Tegucigalpa – Dirigentes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), se reunieron con los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), para solicitarles información relacionada al proceso de depuración en ese cuerpo del orden.
En la sesión, en la que participaron Omar Rivera, Joel Hernández, Luis León y Ninoska Reyes, miembros de la APJ, y Óscar Armando Vásquez y César Augusto Bonilla, como director y subdirector de la DIECP, los representantes de la sociedad civil solicitaron a los funcionarios estatales publicitar con nombres y apellidos, rangos y resultados de pruebas de confianza individualizadas, aplicadas a los oficiales y agentes de la escala básica de la Policía Nacional, en los últimos cuatro años.
La APJ, realizó dicha solicitud de información pública, a fin de poder constatar si algunos policías que reprobaron dichas pruebas sicométricas, sicofisiológicas (polígrafo), toxicológicas y socioeconómicas, continúan aún en funciones a lo interno de la Policía Nacional, a pesar de no estar aptos para el servicio policial.
Durante la jornada de diálogo, realizada en las instalaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los representantes de la DIECP, presentaron un informe de gestión a los integrantes de la APJ.
Recientemente, las autoridades de la DIECP, informaron que de los mil 442 policías que resultaron reprobados en los exámenes de idoneidad, apenas 432 habrían sido separados de la Policía Nacional, lo que representa un 30 %; Óscar Vásquez, actual director de la DIECP, señaló a medios de comunicación «que esto significa que la Secretaría de Seguridad mantiene en servicio a mil 010 policías que debieron ser despedidos por haber reprobado las pruebas de confianza practicadas entre 2012 y 2015».
Omar Rivera, coordinador de la APJ, manifestó que urge saber los nombres y rangos de esos policías que fueron «aplazados» en las pruebas de confianza, para identificar si aún están activos y si tienen responsabilidades a su cargo, porque de ser así «sería grave y deberían tomarse las medidas del caso».
Esta solicitud surge cuando, recién la semana pasada, el pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), determinó negar la petición de las anteriores autoridades de la DIECP, de declarar como reservada la información resultante de las pruebas de confianza practicadas a los miembros de la Policía Nacional.
