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Amnistía empieza a liberar a cuestionadas figuras

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Tegucigalpa – Pese a que fueron acusados por delitos de corrupción pública, un Decreto de Amnistía amplia y plena aprobado bajo el paraguas de “presos políticos” en el Congreso Nacional que dirige Luis Redondo, les abre las puertas de prisión a prominentes personajes políticos.

– Rasel Tomé y Edgardo Casaña, contra quienes hay sentencias firmes y están inhabilitados para ejercer cualquier cargo público, también se estarían acogiendo a la figura de la Amnistía para seguir sus funciones en la Junta Directiva del actual Legislativo.

– No hay pacto de impunidad, “sino la búsqueda de la justicia”, dice Rasel Tomé.

Apenas pasó un mes desde que se aprobó en el parlamento hondureño la amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, y los resultados ya son más que elocuentes.

Casos de corrupción pública en sonados juicios que se entablaron a exfuncionarios ya comienzan a revertirse con este decreto que abrió las puertas de prisión a condenados por la justicia local.

La amnistía aprobada abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.

El decreto perdona delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.

La Amnistía para Presos Políticos se aprobó hace un mes en el Parlamento.

El decreto se aprobó con el apoyo de casi todas las bancadas a excepción de los nacionalistas y uno que otro liberal que no estaba de acuerdo con el catálogo de delitos que se amnistiaban desde ese poder del Estado.

Los proyectistas pusieron como anzuelo a los defensores ambientalistas de Guapinol para justificar el decreto, pero los siete procesados ya habían sido favorecidos por una resolución de un alto tribunal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es decir que no ocuparon el decreto para ser absueltos de los cargos que les imputaban.

Ciertos diputados que apoyaron la amnistía han expresado que la próxima semana estarían mocionando para reformar este polémico decreto con el objetivo de filtrar el catálogo de delitos que se incluyeron para la aprobación del mismo.

En las últimas horas fueron beneficiados bajo esta figura al menos 11 procesados de quemar una posta policial en el norte de Honduras, quienes se defendían en libertad, pero que para muchos a ellos sí les correspondía ampararse al decreto aprobado en el CN.

(LEER) 50 certificaciones se han emitido por Amnistía, según Cofadeh

Bertha oliva.

Asimismo, los impulsores del decreto justificaron que la amnistía “no era un cheque en blanco” y que para hacer uso del beneficio debía tener el aval del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quien mediante una nota oficial daría crédito a la condición de preso político.

La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, reveló que más de 50 certificaciones se han emitido tras la aprobación del decreto en el Congreso Nacional.

Explicó que no todos los beneficiados son privados de libertad, pero sí personas a las que se les ha vulnerado sus derechos humanos.

No obstante, se requiere de todo un proceso -dijo Oliva-, quien refirió que existen casos de solicitud de certificados que provienen desde el interior del país. Tras la certificación de beneficio la Secretaría de Derechos Humanos debe constatar y extender una constancia oficial.

Marcelo Chimirri

Ya con el decreto de amnistía vigente, un Juzgado de Ejecución celebró la audiencia de extinción de responsabilidad penal en la causa instruida al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, acusado por tres delitos en contra de la administración pública.

Chimirri había sido condenado por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude, cuando fungió en la estatal de 2006 a 2009. Era uno de los pocos exaltos funcionarios que guardaban prisión por delitos de corrupción pública.

Marcelo Chimirri Castro.

El exfuncionario del Poder Ciudadano deberá esperar que la carta de libertad llegue hasta las instalaciones militares donde se encuentra recluido en la periferia de la capital.

El ahora amnistiado fue condenado a ocho años y medio de prisión el 27 de noviembre de 2018 por los delitos de autoridad y fraude en el caso Latinode.

Asimismo, fue condenado el mismo año a nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

De conformidad con lo resuelto por la jueza se consideró pertinente decretar la extinción de la responsabilidad penal a favor del sentenciado, extender la carta de libertad definitiva y el archivo judicial de dichas causas, teniendo el plazo legal las partes para interponer el respectivo recurso de apelación. 

Enrique Flores Lanza

El pasado 25 de febrero, el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán determinó dejar sin valor y efecto la orden de captura contra el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, en aplicación a la amnistía aprobada por el Congreso Nacional.

Flores Lanza tenía una orden de captura desde el 5 de julio de 2009 por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.

Hace una semana se celebró la audiencia Ad-Hoc para extinguir la acción penal en contra del exfuncionario y dictar sobreseimiento definitivo.

