Ortega, seguidor del «socialismo chavista» y quien mantiene una controversia limítrofe con Colombia y Costa Rica, pretende aprovechar sus mayorías legislativas para obtener más poderes, institucionalizar un modelo de «democracia directa» y otorgar mayores facultades a los militares, entre otros asuntos.
La propuesta de reforma a la Constitución de Nicaragua, que este miércoles es anunciada al pleno de la Asamblea Nacional (Legislativo), contempla eliminar la prohibición de la reelección presidencial y permitiría al gobernante sandinista, de 68 años, aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016, lo que la oposición rechaza.
«La intención de Ortega responde al expansionista y autoritario patrón socialista bolivariano de (el fallecido presidente venezolano) Hugo Chávez, que consiste en copar los poderes del Estado para gobernar de manera indefinida y sin control alguno, socavando la democracia y amenazando a los vecinos», dijo a Efe el analista colombiano Vicente Torrijos.
Tal situación «representa una preocupación para el resto de Latinoamérica, porque lo que inició Chávez y ahora pretende conseguir Ortega puede ser replicado en Bolivia, Ecuador y otros países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)», añadió Torrijos, profesor universitario de política internacional.
A su juicio, la situación de los países de la ALBA es «diferente» a la que se registró en Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) impulsó una enmienda constitucional para lograr la reelección en 2006, pero un nuevo intento en 2010 fue frenado por la Corte Constitucional.
El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, ha dado señales de que aspira a un segundo mandato en 2014.
El profesor de Ciencia Política y Gobierno de la privada Universidad del Rosario, en Bogotá, Rubén Sánchez opinó que la reelección indefinida es «negativa para América Latina, porque estimula el ‘caudillismo’ y el populismo, y sugiere que en la región no hay ciudadanos plenos».
No obstante, Sánchez llamó a evaluar si el auge del modelo «bolivariano» obedece al fracaso de la democracia representativa y a la crisis de los partidos políticos tradicionales latinoamericanos, lo que, según él, sirve de «caldo de cultivo» para la aparición de caudillos.
Entre los vecinos centroamericanos de Nicaragua, el asunto de la reelección tiene diversos matices.
Así, en Panamá la figura de la reelección presidencial inmediata está prohibida por la Constitución y el presidente del país, Ricardo Martinelli, ha dicho en varias ocasiones que no le interesa aspirar a un nuevo mandato consecutivo.
Costa Rica, país que mantiene un litigio limítrofe con Nicaragua y donde los Gobiernos duran cuatro años, se permite la reelección presidencial, pero no para periodos consecutivos.
En Guatemala, la reelección está prohibida por la Constitución.
El Parlamento de Honduras aprobó en enero de 2011 una reforma constitucional que abrió la puerta a una consulta para decidir sobre la reelección presidencial, la cual fue ratificada en febrero de ese mismo año.
Un intento por reformar la Constitución causó la caída en 2009 del expresidente hondureño Manuel Zelaya, cercano a Chávez y cuya esposa, Xiomara Castro, buscará el poder en los comicios del 24 de noviembre próximo.
La Constitución de El Salvador permite la reelección presidencial de forma alterna, es decir en períodos que no sean consecutivos.
En Venezuela, la reelección inmediata se aprobó con la Constitución de 2000, impulsada por Chávez, quien falleció en marzo pasado afectado por un cáncer que le truncó su nuevo mandato que iba hasta 2020. En abril pasado Nicolás Maduro, quien fuera su canciller y vicepresidente, ganó las elecciones cuestionadas por la oposición.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, juró su nuevo cargo el 24 de mayo pasado y desde entonces ha reiterado que no se presentará a otro periodo, aunque en algún momento insinuó la posibilidad de reformar la Carta Magna para que se garantice la reelección indefinida, lo que fue rechazado por los opositores.
El presidente boliviano, Evo Morales, quien llegó por primera vez al poder en 2006, podría presentarse a la reelección en 2014, pues el Tribunal Constitucional le dio luz verde al declarar que su actual mandato, iniciado en 2010, cuenta como el primero del Estado Plurinacional, pues el país fue refundado en 2009, cuando se avaló la reelección consecutiva.
Argentina, tras la reforma constitucional de 1994, permite la reelección por una vez, aunque la actual presidenta, Cristina Fernández, quien ya logró un segundo mandato en 2011, ha perdido terreno legislativo como para pretender modificar la Carta Magna y optar a un tercero.
En Brasil, la reelección existe desde 1998 y se limita a una vez, aunque dirigentes políticos comenzarán a discutir acabar con esa figura, lo que, en todo caso, no afectaría la eventual pretensión de la actual mandataria, Dilma Rousseff, de aspirar a un segundo mandato consecutivo en los comicios de octubre de 2014.
Chile, que padeció la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), carece de reelección popular de presidentes en períodos consecutivos, aunque la Constitución la permite tras una pausa en el mandato, lo que la exjefa de Estado Michelle Bachelet (2006-2010) tratará de aprovechar para llegar por segunda vez a La Moneda en los comicios del próximo 17 de noviembre.
México tampoco admite la reelección para sus presidentes, que gobiernan durante seis años, y no se ha planteado ningún intento de modificar la Constitución.
La Carta Magna de República Dominicana, vigente desde 2010, permite la reelección sólo después de un mandato de receso.
La legislación peruana no permite la reelección de un presidente, ni la postulación de su esposa o familiares directos para el período de gobierno inmediato, aunque la oposición señala los supuestos intentos de la esposa del presidente Ollanta Humala, la popular Nadine Heredia, de postularse en los comicios de 2016, lo que la pareja niega.
En Paraguay rige un sólo mandato presidencial de cinco años, aunque el último intento por reformar la Carta Magna lo hizo en 2011 la izquierda que apoyaba al entonces presidente, Fernando Lugo, destituido pocos meses después en un juicio político parlamentario.
La Carta Magna uruguaya prohíbe la reelección presidencial inmediata y hay coincidencia en los partidos políticos en que es el mejor sistema para el país.
