Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), está en estado de coma, la ineficacia en el combate a la corrupción y a la persecución del enriquecimiento ilícito son utopías desde su seno. Así se desprende de una investigación presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con apoyo del Programa Impactos.
– En promedio se lleva 6.6 años entre la investigación que realiza el TSC y la judicialización del Ministerio Público.
– Ese presupuesto representa que, con una nómina de 649 empleados, más del 90% la entidad lo destina a salarios.
El estudio no solo revela las deficiencias de la organización estatal que rectora la política contralora de los servidores públicos, sino que además plantea, los desafíos que deben afrontar los recién electos magistrados que rigen el TSC, quienes deberán contribuir a la legitimidad y credibilidad institucional.
Los hallazgos en la investigación no solo muestran el presupuesto insuficiente de la entidad sino también la lentitud de procesos internos.
En el informe de Veeduría Ciudadana practicado al Tribunal Superior de Cuentas 2009-2016, ASJ desentrañó que el enriquecimiento ilícito, siendo un acto de corrupción, vinculado a redes y crimen organizado, es el que tiene menos resultado en términos de investigación, judicialización y castigo.
En promedio, se tarda seis años entre la investigación de los casos que realiza el TSC y la judicialización del Ministerio Público, se da a conocer. A la vez que se plantea la urgente necesidad de reformar y modernizar el organismo a fin de dar las respuestas que la sociedad demanda en el área de su competencia.
Ni un solo condenado
El coordinador de investigaciones de ASJ, Lester Ramírez, lamentó que el TSC no esté trabajando de manera eficiente en la investigación de casos de enriquecimiento ilícito y que la prueba es clara porque hasta el momento no hay una sola persona pagando una condena en prisión.
“Hay casos de enriquecimiento ilícito que llevan 10 años en una sentencia, se tardan seis años únicamente en el TSC y los otros cuatro años en el Ministerio Público. Eso es extenso, costoso y genera impunidad”, dijo Ramírez.
Agregó que “hasta la fecha no hay ninguna persona que esté cumpliendo pena de cárcel por enriquecimiento ilícito. Las únicas dos sentencias han sido por conciliación, eso significa que las personas pagan una multa, el monto que se les imputa es tan bajo que no merece una pena de prisión, deben ser más efectivos en la investigación del enriquecimiento ilícito”, externó.
El enriquecimiento ilícito, por naturaleza, es un delito de corrupción pública, solamente puede ser cometido por un servidor público, al obtener durante su periodo de servicio un incremento sustancial no justificado de activos y patrimonio (bienes muebles, bienes inmuebles, títulos valores, dinero, etc), que no reflejan su salario o situación económica al iniciar el cargo público, dice ASJ en su informe.
ASJ además lamenta que Honduras es el único país que le ha delegado su función de determinar el enriquecimiento ilícito a un ente de derecho administrativo como el TSC.
En el informe, se señala que la duplicidad de investigaciones es ineficiencia. Para eso, ASJ, hizo un estudio tomando cinco expedientes de enriquecimiento ilícito de los únicos 10 casos que se han judicializado desde el 2008. El ejercicio deja claro que en promedio se lleva 6.6 años entre la investigación que realiza el TSC y la judicialización del Ministerio Público.
Se citan casos relacionados con expedientes concretos y que detallan casos que como uno que llevó 10 años el proceso, concluyendo con una conciliación (multa), debido al bajo monto tasado. Igualmente, otro caso que trascurrió en 12 años para terminar en un sobreseimiento provisional. En este expediente se constató que la auditoría del TSC finalizó en el 2002 y el expediente administrativo fue remitido al Ministerio Público hasta el 9 de septiembre de 2013, es decir once años después.
Todos los casos deben ser investigados
El coordinador de ASJ, Carlos Hernández, es claro y dice que todos los casos de enriquecimiento ilícito deben ser investigados por el Ministerio Público.
“El tema del enriquecimiento ilícito, somos del criterio que eso debe pasar al Ministerio Público, no lo debe seguir manejando el Tribunal, Honduras es el único país en América Latina donde el enriquecimiento ilícito lo maneja un ente administrativo”, señaló Hernández.
Añadió que “además hicimos análisis de varios de los pliegos de responsabilidad, una de las cosas que revelamos es que un caso de enriquecimiento se tarda hasta seis años y algunos hasta 10 años para que se culmine una investigación y esto no puede seguir pasando en Honduras” reafirmó.
Más del 90% del presupuesto del TSC es para salarios
El informe presentado por ASJ, destaca que solo en 2016, el presupuesto asignado al TSC representó el 0.0014% del presupuesto general de la República, el cual ha aumentado en un 69%, mientras el del ente controlador solamente subió un 55%. A nivel de Centroamérica, Honduras ocupa el quinto lugar en inversión anual en el ente de fiscalización superior, asignando solo 1.30 de dólar por habitante.
