perú, Toledo y Ollanta y su esposa han sido acusados por corrupción y lavado de activos, habiéndose ya encontrado culpable a Toledo y dictado prisión preventiva para Ollanta y su esposa mientras se les juzga. En Brasil se ha dictado prisión a quien era el presidente de la Cámara Baja del Congreso y en el juicio del político más popular de Brasil, un juez ha sentenciado a Lula a nueve y medio años de cárcel por corrupción. Hasta en nuestro país han comenzado a agitarse los vientos. Se ha juzgado, y declarado culpable, al ex presidente del Consejo de la Judicatura por tráfico de influencias. Siendo optimistas podemos pensar que estamos frente a un cambio de cultura y no simplemente presenciando un proceso efímero. Si eso es así, es lógico pensar que nuestros políticos han puesto sus barbas en remojo y cabe preguntar qué impacto tendrá este fenómeno en nuestra clase política.
Si vemos las características del proceso notaremos que en todos los casos, excepto por Pérez Molina y Baldetti, se trata de ex presidentes. Pareciera que el sistema no está preparado para enfrentar a un Presidente en funciones, acusarlo de corrupción, y aplicarle la ley, según estipule el ordenamiento jurídico de cada país. Claramente que acusar y juzgar a un presidente en funciones resulta mucho más difícil que hacer lo mismo con un ex presidente que ya no tiene poder, ni privilegios, ni la protección de procedimientos legales harto complicados.
Esta conclusión, sencilla y obvia, tiene una consecuencia preocupante. Si un presidente teme ser enjuiciado al dejar la presidencia, y si la constitución permite la reelección, entonces lo lógico sería que ese presidente busque reelegirse cuantas veces pueda, ya que de esa manera podrá protegerse. Es decir, en estos casos la presunta corrupción fomenta la reelección. En pocas palabras, un mal genera otro. En sentido contrario, cuando no existe la posibilidad de la reelección, el presidente y sus colaboradores tienen un fuerte incentivo para no caer en la corrupción. Es cierto que en el pasado la no reelección no ha sido suficiente para eliminar, o aún reducir, la corrupción, pero es igualmente cierto que hasta recientemente hemos visto a ex presidentes en la cárcel. En las actuales circunstancias, la no reelección ciertamente vendría a reducir la corrupción.
En nuestro país se ha dicho reiteradamente que fondos del IHSS fueron desviados para contribuir a una campaña presidencial. Lamentablemente, todo terminó con la promesa de devolver los fondos al Instituto, lo cual es a todas luces insuficiente para poner fin a este penoso caso. La MACCIH ha recientemente decidido participar en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, lo cual está bien. También se ha involucrado en el caso del IHSS. No obstante, urge despejar el caso del IHSS, incluyendo el supuesto uso de los recursos de ese ente para financiar una campaña política. Si eso no se hace antes de las próximas elecciones nos arriesgamos a elegir autoridades que pueden subsecuentemente resultar implicadas en el uso de dichos fondos. Si eso fuera así, estaríamos frente a un acto de corrupción que nos sumiría en una crisis y deslegitimaría el próximo gobierno.
Aprovechemos la marea que llega a nuestras playas para realmente combatir la corrupción. Pidámosle a la MACCIH que ponga sus mejores esfuerzos para que prontamente se esclarezca la situación del IHSS. No desaprovechemos el momento. Si lo desaprovechamos, seguiremos sufriendo más vergüenzas como la retratada en el informe del Carnegie Endowment for International Peace.
