Villar Rosales fue ultimado por dos hombres no identificados que habían llegado a reunirse con él, según versiones de testigos, dijo a los periodistas un portavoz policial en San Pedro Sula.
Tras cometer el crimen, los dos desconocidos huyeron en un automóvil, añadió.
Las investigaciones preliminares indican que los dos hombres podrían estar ligados a un caso de tierras en la zona occidental del país que llevaba el abogado.
Villar Rosales, cuya edad no se precisó, era muy conocido en los círculos profesionales, judiciales y financieros de San Pedro Sula, unos 243 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Entre noviembre y diciembre de 2006 fueron asesinados cinco abogados hondureños, y uno más en enero de este año, todos en distintos lugares y circunstancias.
Al menos los cinco crímenes del año pasado están relacionados con el ejercicio profesional de las víctimas, según las autoridades.
Este último crimen es similar al ejecutado en noviembre de 2005 contra los abogados Carlos Villatoro y Marco Antonio Tróchez, quienes fueron victimados dentro de sus oficinas en la ciudad de El Progreso, Yoro.
Otro crimen que causó la preocupación del gremio, es el del abogado Dionisio García, quien fue ejecutado por sicarios el 4 de diciembre de 2006 en el bulevar Fuerzas Armadas de la capital hondureña.
García era el apoderado legal de la organización Asociación para una Sociedad Más Justa, que días antes había denunciado a los ejecutivos de una empresa de seguridad por violentar los derechos laborales de sus trabajadores.
Luego el 20 de diciembre fue asesinado a tiros el jurista Efrén Chávez Amaya, quien trabajaba para la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
Un mes antes, el 8 de noviembre de 2006 fue asesinado en San Pedro Sula el abogado Oscar Armando Callejas, en el preciso momento que salía del centro penal de esa ciudad, luego de visitar a uno de sus clientes.
El 27 de noviembre fue ultimado por un sicario el reconocido profesional del derecho Marco Avidán López, mientras desayunaba con un colega en mercado de la capital.
Todos estos casos se mantienen en la impunidad, por lo que Colegio de Abogados de Honduras denunció al estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