Ese presupuesto representa que, con una nómina de 649 empleados, más del 90% del presupuesto de la entidad se destina a salarios.
Lester Ramírez, dice que eso es inédito en la administración del Estado, lo normal es un 60 o 70 por ciento lo que se va en salarios.
“Esto no lo habíamos visto y es lo que no permite que hagan su trabajo operativo, hacer auditorias efectivas, se hacen en cuatro años, después de eso el trámite administrativo para manejar los pliegos de responsabilidad, ahí se tardan seis años y luego se mandan a la Procuraduría o Ministerio Público que es otro procedimiento para judicializar casos”, recalcó Ramírez.
El desafío de la reforma
El presidente magistrado del Tribunal Superior de Cuentas desde hace un poco más de dos meses, José Juan Pineda, tiene claro que deben mejorar mucho en todos los aspectos, pero solicitan que les aumenten el presupuesto porque no les alcanza.
“Uno de los problemas que tenemos es el presupuesto y obviamente certificación de personal. En esa vía vamos a atacar y poner los controles internos”, inició diciendo Pineda.
Además, dijo que “el presupuesto que tiene el TSC es del 0.0014% del presupuesto general de la República. A nosotros nos toca controlar todo el patrimonio del Estado, es casi imposible, tenemos que tener apoyo económico”.
“Se requiere mucho más presupuesto si se quiere poner más controles internos y poner a echar más la agenda que tenemos”, apostilló.
Pero más allá de los recursos, las capacidades, la voluntad y el compromiso de combatir la impunidad son esenciales para encarar el desafío.
Un año para mostrar avances
El presidente magistrado del TSC, no considera que ASJ con el informe esté aplazando a la institución, sino que hizo una evaluación de lo que ha pasado en la administración, un examen proactivo de las debilidades que tienen casi todas las instituciones del Estado de Honduras y Centroamérica.
“De algunos aspectos se pueden tener resultados en un año, ahorita vamos a presentar una iniciativa de ley, la reforma de ley para que los auditores internos sean nombrados por el TSC y exigirles el cumplimiento a ellos”, dijo Pineda como parte del plan de la nueva estructura.
Agregó que “tenemos que tener de la mano la lucha para prevenir y que no se den actos de corrupción en el interior de las instituciones del Estado, debe haber una participación activa y si ven que se va cometer una irregularidad lo detengan, ese es el propósito de este Tribunal para parar cualquier acto de corrupción”.
Pineda dice que van a eficientar y capacitar al personal para que sean más preparados en el desempeño de sus funciones.
“Ya tenemos el apoyo en cuanto a enriquecimiento ilícito de la Cuenta del Milenio para capacitar más al personal. En menos de tres meses tenemos un diagnóstico, donde haremos una reestructuración a la institución, tenemos una nueva agenda lista, ya la hemos dado a conocer”, explicó.
Mientras Carlos Hernández, quien lidera el capítulo de Transparencia Internacional (TI) – Honduras, detalló que el informe muestra que el órgano contralor no ha podido cumplir de manera eficiente la función que la Constitución de la República les exige.
“En este sentido hemos hecho este informe y generado una serie de recomendaciones para que el nuevo pleno de magistrados pueda hacer que esta institución funcione, se requiere una reingeniería, el Estado de Honduras no puede seguir teniendo una institución que no es funcional, no está cumpliendo con su rol y no está persiguiendo y previniendo el delito de la corrupción”, advirtió.
“Estamos a las expectativas, vamos a seguir monitoreando, ellos han expresado públicamente que están haciendo un replanteamiento del Tribunal para hacer de este ente cumpla con el mandato que la Constitución pide”, añadió.
Carlos Hernández cerró diciendo que presentarán su plan de reingeniería, que lo van a evaluar y que en el primer año de trabajo se sabrá si hay o no compromiso. “Para nosotros lo más importante es que las instituciones funcionen”, concluyó.
Exmagistrada del TSC molesta con el informe de ASJ
La exmagistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera de Anchecta, reaccionó molesta al informe presentado por ASJ sobre el desempeño de la anterior gestión del ente contralor y los retó a tomar las riendas de una oficina del Estado para ver si tienen buenos resultados.
Pero de cara al futuro cercano, las nuevas autoridades del Tribunal, no solo cuentan con un instrumento que les permite conocer las debilidades, sino que más allá de ello, también tienen a su alcance las propuestas para desarrollar más que una reforma, un programa transformador, que permita poner acento en la trasparencia al servicio del combate de la impunidad. De tal suerte que el camino hacia un TSC legítimo y creíble depende de la voluntad política.