Cabe recordar que Enrique Flores Lanza fue ministro de la Presidencia durante la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-Junio 2009).

El exfuncionario fue acusado de retirar 10 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) en efectivo, el cual distribuyó en efectivo a los funcionarios de la administración de Zelaya Rosales para que supervisaran la consulta de la llamada Cuarta Urna.

Flores Lanza se convirtió en el primer exfuncionario de alto nivel que se le extingue la acción penal por esta amnistía a favor de los presos políticos aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el diario La Gaceta.

Enrique Flores Lanza.

Cuatro causas más

El apoderado legal de Flores Lanza, Milton Jiménez Puerto, confirmó que su cliente está siendo investigado en cuatro procesos judiciales, y que se debe seguir el mismo procedimiento para recibir las respectivas cartas de libertad.

Manifestó que para conseguir la carta de libertad pidió que se aplicara el decreto de amnistía.

Comentó que durante la audiencia el Ministerio Público reconoció que era válida la aplicación de la amnistía a favor del exministro de la Presidencia.

“Lo que se determina en esta situación es la motivación, si la motivación es política eso es lo que se determina”, dijo Jiménez Puerto a periodistas.

Rodolfo Padilla Sunseri

El cuerpo legal del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, ha presentado ocho solicitudes para que sea beneficiado con la amnistía en igual número de casos, informó en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La CSJ confirmó que el abogado René Altamirano presentó solicitudes de sobreseimiento definitivo y extinción de acción penal en las salas II y III de los tribunales sampedranos.

“Son ocho los procesos que tiene el exalcalde Padilla Sunseri en los tribunales sampedranos, siendo de los exjefes de la comuna los que mayores procesos acumulados, superando por dos casos al exalcalde Oscar Kilgore”, dijo el portavoz de los tribunales sampedranos, Herbert Rivera.

Para este viernes 4 de marzo se tiene programada la primera audiencia a las 2:00 de la tarde, mientras que para el jueves 10 de marzo también tiene agendada la resolución de una audiencia de extinción de responsabilidad penal en los juzgados de ejecución penal.

Rodolfo Padilla Sunseri.

De igual manera, Rivera confirmó que el exedil tiene solicitudes en el Juzgado de Letras de lo Penal, Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Corte de Apelaciones de Cortés y la Sala de lo Penal de la CSJ.

Padilla Sunseri fue declarado culpable por la Sala III del Tribunal de Sentencia por un delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública en 2017.

De acuerdo a las investigaciones, el exedil prestó 400 mil lempiras del erario municipal a la exjefa de la recaudación tributaria de la alcaldía de SPS, Ada Muñoz.

Actualmente, Padilla Sunseri está prófugo de la justicia hondureña desde que se fugó de su arresto domiciliario en 2017.

(LEER) Flores Lanza y 200 perseguidos políticos retornarán al país, anuncia Pedro Amador

Los casos de Tomé y Casaña

Recientemente la justicia hondureña dejó en firme sendas sentencias condenatorias contra los actuales diputados de Libre, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, ambos con puestos prominentes en la junta directiva del Poder Legislativo.

Ante esa situación, recientemente el funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolver los casos de ambos parlamentarios.

Indicó que el poder Judicial debe de proceder en estricto cumplimiento la notificación al Congreso Nacional sobre la resolución en ambos casos.

Aguirre señaló que el ente electoral recibió de la CSJ la resolución del caso de ambos diputados y que según la misma tanto Casaña como Tomé quedan inhabilitados en sus cargos.

Rasel Tomé y Edgardo Casaña.

En ese sentido, reiteró que el Poder Judicial debe notificar al Congreso Nacional la sentencia dictada.

Igualmente, dijo que la Ley Orgánica del Congreso Nacional señala los casos de la inhabilitación en los diputados, por lo que ambos diputados tienen que ser inhabilitados por el tiempo que establece la sentencia.

Aguirre sostuvo que la Corte a través del Juzgado de Ejecución debe de notificar la inhabilitación de ambos congresistas.

Recordó que hay antecedentes como en el caso de María Luisa Borjas, que fue el Juzgado de Ejecución el que notificó al Congreso Nacional y ese poder del Estado procedió a inhabilitarla.

Sin embargo, el propio Rasel Tomé ha respondido no tener miedo a ser inhabilitado e incluso se atrevió a decir que ahora que está en el poder hay menos posibilidades de que eso suceda. PD

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