México – La organización Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al gobernador de Texas, Rick Perry, «suspender inmediatamente» la ejecución del reo mexicano Ramiro Hernández, quien sufre «discapacidad mental» y su derecho al debido proceso fue violado.
En un comunicado, la agrupación defensora de derechos humanos indicó que las autoridades de Texas (EEUU) sentenciaron a muerte a Hernández «con base en estereotipos raciales y las opiniones de ‘testigos expertos’ que han sido desacreditados».
Si no se toman acciones inmediatas, Hernández puede ser ejecutado la tarde de miércoles, después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas denegara el lunes el indulto al reo.
«Ahora la única esperanza para prevenir esta atrocidad es un indulto del gobernador Perry», quien «no tiene ninguna justificación para negarse a ejercer esta facultad», apuntó Amnistía.
La organización destacó que exámenes practicados la década pasada a Hernández, condenado a muerte en 2000 por el asesinato de un hombre para el que trabajaba y por violar a su esposa, muestran que tiene un coeficiente intelectual de 50 a 60, cuando la media es de 100.
«Sufre de déficit adaptativo severo en un rango de áreas incluyendo lingüística, académica, conceptual, social, de trabajo y doméstica», añadió.
Rob Freer, investigador de AI para EEUU, señaló que pese a su discapacidad mental, el reo «se enfrenta a la muerte debido a un proceso basado en testimonios de mala calidad».
Recordó que durante el juicio la fiscalía utilizó el testimonio del doctor James Grigson, un «psiquiatra desacreditado» que no había examinado al reo, para refutar las opiniones de los expertos en salud mental presentadas por la defensa.
La sentencia se basó en las «infundadas afirmaciones» de Grigson, expulsado después de la Asociación Americana de Psiquiatría, de que Hernández era un sociópata que suponía un peligro para otros reclusos, indicó Freer.
Sin conocer al reo ni hablar español, otro psiquiatra, Richard Coons, refutó en una audiencia en 2008 que Hernández tuviera «retraso mental», lo que haría ilegal su ejecución por una ley de 2002, con el argumento de que su conducta criminal era apropiada para el «grupo cultural al que pertenecía».
Freer consideró «aberrante» dicho testimonio, tras destacar que todas las personas «tienen el derecho a un proceso judicial libre de discriminación racial o de cualquier otro tipo».
«Ignorar esto y proseguir con la ejecución supondría transformar un proceso injusto en una atrocidad permanente», agregó.
AI recordó que la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de desarrollo pidió a la Suprema Corte que interviniera, pero esta se negó.
Si no se toman acciones inmediatas, Hernández puede ser ejecutado la tarde de miércoles, después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas denegara el lunes el indulto al reo.
«Ahora la única esperanza para prevenir esta atrocidad es un indulto del gobernador Perry», quien «no tiene ninguna justificación para negarse a ejercer esta facultad», apuntó Amnistía.
La organización destacó que exámenes practicados la década pasada a Hernández, condenado a muerte en 2000 por el asesinato de un hombre para el que trabajaba y por violar a su esposa, muestran que tiene un coeficiente intelectual de 50 a 60, cuando la media es de 100.
«Sufre de déficit adaptativo severo en un rango de áreas incluyendo lingüística, académica, conceptual, social, de trabajo y doméstica», añadió.
Rob Freer, investigador de AI para EEUU, señaló que pese a su discapacidad mental, el reo «se enfrenta a la muerte debido a un proceso basado en testimonios de mala calidad».
Recordó que durante el juicio la fiscalía utilizó el testimonio del doctor James Grigson, un «psiquiatra desacreditado» que no había examinado al reo, para refutar las opiniones de los expertos en salud mental presentadas por la defensa.
La sentencia se basó en las «infundadas afirmaciones» de Grigson, expulsado después de la Asociación Americana de Psiquiatría, de que Hernández era un sociópata que suponía un peligro para otros reclusos, indicó Freer.
Sin conocer al reo ni hablar español, otro psiquiatra, Richard Coons, refutó en una audiencia en 2008 que Hernández tuviera «retraso mental», lo que haría ilegal su ejecución por una ley de 2002, con el argumento de que su conducta criminal era apropiada para el «grupo cultural al que pertenecía».
Freer consideró «aberrante» dicho testimonio, tras destacar que todas las personas «tienen el derecho a un proceso judicial libre de discriminación racial o de cualquier otro tipo».
«Ignorar esto y proseguir con la ejecución supondría transformar un proceso injusto en una atrocidad permanente», agregó.
AI recordó que la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de desarrollo pidió a la Suprema Corte que interviniera, pero esta se negó.
