Tegucigalpa – En respuesta al reciente informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que denuncia opacidad, arbitrariedad e irregularidades en las compras y contrataciones del Congreso Nacional, el asesor legislativo René Adán Tomé minimizó el impacto del reporte, cuestionando la legitimidad de la organización para realizar este tipo de señalamientos.
“El informe que leí no era de la ASJ, sino del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). A menos que ambas hayan presentado la misma denuncia, hago la aclaración”, dijo Tomé. “Si viene de ASJ, igual es otra organización sin fines de lucro, una asociación civil que no tiene un vínculo directo con el Estado”, agregó.
Tomé enfatizó que, a diferencia del CNA, que fue creado por decreto legislativo y recibe fondos públicos, la ASJ opera de forma independiente y no tiene facultades estatales. “Ellos tienen una asamblea donde deberían conocerse estas investigaciones. Pero en vez de eso, las hacen públicas con la intención de presionar o desprestigiar a los funcionarios públicos. Ese no es el espíritu con el que deben operar este tipo de organizaciones”, reprochó.
El hombre cercano a Luis Redondo también subrayó que la ASJ no cuenta con competencia legal para investigar casos como lo hace el Ministerio Público. “Ellos no son órganos competentes del Estado. Son personas jurídicas particulares, y no tienen la autoridad de realizar investigaciones oficiales”, puntualizó.
La ASJ, por su parte, ha reiterado en diversas ocasiones que su labor consiste en auditar y vigilar el uso de los recursos públicos como parte de su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en Honduras. LB
