Tegucigalpa/Guatemala/San Salvador – El organismo anticorrupción y antiimpunidad de la ONU en Guatemala, conocida como CICIG, concluyó su mandato y cerró operaciones el martes, mientras El Salvador pedía ese mismo día a las Naciones Unidas ayuda para establecer la CICIES, un clon del primero en suelo salvadoreño.
Mientras en Honduras todavía se desconoce el futuro de la MACCIH, una institución similar a la CICIG, pero bajo el paraguas de la OEA, cuyo mandato concluye en enero próximo.
El Triángulo del Norte centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, mantiene concentrado la atención internacional en estos experimentos de cesión soberana en materia judicial a entes externos, aunque no toda su sociedad está de acuerdo con los mismos.
#EncuestaPD????¿Se renovará el Convenio entre el gobierno de Honduras y la OEA para que continúe la MACCIH en este país centroamericano?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 4 de septiembre de 2019
Además del narcotráfico, las pandillas o maras y las caravanas de migrantes, los tres países son denostados por los amplísimos niveles de corrupción e impunidad, ya que los cuerpos judiciales propios no son suficientemente capaces para enfrentar estos retos.
Despiden a la CICIG
Despiden a la CICIGGuatemala se despidió este martes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo creado por las Naciones Unidas a petición del gobierno del entonces presidente Oscar Berger, para hacer frente a poderosos grupos políticos y algunos al margen de la ley que operaban libremente, sin que los controles judiciales del Estado pudieran enfrentarlos.
La CICIG comenzó operaciones en agosto del 2007, luego que el gobierno de Berger y la ONU firmaron un acuerdo el 2006 para dar inicio a este novedoso experimento, siendo el español Carlos Castresana su primer comisionado general.
Presentó 70 casos, la mayoría emblemáticos, pero muchos fueron cuestionados, mientras otros deben ser continuados por el Ministerio Público. Algunos criticaron que la comisión no trasladó las habilidades y competencias a los fiscales para continuar su trabajo.
Aunque comenzó con algunos casos que afectaban a poderosas estructuras criminales, la CICIG tuvo su primer gran impacto el 2009 cuando en apoyo a la Fiscalía General se unió a la investigación que demostró la malversación de 15 millones de dólares de parte del expresidente Alfonso Portillo, por el cual fue extraditado a Estados Unidos, que lo pidió para que enfrentará cargos criminales por uso de su sistema financiero.
Portillo estuvo varios años presos y luego fue deportado a Guatemala, donde también encaró un juicio político.
Pero fue el 2015 cuando la CICIG logró el golpe mediático nacional e internacional al desarticular una red de defraudación aduanera, la cual estaba liderada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Ambos se vieron obligados a renunciar y después fueron procesados por el llamado “Caso La Línea”. Actualmente se encuentran en prisión por dicho caso, así como otros que les imputaron después.
Pero la CICIG, al mando del colombiano Iván Velásquez, presionó el acelerador e investigó y pidió el desafuero al actual mandatario Jimmy Morales, así como proceso al hermano y al hijo del mandatario, lo que provocó que el titular del Poder Ejecutivo lanzara una campaña para expulsar al organismo antiimpunidad y luego lo hizo con el comisionado Velásquez.
Eso fue el principio del fin de la CICIG, ya que finalmente el presidente Morales aunque no pudo expulsar al ente, no renovó su mandato y con ello lo puso fuera de las fronteras del país.
Y es que además de Morales, la CICIG también encarceló al expresidente Álvaro Colom por un caso de supuesta corrupción en el manejo del pago al transporte e intentó enjuiciar al también exmandatario Álvaro Arzú por uso de fondos en las campañas municipales.
Y en medio de su accionar enjuició y encarceló al presidente electo Alejandro Giamattei, por el denominado “Caso Pavón”, una red que administraba el sistema penitenciario y que supuestamente urdió la muerte de varios reclusos.
El ente también acusó a poderosos empresarios por presuntos contratos gubernamentales y otros cargos, en casos que consideraban excedían sus funciones, creando una alianza en su contra que unió a gremios, políticos y otros sectores que terminaron imponiéndose.
El presidente Morales celebró este martes el fin de la CICIG y dijo que violó los derechos humanos de los acusados, recordando que muchos murieron mientras esperaban juicios.
Bukele pide la CICIES
Bukele pide la CICIESMientras Guatemala despedía la CICIG, en el vecino El Salvador le daban la bienvenida a la CICIES, una de las promesas de campaña del actual mandatario Nayib Bukele.
Bukele había anunciado la CICIES en menos de 100 días en uno de sus clásicos tuits.
Este martes el gobierno salvadoreño le pidió a las Naciones Unidas apoyo para establecer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un organismo clon del guatemalteco.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, indicó que el organismo mundial estudiará “a fondo” dicha solicitud.
Pero la administración Bukele también ha pedido ayuda a la Organización de Estados Americanos (OEA), para lo cual se reunieron recientemente el vicepresidente Félix Ulloa y el secretario del organismo continental, Luis Almagro, también para que les ayude a crear el organismo anticorrupción.
Pero la medida ha sido rechazada por el sector empresarial salvadoreño, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Norman Quijano, puso algunas dudas indicando que puede ser un instrumento para perseguir a sus opositores.
Indicó lo anterior, señalando que es lo que ha ocurrido en Guatemala y Honduras.
También hay dudas como operará el organismo, ya que a falta de explicaciones gubernamentales, se ha filtrado que puede operar bajo el control del Poder Ejecutivo, o sea el presidente Bukele.
Quijano criticó que Bukele no ha dado detalles sobre la forma en que se creará el ente, sus funciones y si gozará de autonomía.
De acuerdo con el legislador, si la CICIES es “una instancia dependiente del órgano Ejecutivo, nace muerta, con cero credibilidad”.
¿Y la MACCIH?
¿Y la MACCIH?Mientras en Honduras, se mantiene el debate sobre el futuro de la Misión que apoya al Ministerio Público en los casos contra la corrupción.
Aunque desde sectores gubernamentales y todo el arco político se habla de extender el mandato de cuatro años de la MACCIH, todavía no se debate abiertamente si a la Misión se le dará un segundo mandato, a pesar de la petición de la sociedad civil.
Hasta el momento solo existe un acuerdo entre el gobierno y la OEA para evaluar el trabajo de la Misión y determinar su futuro.
La MACCIH ha apoyado al Ministerio Público y a su unidad UFECIC durante la presentación de 13 casos contra la corrupción, algunos de los cuales ya lograron condenas como el de la Caja chica de la dama.
En Honduras, el Ministerio Público y la sociedad civil han instado a renovar un segundo mandato para la MACCIH, en tanto en el Congreso Nacional eluden las respuestas y dicen que el convenio para la creación de la Misión corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que de la Corte Suprema de Justicia ha remarcado la temporalidad de la Misión y la necesidad que la institucionalidad jurídica pueda caminar sola.
