Tegucigalpa – El Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh), ente encargado de evaluar los casos que abarca el decreto denominado Amnistía para los Presos Políticos, Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009, no es un pacto de impunidad sino la finalización de la persecución política en Honduras.
El organismo defensor de los derechos humanos, indicó en un comunicado que este instrumento de protección surge como una propuesta de la sociedad civil ante la grave situación que se enfrentan las víctimas del golpe de parte de la dictadura y busca poner un alto inmediato a la acoso a actores políticos.
Después del golpe de Estado – añade el escrito del Cofadeh-, los organismos de investigación y judiciales, se convirtieron en instrumentos del régimen, iniciando una persecución contra todo ciudadano que se opuso al gobierno de facto y a la dictadura que se instaló durante los doce años siguientes.
Durante todo este tiempo, promovieron juicios contra el presidente derrocado –Manuel Zelaya-, y sus funcionarios, contra los ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta social, acciones de desobediencia civil y lucharon por la defensa de la democracia, todos ellos convertidos en presos políticos, de conciencia, perseguidos o exiliados.
Asimismo recordó que la misma comunidad internacional exigió en reiteradas ocasiones a Honduras poner fin a la persecución y liberar a los presos políticos. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda contra el Estado de Honduras por el Golpe de Estado y la persecución política.
En este contexto, la Comisión Especial de la OEA, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación Nacional, concluyeron que estos juicios son políticamente motivados y recomendaron ponerles término.
Es importante hacer del conocimiento de toda la sociedad, que la Ley de Amnistía otorga al Cofadeh la alta responsabilidad de ejercer el control desde la sociedad civil para calificar cuáles serán los casos en los que se aplicará la amnistía.
Solo una constancia emitida por el Cofadeh, que contenga una relación de hechos y una justificación amplia, clara y suficiente, de la condición de perseguido o preso político del encausado, será el documento que permitirá al operador de justicia aplicar el beneficio de la misma, concluye el comunicado del mecanismo de protección de derechos humanos. JP
