Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y la ONG Transparencia Internacional (TI) capítulo de Honduras, pidieron este viernes al Poder Judicial programar de manera inmediata un nuevo juicio en el denominado caso “Caja Chica de la Dama” y no permitir que un nuevo acto de corrupción quede en la impunidad.
El anterior pronunciamiento, es debido a la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción, que por unanimidad de votos, revocó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los imputados Rosa Elena Bonilla de Lobo y Saúl Fernando Escobar Puerto.
El documento de ASJ, refiere que los imputados fueron condenados el 4 de septiembre de 2019 por el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción, a 58 años de prisión por delitos de apropiación indebida y fraude a la primera; así como, a 48 años de prisión por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita al segundo.
La ASJ considera que en la sentencia quedó claramente evidenciada la configuración de conductas penales constitutivas de gran corrupción que vino a perjudicar no solo el patrimonio del Estado de Honduras, sino los derechos humanos de miles de niños y niñas del sistema de educación.
No obstante, producto del fallo dictado en el recurso de casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, debido a vicios –tecnicismos- observados durante el proceso de investigación criminal, se anuló la sentencia condenatoria contra los imputados. Circunstancia que coloca el proceso penal pendiente de realizar nuevamente el juicio oral y público.
En ese sentido, considera que “ante la grave afectación económica y daño al tejido social que produce la corrupción, exigimos que el Poder Judicial garantice el Estado de derecho y el imperio de ley, actuando sin dilación alguna a designar el Tribunal de Sentencia que tendrá que desarrollar el juicio oral y público contra la señora Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo y Saúl Fernando Escobar Puerto”.
Asimismo, el escrito agrega que, una vez designado el correspondiente tribunal, éste deberá agendar de manera inmediata y sin retraso, la fecha para la realización del referido juicio oral y público.
Según la ASJ, la actual pandemia no debe ser excusa para que el Poder Judicial y el Ministerio Público no puedan garantizar a los niños víctimas de la desviación dolosa de los recursos destinados a brindarles calzado y oportunidad de educación, acceso a la justicia.
Finalmente, el mecanismo de sociedad civil, indica que continuará vigilante, haciendo las alertas y denuncias del caso, pues las personas imputadas han sido condenadas por actos de corrupción y eso no está en duda.
En ese sentido, exhorta al Poder Judicial y al Ministerio Público actuar a la brevedad de lo posible, caso contrario se interpretará por la población como promotores de impunidad.
