Según el informe “Muerte de mujeres por violencia intencional 2008” del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 312 mujeres murieron de forma violenta entre enero y diciembre de 2008 en este país centroamericano.
Se registraron, dice el estudio, 26 muertes violentas de mujeres al mes, para un promedio diario aproximado de una víctima.
67 por ciento de los homicidios ocurrieron en los departamentos de Cortes (norte), Atlántida (Caribe) y Francisco Morazán (centro).
El 29,8 por ciento de los casos ocurrieron los fines de semana; el 68,6 por ciento de las muertes fue con armas de fuego, y 78 casos tuvieron como modalidad el sicariato.
Un informe de las mismas instituciones publicado el 20 de febrero anterior, reveló que el sicariato fue la principal causa de muertes violentas en Honduras durante el año 2008.
Del total de víctimas, 53 eran menores de edad y 102 jóvenes entre 20 y 30 años.
Los casos son conocidos como feticidios, nombre con que se define a los “crímenes de odio contra las mujeres” o sea muerte de mujeres por razones asociadas a su género, haciendo visible la forma más extrema de odio y violencia de género, ejercida por los hombres en su deseo de obtener poder, dominación o control.
Según el estudio, San Pedro Sula, con 62 casos, el Distrito Central con 54, y Choloma y La Ceiba, con 23 cada uno, son los municipios en los que más casos se han registrado.
Indica que 233 casos se registraron en la zona urbana y 79 en el área rural, así como que febrero, marzo, junio, septiembre y diciembre fueron los meses más violentos del año.
La mayoría de los casos se reportaron entre las 21 y 23 horas.
El estudio establece además que en el 56,1 por ciento de los casos se desconoce el agresor y que en un 12,5 por ciento el agresor es la pareja o ex pareja de la víctima.
El mismo documento establece que se hace urgente revisar la institucionalidad que protege y garantiza el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y que el Estado es el principal responsable de garantizarlos, y las instituciones y funcionarios y funcionarias responsables deben tener las fortalezas institucionales para garantizar estos derechos.
Asimismo que se requiere hacer estudios del historial de violencia de mujeres que mueren por violencia doméstica e intrafamiliar, así como conocer el desempeño de las instituciones responsable de dar protección a las víctimas.
Señalan que avanzar en el reconocimiento y la garantía de derechos de las mujeres requiere de significativos cambios en materia educativa, de visiones y de roles de mujeres y hombres, tanto en los contextos familiares como en los contextos sociales.
