El presidente de la comisión ejecutiva que tiene intervenida la Secretaría de Salud, Salvador Pineda, indicó que uno de los problemas fundamentales a resolver es la crisis de medicamentos en la red sanitaria donde hay centros asistenciales cuyo nivel de abastecimiento es de apenas un 30 por ciento que es sumamente bajo.
“Hemos logrado con lo que existe en el Almacén Central, un abastecimiento de un promedio del 48 por ciento en los hospitales, porcentaje que todavía no es optimo; estamos haciendo algunas gestiones para poder obtener medicamentos en forma rápida y elevar ese porcentaje a un 80 por ciento que sería de un nivel aceptable que nos permitiría un compás de espera para poder realizar acciones más amplias de trabajo para normalizar el abastecimiento de medicamentos a los hospitales en una forma sostenible y no estar cayendo permanentemente en un crisis que afecta la atención de los pacientes”, argumentó.
Agregó que existe un proceso de licitación de medicamentos que se había iniciado en la secretaría de Salud, pero el abastecimiento de esos fármacos estaría para tres o cuatro meses, lo que significa un tiempo muy tardado para la demanda y las quejas a nivel nacional, por lo que se ha solicitado una compra de emergencia mediante un decreto.
Reiteró que la idea es obtener los medicamentos rápidamente para lo cual ya se cuenta con la información de los hospitales en base a sus existencias y necesidades versus stocks en el Almacén Central y la diferencia será la cantidad de fármacos que se deberán comprar y proporcionar en los próximos tres meses que se necesitan mientras salen los productos de la licitación.
En ese sentido, mediante el decreto se declara un estado de emergencia a nivel nacional en el sistema de salud pública quedando la secretaría de Salud, autorizada para adoptar las medidas, acciones y providencias necesarias para garantizar el abastecimiento de medicamentos en toda la red de servicios.
En el artículo dos, se autoriza a la secretaría de Salud a revisar el proceso de adquisición de emergencia de medicamentos vitales y esenciales para los hospitales y regiones de salud mediante la constitución de un fideicomiso por 300 millones de lempiras cuya finalidad será el abastecimiento de medicamentos de la red de servicios de salud y cuyas condiciones, características y partes suscriptoras del mismo, serán determinadas por la comisión ejecutiva del sector salud.
Ante el gesto de preocupación de parte del ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, el presidente Porfirio Lobo, pidió que en el decretó se estableciera que el monto del fideicomiso sería hasta por 300 millones de lempiras porque no necesitan todo el dinero de una sola vez al tiempo que sugirió que se tome como referencia la experiencia que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la administración del Hospital Escuela.
Añadió que existe un fondo para compras en los hospitales que no han sido ejecutados que se pueden utilizar para compra de algunos medicamentos por lo que habría que definir un esquema para hacerlo ya que existe una discrecionalidad en la ley para que los centros asistenciales puedan comprar el 10 por ciento del presupuesto para compras locales, lo que es una situación complicadísima que ha generado que compren a precios elevadísimos.
Por su parte, el secretario general del ministerio de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que este decreto incorpora una novedad que significa que la compra no se hará directamente sino a través de un fideicomiso que tiene reglas de mayor control en el marco de una emergencia más expedita.
Añadió que el decreto solamente estará vigente durante el plazo en que la licitación pública termine toda su ejecución.
Otro aspecto, es que los 300 millones de lempiras no necesariamente significan un fondo adicional sino que esa cantidad se incluye dentro del presupuesto ordinariamente aprobado, pero que es insuficiente para ese efecto, señaló.
Lobo manifestó que mucho en el precio de los medicamentos tiene que ver con la falta de garantía de pago por lo que se busca un esquema mediante el cual el proveedor esté seguro de su pago porque no hay confianza en el sistema público.
