Tegucigalpa – Al menos 676 personas murieron en una decena de hechos violentos que incluye incendios -con nueve muertos para arriba- en los últimos 20 años en las cárceles de Honduras.
– La tragedia de 2012 que se saldó con 362 muertos en la cárcel de Comayagua sigue siendo una de las mayores en todo el mundo.
– Más de mil privados de libertad han muerto en sucesos violentos en los recintos carcelarios durante las últimas dos décadas.
Las historias trágicas comenzaron el 5 de abril de 2003 con 69 muertos en la cárcel El Porvenir, Atlántida, luego de un enfrentamiento entre reclusos y policías, seguido de la quema de las celdas. Se trató del primer escenario dantesco de grandes magnitudes en las ergástulas penitenciarias hondureñas.
Un año después -el 17 de mayo de 2004- en la extinta cárcel de San Pedro Sula, Cortés, la nueva tragedia se saldó con 107 fallecidos luego de un incendio originado en la celda 19. Por este suceso el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Pero la mayor tragedia carcelaria de Honduras, y una de las más cruentas del mundo, ocurrió el 14 de febrero de 2012. En la cárcel de Comayagua 362 personas fallecieron -360 reclusos y dos visitas- tras un incendio registrado a las 10:50 de la noche.
Los presidios a lo largo de la historia han sido escenarios de violencia y sucesos que retratan la ingobernabilidad del sistema penitenciario. Tanto las cárceles para hombres, mujeres y menores infractores han llevado luto a miles de familias hondureñas porque ahí se narran sucesos trágicos casi de forma cotidiana.
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La reciente matanza con 46 víctimas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se sumó a otra ocurrida en mayo de 2020 -hace tres años- cuando seis reclusas fueron degolladas y acuchilladas en un riña entre grupos criminales.
En la matanza del pasado martes, 23 reclusas murieron con heridas producidas por armas blancas y de fuego, y las otras 23 calcinadas, de acuerdo con la información de las autoridades de Honduras.
En mayo pasado en una visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató el “preocupante hacinamiento” en PNFAS, recalcó Liliana Caballero, Oficial de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), un ente vinculado al sistema interamericano de DDHH.
Además, de acuerdo a recuentos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al menos, 1,050 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente en los centros penitenciarios de Honduras, en el periodo 2003-2023.
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¿Cárceles de máxima seguridad?
Para contener la estela de muertes en estos espacios de confinamiento, en septiembre de 2016 se anunció con bombos y platillos el “nuevo” concepto de cárceles de máxima seguridad con la inauguración de El Pozo (Ilama) y luego en mayo de 2017 con la puesta en marcha de La Tolva (Morocelí).
Desde un inicio se aseguró que los reinados que los hampones habían construido en cárceles comunes, serían historia con la puesta en marcha de estas nuevas prisiones.
Sólo fue necesario que pasarán un par de años para que estos recintos de máxima seguridad reportaran masacre, fugas, reyertas, motines y trasiego de dinero, drogas y armas. Hasta grandes fiestas, grabadas en videos públicos y difundidos en redes sociales, ocurren en estas cárceles gobernadas por poderosas estructuras criminales.
Los grupos criminales recurrentemente provocan enfrentamientos armados como muestra del control que mantienen en las cárceles hondureñas.
El pasado 8 de abril, balaceras simultáneas en las principales cárceles del país dispararon las alarmas. Esto provocó que la presidenta Xiomara Castro declarara emergencia penitenciaria y nombrara a la doctora Julissa Villanueva como encargada de una intervención al sistema.
La intervención que encaró Villanueva nunca tuvo acciones encaminadas a lograr la gobernabilidad de los presidios. Durante los 70 días que estuvo en el cargo se produjeron una decena de hechos violentos -balaceras y muertes- que finalmente culminaron con su salida y el retorno como viceministra de Seguridad.
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Conadeh se opone a militarización de cárceles
El Conadeh sugirió a las autoridades hondureñas una serie de recomendaciones y estándares internacionales para hacerle frente a esta problemática que dejó alrededor de medio centenar de personas muertas en la PNFAS.
Una de las recomendaciones está encaminada a que se realicen acciones tendientes a recuperar la completa autoridad en la administración de la gestión penitenciaria.
Además, que se abstengan de implementar procesos de militarización como respuesta a los acontecimientos de violencia acaecidos en los centros de reclusión, particularmente aquellos en donde se encuentran mujeres.
Para hacer caso omiso a la recomendación del Conadeh, el gobierno hondureño ordenó que el control del sistema penitenciario pase a las fuerzas militares a partir del 1 de julio del presente año. Además, se instruyó al instituto castrense a habilitar una cárcel en la Isla del Cisne, Caribe de Honduras, para trasladar a los reos considerados de alta peligrosidad. PD
