Tegucigalpa – Más de 16 mil profesionales del derecho se debaten entre la vulnerabilidad y el miedo en Honduras, debido a la embestida del crimen que regularmente cobra sus vidas.
El asesinato de dos fiscales hace apenas seis días, disparó las alarmas de ese gremio que por estos días es protagonista de escenarios marcados por la lucha a la delincuencia común y organizada.
Versiones van, versiones vienen, lo cierto es que en los últimos cinco años 83 abogados han sido asesinados en Honduras, una cifra que convierte a este gremio en el principal “cliente” de sicarios y organizaciones criminales que por años han operado a sus anchas.
El propio presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José Luis Valladares, ha reconocido que “existe miedo, temor e incertidumbre, es una historia de horror y de terror que estamos pasando los que integramos el gremio”.
Hasta ahora, el CAH recomendó a sus agremiados ejercer la profesión con dignidad, ser más cautelosos, verificar que casos se pueden llevar que no impliquen riesgos y dejar de asistir a determinados lugares que puedan ser riesgosos para la seguridad y la vida.
El asesinato de la ex coordinadora de fiscales y actual titular de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Marlene Banegas, así como su par del Medio Ambiente, Olga Patricia Eufragio, han provocado versiones encontrados entre los operadores de justicia.
Ambas funcionarias de la Fiscalía hondureña viajaban en un solo vehículo, no tenían seguridad y salían de laborar de sus oficinas ubicadas en San Pedro Sula cuando fueron acribilladas por cuatro sujetos que les daban persecución.
Muchos han sido los señalamientos: retiro de seguridad personal, abandono, falta de recursos para protegerlas y otros detalles que, se presume, pudieron evitar sus muertes.
Una litigante privada consultada por Proceso Digital dijo que el clima de inseguridad ha copado los niveles de tolerancia. “En mi caso estoy pensando la opción de dedicarme a mi negocio personal porque eso de trabajar en los juzgados nos expone fácilmente”.
La abogada que visita constantemente los juzgados capitalinos, relató que no es fácil litigar en cuestiones penales en estos momentos por el ambiente de zozobra que se respira entre los que acuden a los tribunales de justicia.
“Estamos en medio del fuego cruzado y honestamente valoro la oportunidad incluso de abandonar mi trabajo como litigante privado”, expresó reticente a continuar conversando.
En tanto, un fiscal del Ministerio Público que prefirió el anonimato, señaló que viven momentos de “angustia y pánico” porque no saben si serán la próxima víctima.
“Nos ha tocado despedir de este mundo a muchos compañeros agremiados, las condiciones en que trabajamos son precarias, pero es lo que escogimos y debemos trabajar con valentía pese a las limitaciones”, expresó.
Puntualizó que “me ha tocado enfrentar a peligrosos criminales en los juicios y luego salimos bajo nuestro propio riesgo, así es esto y de una u otra manera ya lo vemos como parte del sacrificio de nuestro trabajo”.
Ataque frontal y garantizar
seguridad de operadores
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, demandó acciones concretas para proteger a los profesionales del derecho que imparten justicia. Para ello propone la creación de un organismo que desde lo interno del Poder Judicial atienda las denuncias y casos relacionados con el accionar de los abogados, ya sean fiscales, jueces, procuradores y litigantes.
Recomendó procesar las denuncias existentes de los operadores de justicia, relacionadas a amenazas en su contra por casos que conocen.
“Exigimos un mecanismo de seguridad interno de tal forma que el juez que se sienta amenazado se aboque al frente de protección que proponemos, y de esa forma se le dé seguimiento a la misma”, aseveró.
Apuntó que el clima de inseguridad que atraviesan los jueces y otros operadores de justicia, es como una plaga que se extiende a todo el país.
Díaz es del criterio que el sector justicia es uno de los más importantes de una sociedad, por lo que si éstos son vulnerables se demuestra el alto grado de descomposición social existente que debe ser atacada frontalmente utilizando todos los medios del Estado.
Seguridad para operadores que manejan
expedientes de trascendencia social
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, capítulo de San Pedro Sula, Moisés Canales, reflexionó que para combatir el flagelo de muertes que azotan a su gremio será fundamental construir una patria incluyente con oportunidades para todos.
Reveló que este martes se reunieron con el presidente Juan Orlando Hernández, quien manifestó que ordenó de manera inmediata garantizar la seguridad de los operadores de justicia que tienen en sus manos expedientes de trascendencia social.
“Recibimos con optimismo esta respuesta del presidente porque lo hizo de manera personal, pero igualmente le pedimos condiciones de seguridad para los litigantes privados”, reclamó.
Asimismo, en otra parte de su intervención, el representante gremial de los profesionales del derecho en la zona norte del país, urgió la aprobación de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
“No queremos que esta ley quede en el papel y la tinta, también pedimos que se aseguren los fondos que garanticen este escudo de protección”, suplicó al tiempo que añadió que “una sociedad que no se sustenta al respeto a la justicia y los derechos humanos, podemos convertirla en un espacio invivible para las generaciones futuras”.
Canales criticó el papel del propio Colegio de Abogados, de quien dijo “no ha estado a la altura de las circunstancias”, es decir de la ola de muertes violentas de sus agremiados.
“Tenemos que reconocer los grandes desfases que hemos tenido como gremios al tener autoridades que únicamente han pretendido ver que lucros obtienen del Colegio de Abogados. Si procuramos llevar una voz de sustento a la democracia y la justicia, no podemos permitir tener a lo interno de nuestro colegio, actos de impunidad y que no se castiguen”, finalizó.
