Tegucigalpa- El reciente informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el caso conocido como el “Cheque-video de Sedesol” dejó claro que existen indicios de responsabilidad penal por el presunto desvío de fondos públicos hacia la campaña electoral del partido Libertad y Refundación (Libre).
-La pregunta que ahora se plantea la sociedad hondureña es inevitable: ¿actuará finalmente el Ministerio Público (MP) o seguirá postergando la justicia?
-Para analistas, el alcance del caso compromete seriamente la credibilidad de todo el sistema político.
Días atrás, el fiscal general Johel Antonio Zelaya, admitió haber recibido el expediente del TSC, pero críticos cuestionan que la Fiscalía no debió esperar este informe para abrir una investigación.
“El MP ha quedado a deber al pueblo hondureño. Debió actuar de oficio desde el primer momento y no escudarse en un dictamen que solo confirma lo que ya era evidente”, declaró el abogado Rafael Erazo, al recordar que los hechos involucraban directamente a la diputada Isis Cuéllar y al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, quienes aparecen en un video discutiendo el manejo de fondos que supuestamente fueron desviados en Copán para fines políticos.
La titular de Sedesol, Mirtha Gutiérrez, reveló este miércoles que entre 2023 y 2024 más de 200 millones de lempiras fueron gestionados por al menos 50 diputados de distintas bancadas —Libre, Partido Nacional, Partido Liberal, PSH y Democracia Cristiana—, cuyos casos ya fueron remitidos al TSC y al MP.
Ya no hay excusas
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El analista Héctor Pérez denunció que la impunidad alimenta la corrupción, advirtiendo que si el MP no procede con imparcialidad “la población confirmará que la Fiscalía sigue siendo un instrumento político y no una institución de justicia”.
En la misma línea, el abogado Kenneth Madrid recordó que el Ministerio Público no está obligado a esperar informes del TSC, salvo en casos de enriquecimiento ilícito, por lo que considera que la publicación de la Fiscalía reconociendo la recepción del informe “es una excusa que evidencia inacción”.
Por su parte, el abogado Saúl Bueso de C-Libre advirtió que ahora que el MP tiene en sus manos un informe categórico del TSC, ya no existen excusas para no actuar: “Si no vemos resultados en los próximos días, quedará claro que el Ministerio Público no está cumpliendo con su mandato legal”.
Que no siga imperando la impunidad
Mientras tanto, la indignación ciudadana crece. El caso del “Checazo” expone cómo fondos destinados a programas sociales —desde merienda escolar hasta obras comunitarias— terminaron, presuntamente, en cuentas particulares y campañas políticas.
El silencio o la inacción de la Fiscalía, dicen analistas, puede sellar un nuevo capítulo de impunidad en un país donde la corrupción ya ha carcomido los cimientos de la institucionalidad.LB
